SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha aprobado recientemente un Plan por el que se autoriza la realización de más de 2.400 inspecciones en el ámbito de la seguridad industrial para el bienio 2014-15, dándose de este modo continuidad a la planificación de las labores de vigilancia y control de la seguridad en instalaciones de esta naturaleza que desde 2001 se viene realizando con carácter periódico por parte de la Consejería.
Según los datos facilitados a Europa Press por la Consejería, esta iniciativa, pese a las restricciones económicas vigentes, ha mantenido su dotación presupuestaria, "dada su importancia garantista para el ciudadano y para la constatación de que se están cumpliendo adecuadamente los requisitos de seguridad que exige la normativa en vigor". En este caso, el presupuesto establecido para el bienio en curso ronda los 800.000 euros.
Las actuaciones previstas en este nuevo plan de inspecciones abarcan diversos aspectos que competen a la seguridad industrial, esto es, desde la vigencia de permisos y autorizaciones hasta la comprobación in situ del estado de las instalaciones, pasando por certificaciones energéticas u organismos de control.
Se estructuran en siete bloques. El primero de ellos se ciñe al control del cumplimiento de la normativa sobre seguridad industrial en instalaciones y establecimientos en servicio; la constatación de la adecuada puesta en marcha de industrias, establecimientos e instalaciones; y las inspecciones de seguridad en la industria minera.
Aquí se comprueban los ascensores, donde se prevén más de 600 inspecciones aleatorias; las instalaciones de protección contra incendios, con más de 560; instalaciones térmicas de edificios, las de productos petrolíferos líquidos, el almacenamiento de productos químicos, las instalaciones eléctricas de alta y de baja tensión, las grúas-torre, y las instalaciones de gases licuados de petróleo.
Con ellos se pretende verificar, por parte de la Administración competente, el cumplimiento de las obligaciones que competen a los titulares de todas estas instalaciones, pues sólo combinando el mantenimiento correcto con las inspecciones periódicas establecidas en la normativa se puede garantizar la seguridad.
El total de actuaciones previstas dentro de este primer grupo supera las 2.400. A ellas habría que sumar otras 800 adicionales, que conforman otro bloque, destinadas a inspeccionar específicamente no el control del cumplimiento de las normas, como en el caso anterior, sino la seguridad industrial en sí dentro de estas mismas dependencias. Son unos espacios de atención preferente dentro del Plan de Inspecciones de la Administración.
En segundo lugar se hallarían las inspecciones de seguridad en la industria minera, con 200 actuaciones planificadas. Su objetivo es "verificar el estado de las explotaciones, equipos, instalaciones y actividades en este ámbito específico, así como la seguridad y salud de los trabajadores".
Un tercer bloque lo constituye la inspección de industrias, establecimientos e instalaciones para la comprobación de su adecuada puesta en servicio. En este caso, se prevé la ejecución de más de 4.150 inspecciones, cuyo objetivo será "el cumplimiento de la normativa vigente por parte de instalaciones industriales que se hayan puesto en marcha a lo largo de este bienio".
El cuarto grupo se ciñe a las entidades que actúan en el ámbito de la seguridad industrial; entre otros se abordará la inspección de entidades de formación acreditadas, de los organismos de control habilitados, de las empresas instaladoras y conservadoras, y de los equipos de medida sujetos a control metrológico. El volumen total de inspecciones previstas supera las 1.500.
Finalmente se van a efectuar 30 inspecciones para controlar la puesta en mercado de productos industriales y, como novedad frente a los planes de años anteriores, se controlarán los certificados de eficiencia energética, con 286 actuaciones aleatorias previstas tanto en industrias como en edificios.
La Junta ha precisado que desde la entrada en vigor durante 2010 de la denominada Directiva de Servicios y su concreción legislativa en materia de seguridad industrial, "se ha querido realizar un considerable esfuerzo de vigilancia, pues el anterior régimen de autorizaciones administrativas para empresas instaladoras y demás agentes que actúan en el campo de la seguridad industrial se ha sustituido parcialmente por un sistema de presentación de declaraciones responsables, esto es, un factor que junto a la eliminación de visados requiere una especial atención para que no disminuya la seguridad en estos ámbitos".
Por tanto, resalta que ha existido "una liberalización importante, auspiciada por Europa, que permitirá una mayor agilidad en las distintas tramitaciones y, en definitiva, mercados más dinámicos".
Considera que, sin embargo, "nada de esto puede hacerse a costa de la seguridad, que debe ser el elemento vertebrador de todo proceso productivo, y en todas sus fases". Por ese motivo, y dado que el sistema de autorizaciones previas cede el testigo a los controles a posteriori, la Junta de Andalucía ha profundizado en la planificación de las labores de vigilancia y control de la seguridad que se vienen realizando desde 2001.
