SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
Una serie de entidades sociales "implicadas en la defensa del derecho a la igualdad" --Accem, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz-MPDL y Red Acoge--, han expresado su "profundo malestar y preocupación" ante lo ocurrido hace más de una semana en la localidad sevillana de Pedrera --al hilo de un accidente de tráfico y una discusión que se produjo tras el mismo entre los ocupantes de los dos vehículos implicados; en concreto, tres varones de nacionalidad rumana y una pareja de la localidad--, que consideran "un ataque xenófobo hacia toda la comunidad rumana por parte de numerosos vecinos, que podría constituir un delito de odio".
En un comunicado conjunto, estas entidades se han expresado de esta manera después de que el pasado 6 de enero se produjeran "una serie de actos violentos en contra de la comunidad rumana" de dicho municipio sevillano que "se saldó con daños materiales y varias personas detenidas".
A esos hechos, según añaden estas entidades, "le siguieron una concentración espontánea de personas frente a las dependencias de la Policía Local en la que se encontraban detenidos los responsables de una agresión", tras lo cual "los manifestantes se dirigieron a diferentes calles de la localidad y volcaron tres vehículos de ciudadanos rumanos residentes en Pedrera".
Además, "se convocó a través de redes sociales, y sin la pertinente autorización de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla, una concentración de más de 200 personas a las puertas del Ayuntamiento de Pedrera en contra de la presencia de los ciudadanos rumanos" en dicho municipio.
Las entidades que suscriben este comunicado dicen ser "conscientes" y que les "consta la correcta intervención realizada tanto por la Guardia Civil como por la Policía Local de Pedrera en la gestión del incidente", y piden que, "ante estos hechos, sigan siendo las autoridades públicas las que actúen y se evite que los vecinos se tomen la justicia por su mano y puedan agredir o amedrentar a las familias rumanas con el objetivo de expulsarlas del pueblo".
"Este tipo de actuaciones no están justificadas y no cumplen con la legalidad", aseveran estas entidades que defienden el derecho a la igualdad, al tiempo que aseveran que, "en un Estado de Derecho, corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a la justicia actuar con contundencia ante cualquier hecho delictivo".
Igualmente, estas entidades muestran su "preocupación por las diferentes concentraciones vecinales que se han producido pidiendo la expulsión del pueblo de la comunidad rumana en su conjunto, asociando y responsabilizando injustamente a toda la comunidad rumana de lo ocurrido, sin tener en cuenta que hay muchas familias rumanas que llevan viviendo en el pueblo muchos años, que nada tienen que ver con los hechos acontecidos y que se están viendo afectadas por esta situación".
Agregan que, "en un Estado de Derecho, la responsabilidad es individual, y deben ser la justicia y las fuerzas de seguridad las que actúen contra individuos concretos ante hechos que puedan constituir un delito".
Finalmente, estas entidades realizan "un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación para que informen con objetividad y rigor, evitando estigmatizar y criminalizar a determinados colectivos", así como "a los responsables públicos para que asuman la responsabilidad de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y promuevan la cohesión social y una buena convivencia".
