C's avisa de un "atentado contra el empleo" en Alcalá y propone buscar el "equilibrio" con la cementera

Actualizado 06/10/2015 17:39:58 CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ante el pleno extraordinario que celebrará el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para fijar una "distancia mínima" de dos kilómetros entre las actividades industriales que "utilicen residuos como combustible alternativo" y las "zonas de suelo urbano o urbanizable", las concejales de Ciudadanos avisan de un "atentado contra el empleo" y proponen buscar un "equilibrio" entre las garantías de salud pública y la actividad de la planta cementera del municipio.

Según la portavoz municipal de C's, Ester Ruiz, "se pretende aprobar un acuerdo hecho a medida contra la cementera de Portland Valderrivas, que atenta contra el empleo que sustenta al menos a 500 familias". Ciudadanos, por eso, va a proponer al resto de grupos políticos la creación de "una mesa de control compuesta por todos los agentes afectados (empresa, trabajadores, plataformas civiles, grupos políticos, representantes vecinales y empresariales) con el objetivo de revisar periódicamente el cumplimiento de los niveles permitidos a Portland Valderrivas en materia de emisiones".

Desde la formación naranja entienden necesario requerir a dicha cementera que contrate los servicios de una empresa ajena para que emita un informe cada dos meses en el que precise los controles de emisión de la fábrica instalada en Alcalá de Guadaíra, detalle que deberá presentarse y explicarse con dicha "periodicidad" a la mesa de control.

Para C's esta propuesta pone el "equilibrio entre la salud pública de los alcalareños, el empleo de cientos de trabajadores que dependen directa e indirectamente de esta planta, así como la seguridad jurídica que se le debe garantizar a toda empresa que intenta consolidar o emprender en este municipio". "Quien debe autorizar la utilización de nuevos combustibles es la Consejería de Medioambiente, que lo hizo hace un año con el conocimiento de esta Corporación, solo necesitan la licencia de obra que debemos aprobar a la mayor brevedad", explica Ester Ruiz. "Entendemos que se ha abierto un frente político sin valorar los daños que acarrean a los vecinos de nuestro municipio, entre ellos los cientos de familias que viven de la cementera e incluso el efecto demoledor frente a potenciales inversores".

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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