C's propone crear una comisión de investigación sobre el colegio mayor Maese Rodrigo

 
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Aljarafe

C's propone crear una comisión de investigación sobre el colegio mayor Maese Rodrigo

Publicado 18/11/2016 17:37:18CET

La quiebra del recinto no implica "responsabilidades civiles o penales, pero sí políticas", opina el portavoz local de C's

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Antonio Vasco, ha manifestado que su grupo propondrá la creación de una "comisión de investigación" en torno a la gestión del colegio mayor Maese Rodrigo, creado en 1994 por la Universidad Hispalense y el Consistorio en el antiguo complejo hotelero Apartamentos Mairena de la exposición universal celebrada en Sevilla en 1992, y declarado en "concurso voluntario de acreedores" desde comienzos de 2015.

En declaraciones a Europa Press, Antonio Vasco ha expuesto que Ciudadanos ya ha visibilizado tal idea en el último pleno del Ayuntamiento, en cuyo orden del día figuraba, precisamente, una resolución de este año, destinada a ejecutar un "auto dictado por el Juzgado de lo Social número seis, de readmisión de trabajadores del colegio mayor Maese Rodrigo".

Y es que después de que en febrero de 2015 el Juzgado de lo Mercantil número dos declarase en concurso voluntario de acreedores al colegio mayor Maese Rodrigo, de cuya fundación pública sin ánimo de lucro participan la Universidad de Sevilla y el Consistorio de Mairena, el Juzgado de lo Social número seis, a finales de aquel año, declaró nulos los cuatro despidos acometidos en la plantilla del colegio en septiembre de 2014, durante el mandato del popular Ricardo Tarno como alcalde.

Según la sentencia, esos cuatro despidos formaban parte de un despido colectivo que incluía a otros tres trabajadores que fueron despedidos más tarde y aunque "la decisión de extinguir varios contratos se tomó simultáneamente, su ejecución se espació en el tiempo para evitar los trámites de los despidos colectivos".

"CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES"

De cualquier modo, fue la propia dirección del centro la que había solicitado a finales de 2014 la declaración del "concurso voluntario de acreedores", después de que en junio de aquel año, la junta de gobierno aprobase suspender la admisión de colegiales para el curso académico 2014/2015, admitiendo "como necesaria consecuencia el cese de la actividad".

Y es que según la información aportada en aquella etapa, el centro contabilizó 239 alumnos residentes en el curso 2011/2012, pero sólo 127 en el curso 2012/2013, toda vez que a fecha de julio de 2014, las cuentas de la institución arrojaban ya un déficit de 325.613,00 euros, cantidad a la que habría de añadirse otras deudas devengadas posteriormente por deudas de proveedores no abonadas, retribuciones salariales y seguros sociales.

A la hora de solicitar el concurso voluntario de acreedores, en ese sentido, el centro alegaba una "situación de insolvencia" al contar con un activo inventariado de bienes y derechos por importe de 194.511 euros, pero deudas por valor de 581.934 euros, careciendo ya de su "única" fuente de ingresos dada la mencionada suspensión de admisión de colegiales.

"RESPONSABILIDADES"

Antonio Vasco, al respecto, expone que este caso no implica "responsabilidades civiles o penales, pero sí políticas", en referencia al tratamiento que el recinto ha contado a manos de los gobiernos municipales socialistas de Antonio Martínez Flores y Antonio Conde, y el gobierno del popular Ricardo Tarno.

A su juicio, el PSOE habría fallado al no llegar a "dar forma" a la fundación sin ánimo de lucro constituida con la Universidad en torno al recinto, pues "ni siquiera llegaron a inscribirla", desaprovechando además los ingresos procedentes de una "operación de venta" de suelos adscritos al colegio mayor, cuando era necesario amortizar la "hipoteca de 12 millones de euros" suscrita años antes para la compra inicial de los terrenos que ocupa el recinto. "La venta de esos suelos para una promoción de viviendas protegidas y otras tres de viviendas privadas no fue para liquidar la hipoteca", se ha quejado.

Respecto a la etapa del Gobierno del PP, Antonio Vasco ha lamentado que los populares promoviesen "un despido colectivo encubierto", señalando los fallos judiciales que censuran tal extremo, entre otros aspectos.

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