Diputación de Sevilla aprueba este lunes la segunda convocatoria de sus anticipos

 
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Diputación de Sevilla aprueba este lunes la segunda convocatoria de sus anticipos

Martínez, Argota y Ufano en rueda de prensa.
DIPUSEVILLA.
Publicado 13/11/2016 10:48:33CET

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla celebrará este lunes un pleno extraordinario, al objeto de someter a votación las bases de la segunda convocatoria de este año de su Fondo de Anticipos Reintegrables (FEAR), gracias al cual la institución provincial anticipa dinero a los municipios con cargo a la recaudación prevista por los mismos. Después de zanjar la primera convocatoria de 2016 con la concesión de anticipos por valor de 43,6 millones para 61 de los 104 municipios de la provincia, esta segunda convocatoria cuenta con 26,4 millones de euros.

La portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, acompañada por los diputados de Hacienda y de Empleado Público, Concepción Ufano y Mario Martínez, respectivamente, daban cuenta en rueda de prensa del contenido del pleno extraordinario que celebrará la institución este lunes.

La sesión, principalmente, está destinada a someter a votación y aprobar la segunda convocatoria de este año del Fondo de Anticipos Reintegrables, que para 2016 contaba con algo más de 70 millones de euros, al objeto de adelantar dinero a los municipios, sin intereses, para sus necesidades de financiación. Dado que la primera convocatoria se ha saldado con adelantos por valor de 43,6 millones de euros en favor de 61 ayuntamientos, para necesidades de tesorería, la refinanciación de la deuda con entidades bancarias o inversiones, entre otros aspectos, esta segunda convocatoria cuenta con 26,4 millones de euros.

Cabe precisar, por cierto, que en la primera convocatoria de estos anticipos reintegrables, el 42,6 por ciento de las solicitudes concedidas corresponden a operaciones de refinanciación de deudas, tanto con entidades bancarias, como con la Seguridad Social y con la Hacienda pública. "Era necesario convocar cuanto antes un nuevo FEAR, para así dar la posibilidad y prioridad a los ayuntamientos que no han podido presentarse a esta edición para beneficiarse de las ayudas antes de que finalice el año", ha enfatizado Argota.

PRIORIDADES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA

A esta segunda convocatoria, según ha especificado Concepción Ufano, pueden concurrir todos los municipios de la provincia, si bien la misma estará regida con unos criterios según los cuales la idea es "poner en valor a los municipios que no concurrieron a la primera convocatoria", los ayuntamientos que sí concurrieron pero por los requisitos no pudieron acceder a los anticipos y los que lograron anticipos pero no hasta "el límite de financiación posible".

Y si después de cubrir estos supuestos "quedase dinero disponible", según Concepción Ufano, se tendrían en cuenta las solicitudes llegadas de municipios que hayan logrado el "máximo" estipulado en materia de anticipos en la primera convocatoria, siempre que se trate de adelantos reclamados para inversiones o refinanciación de créditos a largo plazo.

Además, en este pleno extraordinario se prevé aprobar el nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño de los empleados de la institución provincial, un documento que "pone fin" al conflicto desencadenado en el seno de esta administración, después de que la Cámara de Cuentas de Andalucía censurase los premios a la constancia y a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, recogidos en el acuerdo de funcionarios y el convenio colectivo de la Corporación provincial.

El asunto, como se recordará, parte del informe de fiscalización acometido por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2012 de determinadas áreas de la Diputación de Sevilla. El mencionado informe, recogido por Europa Press, censuraba entre otros aspectos el premio a la constancia, el premio a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, recogidos en el acuerdo de funcionarios y el convenio colectivo de la institución, considerando que "conculcan la normativa vigente".

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