Gómez Martínez calificó de "pago material a ciegas" la dotación de los ERE en sus informes
MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El que fuera Interventor General de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez, señaló durante su declaración en la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, que se produjo el pasado 28 de abril, que "hasta tres miembros del Gobierno" andaluz recibieron informes en los que este departamento ponía de manifiesto "circunstancias lo suficientemente relevantes como para que ellos hubieran tomado medidas".
En la transcripción de sus declaración como imputado ante el instructor de la causa en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, el exinterventor no cita a personas concretas pero sí admite que sus informes fueron puestos en conocimiento de la Consejería de Empleo y que el consejero de Hacienda --lo fue el expresidente José Antonio Griñán antes de ser investido entre 2004 y 2009-- "podía haber ordenado que se suspendieran los calendarios de pago de las transferencias".
Así se manifestó Gómez Martínez al ser preguntado en el Supremo sobre si advirtió al Gobierno de irregularidades en la concesión de ayudas, para añadir sobre sus reiterados informes que aquélla "fue la primera vez y probablemente la única vez" que su departamento entendió que los hechos tenían la importancia suficiente como para comunicárselos a la Consejería de Empleo, que era la responsable de los hechos con carácter provisional.
Preguntado por qué no realizó informe de actuación, Gómez Martínez ha señalado que este instrumento no se aplica fuera del ámbito del control financiero y "no se entendió nunca que procediera o que concurriera un supuesto desencadenante de un informe de actuación", al no detectarse menoscabo de fondos públicos.
LA "EXCUSA" DE LOS INFORMES DE ACTUACIÓN
Sin señalar nombres, el exinterventor contesta a preguntas de los fiscales del Tribunal Supremo que la excusa dada por los aforados investigados por este órgano sobre la ausencia de informe de actuación "es eso, simplemente una excusa".
En la trasncripción de las declaraciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, el exinterventor señala a preguntas del fiscal que, de forma reiterada, la Intervención andaluza ha considerado que las denominadas "transferencias de financiación" --instrumento presupuestario utilizado para dotar las ayudas-- "no eran adecuadas para financiar esas atenciones", si bien nunca hicieron "hincapé" o calificaron como "ilegal" el uso de la partida.
Señaló también que su departamento llegó a calificar de "una actividad de pago material a ciegas" el sistema de dotación económica para las ayudas socio-laborales entre 2000 y 2010.
No obstante, Gómez Martínez explicó durante su declaración que precisamente por el sistema elegido, "la actividad de control de la Intervención General quedó reducida a un límite muy exiguo, tan exiguo que se limitó exclusivamente a las funciones de control financiero sobre la entidad instrumental IFA", que fue a través de la cual se gestionaron las ayudas.
"Quiere decirse que IFA no tenía que preocuparse ni de la causa del pago ni de la justificación del pago" añadió, para explicar seguidamente que estaba fuera de su alcance examinar los expedientes.
"Nosotros dedujimos que no solamente se había producido un desfase presupuestario, un déficit, sino que además nuestra conclusión es que se estaba prescindiendo total y absolutamente del procedimiento de gestión de subvenciones, y lo explicamos con todo detalle y con todo detenimiento en aquel informe", insistió el exinterventor para añadir que se hizo "por una razón que podría calificar como de lealtad institucional".
FISCAL: "ESTO ES UNA BARBARIDAD Y NADIE HACE NADA"
En un momento de su declaración, el fiscal que interroga al exinterventor expone que sí hay órdenes de pago que podían haber sido fiscalizadas y expone que en un convenio con el Ayuntamiento de Los Palacios se dice que la Consejería de Empleo, por mediación de la Dirección General de Trabajo, encomienda al IFAS la materialización singular de la ayuda específica e incondicionada. "Esto es una barbaridad y nadie hace nada, usted tampoco", llega a afirmar el fiscal.
"Esto se repite sucesivamente. Se está concediendo una subvención incondicionada pero es que hay varios expedientes más", añade el representante del Ministerio Público, que cita otras de Corzo de la Cazalla o del Matadero de Sierra Morena. "Esto no sé si es normal, yo creo que es inadmisible", mantiene.
Al hilo de ello, el exinterventor incide en que si la propuesta de pago no procede de la ejecución de un gasto presupuestario no hay objeto para la intervención formal de pago y, por ello, no se hace una fiscalización previa.
IU CRITICÓ LAS TRANSFERENCIAS
El fiscal también expone que los parlamentarios sí tenían una conciencia sobre la situación y señala que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida criticó las transferencias de financiación a las empresas públicas porque "prácticamente dejaban en manos de los directores generales la ejecución de los presupuestos".
Al respecto, el funcionario atribuye a la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar las enmiendas en presupuestos la que determina lo que se plasma en la Ley presupuestaria.
En otro momento de la declaración, se cita el escrito del año 2012 dirigido por el funcionario al presidente del Parlamento y llamado 'Divinas Palabras', en el que el interventor dice que la Consejería de Hacienda conocía las "graves irregularidades descubiertas en Empleo" y que lejos de hacer algo "para combatirlas", "cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".
Al respecto, el exinterventor mantiene que ese conocimiento fue retrospectivo y, ahondando en el concepto del menoscabo de fondos públicos y en el carácter "incondicionado" de las subvenciones, dice que este concepto "es más torpe que irregular".
"Creo que quiere señalar que es a fondo perdido, lo cual es redundante. No puedo pensar que se esté dando una subvención sin causa de una forma consciente y deliberada".
Además, Gómez señaló ante el fiscal que "las lentes para ver el menoscabo" no las tenía él solo sino todos los que hubieran conocido esa circunstancia y teorizó sobre el concepto de menoscabo de fondos públicos. "Es un concepto muy claro del derecho financiero (*) se tiene que tratar de un daño efectivo y daño efectivo no había, esa es la razón. No puedo más que reiterarme en que aquello era una operación que tenía riesgos, que podría causar un perjuicio y evidentemente un déficit pero un déficit no es un menoscabo de fondos públicos", ha subrayado.
Al hilo de ello, el magistrado Alberto Jorge Barreiro le advierte de que "no se requiere un daño efectivo" sino "un mero riesgo y el riesgo usted lo ha declarado varias veces en su declaración, encima con el adjetivo de muy importante".
Gómez calificó además de "incierto" lo declarado por Griñán sobre que se instruyó a la Intervención para que si aparecía fraude se elaborara informe de actuación y que la Intervención siempre consideró que el procedimiento era legal. "Jamás se ha instruido a la Intervención y jamás se ha hastruido a mí sobre ese particular", insistió el funcionario.
De ese modo, ha defendido que su departamento "hizo lo que tenía que hacer" y plasmó sus advertencias en un informe que era el que su departamento consideraba "que era el adecuado y dirigido a los mismos a los que hubiera ido dirigido un informe de actuación".
Así las cosas, a su juicio, "la responsabilidad está en el destinatario" y el interventor "no puede tener una adicional, como han demandado algunos responsables políticos".
