Docentes no recurrirán el auto que mantiene regulación del horario andaluz de Secundaria

 
Consulta el estado del tiempo
Consulte el estado del Tráfico y del Tiempo para estos días >>
Consulta el estado del tráfico

Docentes no recurrirán el auto que mantiene regulación del horario andaluz de Secundaria

Publicado 04/10/2016 16:26:58CET

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha decidido no recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que desestima la petición del colectivo para suspender cautelarmente las instrucciones de la Secretaría General de Educación de la Junta andaluza que regulan los horarios de Secundaria --después de que la administración regional modificara la norma para que éste pasara a tener un máximo de 25 horas en lugar de un mínimo de 25--, al considerar que las mismas suponen un "disparate".

Así lo han precisado a Europa Press fuentes de la asociación, que han indicado que ahora APIA se centrará en la formulación de la demanda, al objeto de fundamentarla lo mejor posible de cara al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la cuestión, en la que los docentes critican los "perjuicios evidentes" de dichos horarios para el sector, concretando en las disposiciones de las instrucciones para con el profesorado de guardia y la tutoría electrónica.

Y es que la disposición adicional en la que se fijaba el máximo de permanencia regulada semanal en 25 horas ha supuesto que, dado que la disminución no se ha acompañado de una bajada de la carga lectiva --20 horas, con cinco no lectivas--, el 80 por ciento de todo el curso pasado en Secundaria se ha realizado sin poder atenerse a la regulación de agosto de 2010.

El principal argumento de la Sala para rechazar la reclamación de la asociación obedece a un argumento utilizado por la Junta, cual es que la suspensión de la ejecución de una disposición de carácter general "supone ya un grave perjuicio del interés público", que, en principio, existe en la aplicación inmediata de unas normas "que se promulgan para integrarse en el ordenamiento y ser cumplidas por todos los afectados".

De esta manera, el tribunal considera que no todo perjuicio pecuniario derivado de la posibilidad de dejar sin efecto la ejecución del acto lleva consigo la necesidad de adoptar la medida cautelar, por cuanto "deben ponderarse los perjuicios que, desde el punto de vista de la eficacia administrativa, ocasionaría la dilación en llevar a efecto los acuerdos adoptados".

En cuanto a la ponderación de intereses, "se hace necesaria una adecuada conjunción entre el interés público y el privado a la hora de resolver sobre la adopción de la medida cautelar, resolviendo según el grado en que el interés público esté en juego".

"La suspensión de la ejecución de una disposición de carácter general ya supone un grave perjuicio del interés público, y sólo en caso de grave daño individual cabe su suspensión [...] cuando se trata de impugnación de disposiciones generales es prioritario el examen de la medida en que el interés público, implícito en la propia naturaleza de la disposición general, exija la ejecución", recuerda el TSJA.

Concluye la Sala apuntando que "en ningún momento" se expone que concurra alguno de los supuestos excepcionales admitidos para atender a la apariencia de buen derecho, pues "no se aprecian perjuicios irreparables para los recurrentes derivados de la ejecutividad de la disposición impugnada", mientras que sí se vislumbran daños al interés público representado por la organización de los centros de enseñanza que pudiera derivarse de la suspensión.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros, puedes ver nuestra política de cookies -
Uso de cookies