Repunte de incidencias graves entre docentes y padres de alumnos

Actualizado: miércoles, 26 noviembre 2014 17:08

El balance del pasado año, con un ligero repunte respecto al ejercicio anterior, muestra "insuficiente" consideración social

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Profesor en Andalucía, servicio del sindicato ANPE creado en noviembre de 2005 para la asistencia jurídica y psicológica a docentes víctimas de la conflictividad escolar, atendió durante el pasado curso 2013-2014 un total de 176 llamadas emitidas desde Andalucía, de las cuales 53 fueron atendidas por el servicio estatal del Defensor del Profesor y 123 por el servicio autonómico.

Según ha explicado ANPE en una nota, estas cifras suponen un ligero repunte con respecto al ejercicio anterior, donde se registraron 171 incidencias. En este sentido, la evolución del número de casos atendidos en Andalucía desde la puesta en marcha del servicio ha sido de 143 (curso 2005-2006), 138 (06-07), 205 (07-08), 200 (08-09), 203 (09-10), 271 (10-11), 186 (11-12), 171 (12-13) y 176 (13-14).

A juicio de la central sindical, el balance del curso 2013-14 muestra la "insuficiente" consideración social de los docentes, la falta de inversión educativa y las decisiones administrativas unilaterales que "ignoran la opinión de los profesionales de la enseñanza".

Como consecuencia de la sucesiva reducción de recursos, la educación andaluza y su profesorado "se han visto perjudicados un año más de forma general, pero muy particularmente en la atención al alumnado con mayores necesidades educativas".

Las múltiples llamadas recibidas a lo largo del curso 2013-14 en el Defensor del Profesor siguen dejando patente la necesidad de este servicio, subraya ANPE, indicando que han sido muchas las denuncias recibidas sobre distintos problemas tanto de convivencia entre los distintos sectores de la comunidad educativa como los relacionados, de una forma u otra, con la administración.

De esta manera, el sindicato propone, entre otras medidas favorecedoras de la erradicación de la violencia contra el profesorado andaluz, el reconocimiento de la figura del profesor como autoridad pública en el ejercicio de su función, a través de una Ley de Autoridad, similar a la existente en otras comunidades autónomas; una mayor dotación por parte de la administración, en medios y recursos humanos de apoyo a los centros educativos; el establecimiento de una formación específica para el profesorado para la resolución de conflictos; y la reducción de la carga burocrática del docente.