Condenado el exalcalde socialista de Los Palacios Antonio Maestre por el concurso de Idelpa

Actualizado 15/05/2018 17:43:04 CET

La sentencia señala el "aumento injustificado de la plantilla" en la primavera de 2011, año de elecciones municipales

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla ha declarado al exalcalde de Los Palacios y Villafranca Antonio Maestre (PSOE) y a otros miembros de su antiguo gobierno municipal "culpables" del concurso de acreedores promovido en 2012 sobre la ya extinta sociedad Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios (Idelpa), participada mayoritariamente por el Ayuntamiento palaciego, inhabilitando al exprimer edil durante cinco años para administrar bienes ajenos y condenándole junto con otros miembros del consejo de administración de la empresa a pagar el "déficit concursal" de 80.000 euros causado con su gestión.

En su sentencia, emitida el pasado 9 de mayo y recogida por Europa Press, la citada instancia judicial analiza el devenir de Idelpa, una sociedad municipal constituida en 1993 por el Ayuntamiento de Los Palacios, gobernado hasta 2011 por el PSOE y actualmente por IP-IU, y la sociedad provincial de turismo y desarrollo económico Prodetur, perteneciente a la Diputación de Sevilla.

Después de que las elecciones municipales de 2011 se saldasen con el desembarco de IP-IU en la Alcaldía palaciega en relevo del PSOE, en febrero de 2012 los entonces nuevos gobernantes del Ayuntamiento de Los Palacios atisbaban "una previsible situación de insolvencia" en Idelpa. En consecuencia, en febrero de 2012 los nuevos administradores de la empresa solicitaron el concurso de acreedores, siendo declarado el mismo el 17 de febrero de aquel año.

Media en el asunto, por cierto, una auditoría elaborada por Iberaudit Auditores respecto a la situación económica, contable y patrimonial de esta sociedad municipal. El informe, fechado en noviembre de 2012 y recogido por Europa Press, refleja que la empresa empezó a dejar de pagar sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social allá por 2008 y en 2009 incurría ya en un "sobreseimiento generalizado de pagos" a estas dos instituciones, toda vez que los impagos a "proveedores y acreedores" se remontan a 2008. En agosto de 2011, en cualquier caso, el "saldo acreedor" se elevaba a 4.421.504 euros.

Y es que en sus últimos ejercicios, la empresa sufrió un "deterioro continuo e incremental" que derivó en una situación de clara "insolvencia y quiebra de la sociedad, no pudiendo garantizar con su actividad el pago de sus obligaciones ni su supervivencia".

En ese sentido, el juicio celebrado durante los últimos meses por el Juzgado de lo Mercantil número dos respecto a la deriva de la empresa municipal y este concurso de acreedores se dirige contra quienes en su momento formaron parte del consejo de administración de Idelpa, es decir el exalcalde socialista Antonio Maestre, los exconcejales socialistas Rosario Gavira y Miguel Troncoso, Enrique G.M., José D.U. y Prodetur.

"SITUACIÓN AGRAVADA DE INSOLVENCIA"

Así, y groso modo, el juzgado declara culpable el concurso de acreedores promovido en Idelpa, porque los gestores de la misma "permitieron que durante mayo y junio de 2011 se agravara la situación de insolvencia de la sociedad en aproximadamente 80.000 euros, equivalente al incremento del gasto laboral derivado del aumento injustificado de la plantilla e trabajadores; porque incumplieron sus deberes tanto de solicitar la declaración de concurso como de formular las cuentas anuales del ejercicio 2010 y por la comisión de irregularidades contables relevantes".

Y es que Idelpa "se encontraba en situación de insolvencia al menos desde finales del ejercicio 2010", resultando "apreciable la relevancia de las irregularidades contables, puesto que el importe acumulado del pasivo no reflejado en la contabilidad supera los dos millones y medio de euros, cantidad de notoria importancia que distorsiona la imagen ofrecida de la sociedad".

En paralelo, la sentencia del juzgado razona que "la laxitud a la hora de proceder a reclamar los créditos generados a favor de Idelpa como consecuencia de considerarse preferible no desahuciar a las personas que se encontraban en una situación de necesidad, resulta justificable desde un punto de vista social y político, pero no debe obviarse que la concursada se configura como una persona jurídica con ánimo de lucro, de modo que los intereses sociales y políticos debían ser tutelados por los organismos correspondientes, asumiendo en su caso el coste económico de la ausencia de reclamación de los créditos en cuestión". "Las consecuencias económicas de desarrollar esa labor social no debían ser asumidas por Idelpa", señala el juzgado.

ABSUELTA PRODETUR

El Juzgado de lo Mercantil número dos atribuye la culpabilidad del concurso al exalcalde socialista Antonio Maestre, los exconcejales socialistas Rosario Gavira y Miguel Troncoso, Enrique G.M. y José D.U., pero no a Prodetur al apartarse en 2010 de la administración de la empresa.

En consecuencia, el Juzgado condena a las citadas personas físicas a varios años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, cinco en el caso de Antonio Maestre, Rosario Gavira y Miguel Troncoso, condenado a todos ellos a "pagar solidariamente a la masa del concurso la cantidad de 80.000 euros en concepto de déficit concursal".

A tal efecto, recordemos que con relación a la gestión de Idelpa Miguel Troncoso y Rosario Gavira fueron condenados el pasado mes de marzo a un año y medio de cárcel y tres años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por un delito de malversación de caudales públicos, siendo además el primero de ellos condenado a otros tres meses de prisión y una multa de 540 euros por un delito de falsedad en documento público.

Además, recordemos que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Lebrija ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Antonio Maestre, actualmente asesor en la Diputación provincial, y otros cuatro cargos de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por presuntos delitos de fraude de subvenciones y de prevaricación con relación al destino de una subvención autonómica.