Apoyan a la Junta en su posible recurso contra el Gobierno y algunos piden al Gobierno andaluz "insumisión" y que no apliquen la norma
SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
Representantes de la Confederación Empresarial del Comercio de Andalucía (CECA), los sindicatos CCOO y UGT, y las asociaciones de consumidores Al-Andalus, Facua Andalucía y UCA-UCE han mostrado su apoyo a la decisión de la Junta de recurrir la normativa propuesta por el Gobierno para la liberalización y ampliación de los horarios comerciales, y han anunciado que se concentrarán de mantera conjunta ante los ayuntamientos de los municipios turísticos que se pueden ver más afectados por la medida, como Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba.
Estas organizaciones, quienes rechazan "categóricamente" la liberalización de horarios comerciales, que además "invade competencias autonómicas", han anunciado concentraciones en dichas ciudades aunque están pendientes de cerrar las fechas de las movilizaciones.
El secretario general de la CECA, José Guerrero, ha advertido de la "situación dramática" en la que se encuentra el sector y considera que las medidas del Gobierno "van en contra del interés del pequeño y mediano comercio y significan la puntilla definitiva para muchos comerciantes y autónomos, que tienen una perspectiva preocupante y se encuentra muy afectado por la crisis".
Guerrero, quien indica que en Andalucía hay más 130.000 comercios que dan empleo a 450.000 personas, de las que más del 50 por ciento son mujeres", ha recordado a Europa Press que actualmente existe una "contención continuada del consumo, que se puede ver agravada por la subida del IVA y con esta liberalización" y con esta medida "que nadie ha demandado, ni sector ni consumidores, ni tampoco es prioritaria".
Advierte de que la crisis, unidas a estas medidas, puede "provocar el cierre o despidos en numerosos establecimientos, con unos 10.000 comercios afectados, según nuestras estimaciones".
Asimismo, ha asegurado que Andalucía "es la comunidad que se va a ver más afectada por el decreto del Gobierno, pues de las 11 ciudades consideradas zonas de gran afluencia turística, cuatro son andaluzas y engloban el 25 por ciento del comercio andaluz", por lo que considera que "todo el sector y la Junta está sumamente preocupada con la liberalización". En ese sentido, demanda a la Junta que no aplique dicha norma de forma cautelar mientras que se resuelve el recurso ante el Tribunal Constitucional.
El portavoz empresarial, quien también recuerda la apuesta por ofrecer empleo a los jóvenes y demanda ser un sector "que esté más apoyado y mimado por las administraciones", ha pedido el establecimiento de un "marco regulatorio estable de horarios comerciales", algo que "se ha mostrado eficaz en Andalucía, por lo que pedimos a la Junta que lo siga manteniendo".
Guerrero pide que se promuevan otras medidas "que dinamicen el sector y generen confianza en el consumidor para reactivar la demanda interna y mejore la competitividad empresarial, con medidas que reduzcan la presión fiscal".
Por su parte, el secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT-A, Rafael Martín Arcas, también ha expresado su "total apoyo" a la Junta en su recurso en defensa de las competencias autonómicas en materia de comercio, y anima al Gobierno andaluz a la "insumisión institucional", de forma que "aunque la norma salga, pedimos que la Junta no la cumpla en Andalucía".
Para Martín Arcas, la norma del Gobierno "se trata de trasladar cuotas de mercado del pequeño comercio a las grandes superficies comerciales" y critican que significa "deteriorar un equipamiento comercial que da vida a las tramas urbanas, se va a deteriorar el empleo y la actividad comercial".
El portavoz de UGT-A considera, en declaraciones a Europa Press, que "entre un 30 y un 40 por ciento del empleo se puede perder con este trasvase encubierto a los grandes operadores". Martín Arcas ha retado a presidente del Gobierno a "hacer un decreto que obligue a los ciudadanos a consumir, porque es la única forma en la que va a dinamizar el comercio" y considera que "abrir más horas no va a hacer que aumente el consumo".
POSIBLE PREVARICACIÓN, SEGÚN CCOO
Por su parte, el secretario general de Fecoht de CCOO-A, Gonzalo Fuentes, ha anunciado que los servicios jurídicos del sindicato están estudiando una posible prevaricación del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya que, ha tramitado el decreto "a sabiendas de que la urgencia no está justificada, lo cual, de llevarse a cabo es anticonstitucional, como ya dictó en su día el Tribunal Constitucional, hace un año, cuando la Generalitat de Cataluña presentó una impugnación sobre un tema de ampliación de horarios comerciales, similar a la que nos ocupa".
CCOO denuncia que esta iniciativa "traerá consigo la destrucción de empleo en el pequeño comercio y precarizará la situación de los trabajadores de las grandes superficies, las únicas que se ven beneficiadas por la nueva norma".
Este sindicato pide al Gobierno central que no lleve a cabo la liberalización de horarios comerciales en zonas de gran afluencia de visitantes, como Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, así como ampliar de ocho a diez los días festivos y domingos en que se podrá abrir; y el incremento del número de horas en que los comercios podrán desarrollar su actividad, pasando, en días laborables, de 72 a 90 horas.
Para el sindicato, esta medida sólo beneficiará a los grandes grupos de distribución, "que representan menos del cinco por ciento de los comercios en Andalucía y que tan sólo generan menos del 20 por ciento del empleo comercial andaluz, mientras que el 95 por ciento de los comercios pertenecen al formato del comercio de cercanías, que genera más del 80 por ciento del empleo comercial".
Por otro lado, Fuentes ha afirmado que "una mayor flexibilización de horarios comerciales rompería con el actual modelo comercial andaluz y pondría, a su vez, en peligro el modelo mediterráneo de sociedad". Para CCOO, la desaparición del tejido comercial de proximidad "supondría además un coste social inasumible para aquellas personas con dificultad de movilidad, aumentaría la insostenibilidad medioambiental y aceleraría la desertización de los centros y barrios de nuestros pueblos y ciudades".
POSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Por su parte, el presidente de UCA-UCE, Juan Moreno, quien también pide que la Junta "se niegue a aplicar la medida de manera cautelar", considera esta medida "un atropello a las competencias autonómicas y al consenso logrado entre agentes económicos y sociales andaluces" en torno a los horarios comerciales, tras lo que considera que "en un sistema democrático se debe escuchar y en Andalucía se había alcanzado un consenso y tener un marco estable".
Reitera que la liberalización "no la demandan ni los consumidores ni nadie exige cambios en los horarios", tras lo que lamenta que esta medida "perjudicaría a los usuarios y rompería el equilibrio de los diferentes formatos comerciales, pues nos veríamos abocados a comprar en grandes superficies o sucursales de establecimientos franquiciados y se nos privaría de comprar en el pequeño comercio".
Por su parte, el portavoz de Facua Andalucía, Rubén Sánchez, cree que esta medida "va a provocar más paro el cierre de pequeños y medianos comercios, incapaces de competir con grandes superficies, por lo que la medida no es positiva y llevará al cierre de pequeños establecimientos y aumentar el paro".
Sánchez, quien asegura que los consumidores "no han demandado la medida", considera que "no se puede plantear que con esta medida va a aumentar el nivel de consumo, pues los usuarios pedimos salarios más altos y menos paro, y eso no lo traerá una liberalización de horarios, sino otro tipo de medidas".
