SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La representación jurídica de dos de las víctimas en el caso del catedrático de la Universidad de Sevilla (US) Santiago Romero, condenado a siete años de cárcel por delitos de abusos sexuales y lesiones sobre dos profesoras y una becaria de investigación en la Facultad de Educación, ha presentado este lunes un recurso de apelación interesando un incremento económico de la cantidad fijada para la indemnización.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del caso, que han precisado que, en este sentido, si bien se dan por satisfechos con el aspecto penal, se ha mantenido la petición de 120.000 euros para cada una de las víctimas --240.000 euros en total-- al estimar que "no procede rebaja" y que la sentencia enumera los perjuicios causados pero no los valora adecuadamente, al no considerarse los daños profesionales.
En la resolución final, el montante indemnizatorio asciende a un total de 110.000 euros a las tres víctimas --30.000 euros a dos de ellas y 50.000 euros a la profesora que además ha sufrido las lesiones psicológicas--, declarándose responsable civil subsidiaria a la Hispalense.
Este recurso supone el primero que ha trascendido en una estrategia en la que tanto la víctima restante como la propia defensa del condenado han anunciado también una apelación al fallo, después de que la representación de Romero reclamara al juzgado los CD con las grabaciones del juicio --requerimiento al que se adhirieron después las tres víctimas-- y, posteriormente, se reclamara una aclaración de condena en lo tocante a medidas como el alejamiento.
La US decidió suspender de toda actividad académica al catedrático con carácter inmediato, encontrándose entre las medidas cautelares la prohibición de acceder a la Facultad de Ciencias de la Educación, cuyo decano, Juan de Pablos, presentó su dimisión por todo lo sucedido.
Tras recibir la sentencia se decidió reabrir el procedimiento sancionador contra el citado catedrático, paralizado como consecuencia de la instrucción del procedimiento penal; fue la propia institución universitaria la que inició dicho procedimiento.
La apertura del procedimiento sancionador se acompaña con la suspensión cautelar de toda actividad universitaria al profesor, al tiempo que se le prohíbe acceder al centro.
