Defensor abre queja de oficio sobre la "viabilidad" de abrir comedores escolares en verano para alumnos desfavorecidos

José Chamizo.
EUROPA PRESS
Actualizado 12/05/2013 13:04:57 CET

SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz --también Defensor del Menor-- ha iniciado una queja de oficio solicitando información a la Consejería de Educación, a la Consejería de Salud y Bienestar Social y a la Federación de Municipios y Provincia para que informen sobre la "viabilidad" de ampliar el servicio de comedor en periodo no lectivo para el alumnado en situación de pobreza y las medidas a adoptar para su puesta en funcionamiento. Esta propuesta ha sido ya anunciada por José Chamizo en distintas comparecencias ante el Parlamento de Andalucía.

En la actuación de oficio, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Oficina señala que desde que la actual crisis económica comenzara a dejarse sentir allá por el año 2008, la Institución "se ha venido haciendo eco y denunciando los efectos que la misma está ocasionando en la sociedad andaluza", de la que destaca "está cada vez más angustiada y desesperada". En este sentido, señala que "uno de los principales efectos de la crisis en el ámbito de las personas menores lo constituye la disminución o ausencia de ingresos económicos de las familias".

"La crisis no sólo está aumentando la exclusión y la marginalidad de determinadas familias --ávidas de ayudas antes de que se produjera la actual coyuntura económica-- sino que está desdibujando las fronteras de la pobreza extendiéndola hacia las clases medias". Se trata de familias que se encontraban en una situación normalizada pero que la prolongación de la crisis las ha convertido en un colectivo de "especial vulnerabilidad" como consecuencia, principalmente, de la pérdida del empleo de uno, varios o de todos los miembros de la unidad familiar.

Además de ello, continúa la Defensoría, "en muchísimos de los casos esta ausencia de ingresos les impide hacer frente al pago de las hipotecas o de los alquileres, y el resultado final ha sido la pérdida de la vivienda familiar por embargo o desahucio".

Así, el Defensor que este panorama "tiene su fiel reflejo en las quejas que la ciudadanía plantea a la Institución, unas reclamaciones --en ocasiones más bien unas llamadas de auxilio-- que ponen de relieve con toda su crudeza la desesperación de muchas personas ante la impotencia de no poder hacer nada por cambiar una situación que les impide satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, incluida una alimentación adecuada".

Del mismo modo, lamenta que las ayudas públicas "son cada vez más escasas" pues a las limitaciones presupuestarias y los recortes propios de épocas de crisis se une el "importante incremento" de personas que demandan la colaboración de las Administraciones para "ayudarles a paliar los perversos efectos derivados de la grave situación".

En este "lamentable" contexto, el Defensor señala que "no solo se ha limitado a denunciar la situación y describir la realidad conforme a la fotografía que les permite realizar el trabajo que vienen desarrollando, sino que, por el contrario, ha tenido la oportunidad de proponer a los poderes públicos medidas o acciones que permitan paliar, en la medida de lo posible, los nefastos efectos que la crisis económica ocasiona a las familias y, en especial, a las personas menores de edad".

En este sentido, recuerda que "son muchas las propuestas a las que nos referimos y muchos los derechos afectados. Año tras año desde que comenzó la crisis hemos dejado constancia en nuestros informes al Parlamento de Andalucía como está afectando aquella al ejercicio de determinados derechos, incluido el derecho a la Educación en los términos consagrados en la vigente Ley de Educación y en la Ley de Educación de Andalucía".

"LOS COMEDORES SON UN INSTRUMENTO CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR"

Pues bien, continúa, "uno de los aspectos tratados con especial interés ha sido el servicio complementario del comedor escolar y su papel en la actual coyuntura económica". Al respecto, recuerda que la existencia de comedores escolares en colegios ubicados en zonas marginales o deprimidas "constituye uno de los instrumentos esenciales para la lucha contra el absentismo escolar, fenómeno éste que ha constituido una lacra importante del sistema educativo".

Por tanto, continúa, el comedor escolar se convierte en un servicio que trasciende en el ámbito educativo del mero recurso para solventar problemas de conciliación de la vida familiar y laboral de padres de algunos alumnos, y "pasa a ser un instrumento capital para la aplicación de las políticas de equidad educativa en aquellas zonas de las ciudades que se caracterizan por su alto grado de desestructuración y degradación social".

Por todo ello, la Oficina del Defensor quiere formalizar una propuesta ya anunciada por el titular de la Institución en distintas comparecencias ante el Parlamento de Andalucía: La posibilidad de ampliar el servicio de comedor en periodo no lectivo para el alumnado en situación de pobreza. Se trata, en definitiva, ampliar la labor compensatoria de este servicio complementario, para que "preste sus servicios durante la época no lectiva de modo que se pueda asegurar que los niños más desfavorecidos y cuyas familias se encuentran en situación de pobreza reciban al menos una vez al día".

"Somos consciente de la magnitud y trascendencia de nuestra propuesta. Del mismo modo que entendemos que esta acción no puede ser abordada de modo exclusivo por la Administración educativa. En efecto, la acción compensatoria que proponemos formalmente debe abordarse desde la corresponsabilidad y colaboración de distintas Administraciones. A nuestro juicio, la puesta en práctica de esta medida conlleva la máxima coordinación entre la Consejería de Educación, la Consejería de Salud y Bienestar Social y los Ayuntamientos de los municipios donde se ubiquen los colegios que pudieran verse beneficiados por la medida".

Así las cosas, el Defensor propone la apertura de una queja de oficio, solicitando informe a la Consejería de Educación, a la Consejería de Salud y Bienestar Social y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, para que informen sobre la viabilidad de la propuesta, y las medidas a adoptar para su puesta en funcionamiento.

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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