SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El informe del Defensor del Menor de Andalucía del año 2015 vuelve a tener como protagonista al ámbito educativo, que acoge la mayor parte de las reclamaciones; en este sentido, problemáticas tradicionales como las derivadas del proceso de escolarización y las pretensiones de reagrupamiento familiar se ven poco a poco relevadas por otras cuestiones, como las relacionadas con la educación especial y compensatoria o con el acoso escolar, respecto al cual, con una treintena de quejas, se confirma un aumento progresivo de las actuaciones por estos casos.
Así lo ha señalado en rueda de prensa en el Parlamento, tras presentar el informe a su presidente, Juan Pablo Durán, el Defensor del Pueblo Andaluz y titular de la Oficina del Defensor del Menor en la comunidad autónoma, Jesús Maeztu, para el que uno de los principales problemas de este fenómeno es el "silencio" con el cual las propias familias tratan estas casuísticas, de las cuales consideran que hay una cifra "que no se sabe".
La existencia de algunos "vicios" en la manera de tratar el tema suponen también un "bloqueo" del progreso en la resolución del problema, a juicio de Maeztu, que también reserva en su informe capítulos especiales, ya fuera del ámbito educativo, para la pobreza infantil o la situación de los menores refugiados.
Del total de actuaciones (3.348), 1.978 son consultas y 1.370 quejas. Y de éstas, 1.045 fueron nuevas --970 a instancias de parte y 75 iniciadas de oficio-- y 325 derivan de años anteriores, lo que supone un incremento de la actividad de la institución del 23,3 por ciento respecto al año previo. Al respecto, Maeztu ha confirmado que las reclamaciones más numerosas afectan al ámbito educativo (405), con la educación especial como nuevo "yacimiento" ante un mayor control de la escolarización, tradicional filón de quejas.
En cuanto al acoso, la temática de las quejas no ha sufrido importantes variaciones respecto de ejercicios anteriores, si bien "las quejas cada vez van subiendo más". La cuestión es de tanta importancia para la Defensoría que será objeto de un informe específico por parte del organismo, que se tratará en todas sus vertientes, para finales de año.
A juicio de Maeztu, esta lacra es solucionable con relativa facilidad si se acometen las intervenciones necesarias con decisión. La habilitación de un registro de casos, la formación para la detección temprana --en muchas ocasiones el acoso se averigua cuando el niño ya está "machacado"-- o, en general, la "coordinación" y "control" podrían ayudar a resolver un problema cuya magnitud, según el Defensor, aún no se considera alarmante en muchos foros y que se soluciona, en múltiples casos, por vía "errónea".
Por lo demás, y como medidas concretas, Maeztu cree que el menor víctima debe permanecer en el colegio, sin traslados, mientras que asimismo se muestra partidario de una mayor difusión entre la comunidad educativa del protocolo contra el acoso y de su aplicación --ha alabado la instauración de un protocolo específico para alumnos con problemas de identidad de género--, así como de medidas de carácter preventivo dirigidas no sólo al alumnado, sino también al personal docente y a los padres.
QUEJAS PARA DISPONER DE MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
En cuanto a otras problemáticas educativas, se apunta al "deterioro" en la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en centros ordinarios, que con la crisis económica "ha persistido durante 2015".
Se apela así a que el alumno pueda disponer de un monitor de educación especial, ante el incremento de quejas en este sentido, durante toda la jornada escolar si así resulta preceptivo; al acceso a los servicios complementarios educativos, especialmente el comedor escolar y las actividades extraescolares en igualdad de condiciones que sus compañeros.
Por otro lado, la "nefasta" situación económica que ha llevado a muchas familias a la pobreza está ocasionando un cambio en la finalidad para la que fueron creados algunos servicios complementarios educativos, especialmente el comedor escolar. Maeztu explica que han aumentado las quejas porque el comedor ha pasado de ser un instrumento esencial para la conciliación familiar y laboral a una medida de apoyo social.
También se reclama que el servicio de comedor escolar debe hacerse extensivo a todos los niños escolarizados en centros docentes andaluces sostenidos con fondos públicos, ubicados en zonas de transformación social, con independencia de su titularidad. Ésta, en el caso de los centros concertados, "no debe ser un obstáculo" y sí atender a una necesidad "real".
Sobre los centros específicos de educación especial, el Defensor del Menor de Andalucía lamenta lamenta que aún quedan por desarrollar y aplicar algunas de las medidas de los objetivos del plan de actuación para la mejora de la atención educativa al alumnado escolarizado en centros específicos de educación especial en Andalucía 2012-2015, "muchas de ellas de gran calado, significado e importancia", como el cumplimiento de la ratio de profesionales por alumnado, la mejora de las infraestructuras o una mayor dotación de medios. La paralización de obras en alguos centros o la "perpetuación" de las aulas prefabricadas o 'caracolas' completan este apartado.
Respecto a otros asuntos, la Oficina del Defensor destaca la denegación de las solicitudes de uso compasivo de determinados medicamentos, las modificaciones introducidas en el modelo de financiación de la atención temprana, el problema habitacional de muchas familias, la contaminación acústica, el estado de abandono de parques infantiles, los problemas burocráticos para la identificación de recién nacidos de madres sin identificación documental o la necesidad de asistencia especializada a menores maltratados.
SE PIDE RECUPERAR LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL
En lo tocante a la pobreza infantil, el 2015 se ha caracterizado por la prolongación de la adversa coyuntura económica y su incidencia en la calidad de vida de las personas menores de edad --uno de cada tres niños vive en la pobreza en Andalucía--. La Defensoría apuesta al respecto por la recuperación de la red de protección social y en seguir invirtiendo en lo que representa "nuestro futuro": son muchas las posibilidades de que los menores hereden la pobreza porque ésta se transmite de padres a hijos, y en este sentido el 80 por ciento de los niños pobres hoy lo será también de adultos, según algunos análisis.
El informe, que también alude a la entrada en vigor de la nueva normativa sobre el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, introduce un capítulo especial para menores refugiados, víctimas de conflictos armados, y sobre la "insolidaridad" de la UE con su situación.
Para el Defensor, los poderes públicos, la sociedad andaluza y las instituciones "debemos realizar el mayor de los esfuerzos para disponer la acogida y la ayuda inmediata de este grupo de personas a las que estamos situando entre la vida y la muerte", con una atención que no debe quedar limitada a unas instalaciones que den cobijo o unos profesionales que los atiendan en aquellas y sí debe incluir a profesionales capacitados --traductores, pedagogos, psicólogos-- para hacerles superar el horror de la guerra.
Todo ello, con la meta de permitir acogidas "serenas, normalizadas, lejos de impactos o improvisaciones que suelen derivar en problemas que se traducen mal en la opinión pública", y con un factor esencial en el ámbito educativo --de modo especial en los procesos de integración e inclusión en las escuelas-- y una protección específica a los menores potenciales víctimas de trata de seres humanos o de otros tipos de explotación.
