Ecologistas creen que el MARM "no puede autorizar" el dragado del Guadalquivir tras el informe científico

Actualizado 28/12/2010 18:06:14 CET

SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecologistas en Acción y la Coordinadora Verde entienden que con el informe del Comité Científico, que se dio a conocer este lunes, elevado el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) sobre el posible dragado de profundización del canal de navegación del río Guadalquivir que pretende llevar a cabo la Autoridad Portuaria de Sevilla encima de la mesa, el departamento de Rosa Aguilar "no puede autorizar el proyecto pues supondría la desaparición de actividades socioeconómicas que dependen de la buena salud del estuario para su mantenimiento" y afectaría de forma "negativa en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario".

Así, Ecologistas en Acción ha indicado en un comunicado que solicitan el pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente y éste traslade el informe a la Comisión Europea para que se exprese al respecto. Asimismo, exige un cambio de modelo en la gestión portuaria que apueste por la cooperación y complementariedad entre los puertos andaluces que permita mantener la actividad portuaria de Sevilla adaptada a su condición específica de puerto fluvial que excluya la necesidad de hacer el dragado.

Del mismo modo, ha señalado que el Puerto de Sevilla, promotor del proyecto del dragado del río, pretende "si o si" mantener un estatus que "no le corresponde", compitiendo en cantidad con puertos andaluces marítimos como Algeciras, Cádiz, Málaga o Huelva. "El dragado no es posible sin que las consecuencias económicas sean nefastas para el resto de actividades que viven de un río que ya está enfermo y para él que la actuación pretendida por la Autoridad Portuaria de Sevilla supondría la puntilla", ha resaltado.

Las actuaciones llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria obedece a "una política de hechos consumados incompatibles con un Estado de Derecho", ha afirmado, precisando al respecto que ésta pensó que "se hace la esclusa, inaugurada recientemente, y obligo así a que hagan el dragado que justifica la inversión realizada". En este sentido, ha señalado que "la construcción de la nueva esclusa debió esperar a este informe, pues ésta y el dragado se presentaron como un único proyecto por parte del Puerto de Sevilla".

En esta línea, ha manifestado que hay que pedir explicaciones de "por qué se ha construido una esclusa sobredimensionada que va a enterrar 160 millones de euros de dinero público".

Por otro lado, ha explicado que el informe del Comité Científico, elevado al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, es "contundente" y refleja que el estuario del río "lo que menos precisa es un nuevo dragado, que ya está lo suficientemente mal como para incidir en actuaciones que lo empeorarían y que lo que se precisa es liberarlo de tensiones, ampliando las llanuras mareales, abriendo brazos cegados y eliminando obstáculos como la presa de Alcalá", ha matizado.

"Sólo así, el río recuperaría su capacidad de dar vida y trabajo a los habitantes de sus riberas, manteniendo la biodiversidad y regenerando de forma natural los caladeros y las playas del Golfo de Cádiz", ha añadido.

En este sentido, ha concluido que el MARM y la Junta de Andalucía tendrán que "replantearse qué Puerto quieren, con qué funciones, reconociendo las limitaciones de un puerto fluvial como el de Sevilla en el que la capacidad de competir con los puertos vecinos no lleva a ningún sitio y buscarle su lugar estableciendo un nuevo modelo de cooperación entre los puertos andaluces, en el que conjugar el transporte marítimo con el tren y donde la conservación de los espacios naturales y culturales ligados al río y su entorno sean un complemento ideal de la actividad portuaria".

"LA RENTABILIDAD ECONÓMICA NO ES EXCUSA"

Por otro lado, la Coordinadora Verde ha señalado en un comunicado que, ante el rotundo dictamen científico sobre las repercusiones que tendría el dragado del río Guadalquivir sobre su estuario y sobre Doñana, solicita a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que siga las recomendaciones que realiza la Comisión Científica y "no autorice" el proyecto.

La coportavoz de la plataforma, Florent Marcellesi, ha indicado que "la rentabilidad económica de la nueva esclusa del puerto de Sevilla no es justificación para autorizar unas obras que causarían una afección de enorme magnitud a todo un ecosistema, como es el estuario y Doñana, y las importantes consecuencias que tendría sobre las comunidades humanas interrelacionadas con el mismo".

Asimismo, ha afirmado que si se llevará a cabo el dragado ateniéndose a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el Ministerio de Medio Ambiente en 2003, que en su día se juzgó "incompleta y con enormes lagunas", y que motivó que se solicitara un informe científico, se estará "ante un fraude medioambiental".

Por otro lado, ha resaltado la advertencia que hace el informe de la Comisión Científica sobre el retroceso de las márgenes del río debido a la erosión provocada por la extracción de material del fondo en las labores de mantenimiento del nuevo calado, al que habría que sumar la erosión provocada por el oleaje de barcos de más envergadura, cuando en la actualidad ya se viene produciendo "un alarmante retroceso de las márgenes del río".

Por otra parte, mantiene que es "necesario" tener en cuenta los ciclos o años de sequía que se dan en Andalucía, en los que el aporte de agua dulce al estuario decrecen significativamente y en el que los índices de salinidad alcanzarían cotas superiores, afectando a la flora y fauna.

La Coordinadora Verde apuesta, según ha explicado, por "la restauración medioambiental del río y su estuario y por darle un uso ecoturístico y recreativo, lo que beneficiaría igualmente a las poblaciones asentadas a su paso". Asimismo, la también coportavoz de la Coordinadora Verde, Sonia Ortiga, señala que "es el puerto el que debe adaptarse a las condiciones naturales del río y no al revés, es decir, no se debe modificar el río para que se adapte a la rentabilidad económica que busca la Autoridad Portuaria, si esa modificación pone en peligro su conservación y biodiversidad".

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