Ante Alaya dijo que el Consejo de Gobierno andaluz tuvo "conocimiento" de las irregularidades sobre el sistema de ayudas vinculadas a los ERE
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El que fuera Interventor General de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez comparece este martes ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que le interrogará en calidad de imputado sobre su responsabilidad en las advertencias que se dieron en relación con los trámites de concesión de los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía y otras ayudas socio-laborales.
La comparecencia de Gómez Martínez se produce tras finalizar el instructor de la causa el interrogatorio de los cinco aforados nacionales, entre los que se encontraban los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que afirmaron no haber tenido conocimiento de ningún informe de la Intervención que les advirtiera de irregularidad alguna en el sistema de concesión de ayudas.
Gómez ya está imputado en la causa que tramita la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y ahora es llamado ante el alto tribunal en la misma situación procesal, por lo que debe comparecer asistidos de letrado y no tiene obligación de decir verdad. La petición para su interrogatorio fue realizada por los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar y también fue solicitada por él mismo y por la acusación popular que ejerce Manos Limpias.
El propio Gómez mostró su interés en testificar ante el alto tribunal al considerar "inverosímil" la versión del Griñán de que no conocía los informes de la Intervención.
COMPLETO "CONOCIMIENTO" DE LAS IRREGULARIDADES
Cabe recordar que en su declaración ante la juez Alaya, en julio de 2013 manifestó que el Consejo de Gobierno andaluz al completo tuvo "conocimiento" de las irregularidades reflejadas en distintos informes por la Intervención en torno al sistema por el que se concedían las ayudas vinculadas a los ERE.
Gómez calificó de "absolutamente impensable" que el entonces presidente de la Junta y consejero de Hacienda entre los años 2004 y 2009, José Antonio Griñán, "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General, ya que se trataba, a su juicio, "de una patología presupuestaria singular".
En este sentido, el imputado hizo mención a varios aspectos significativos que le llevaron a afirmar todo lo anterior, como son, en primer lugar, que, en abril de 2003, el Consejo de Gobierno andaluz acordó "que se analizaran los expedientes de las transferencias de financiación", mientras que, en segundo lugar, mencionó que la Intervención alertó en 2005 de que, en el ejercicio 2003-2004, "existía un desfase presupuestario de 93 millones" que "suponía una quiebra del principio de estabilidad presupuestaria".
Por todo ello, el imputado subrayó que las irregularidades detectadas "eran de notorio conocimiento de todo el Consejo de Gobierno andaluz", llegando a afirmar que "se puede presumir" que dicho Consejo de Gobierno "aprobó el sistema de junio de 2001", en relación al sistema de transferencias de financiación para pagar las ayudas sociolaborales.
Asimismo, el exinterventor, que no obstante ha defendido la legalidad del procedimiento, puso de manifiesto que cuando en 2010 el sistema de las transferencias de financiación se sustituyó por la denominada encomienda de gestión el sistema "no varió ni mejoró" porque seguía sin existir una fiscalización previa.
De igual modo, reveló que durante el año 2012 se reunió con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "para mostrarle su descontento y su protesta más enérgica a las imputaciones políticas que le estaba haciendo el Gobierno andaluz", pero Aguayo le dijo que el aludido sistema de transferencias de financiación era correcto.
NO HUBO INFORME DE ACTUACIÓN
Asimismo, y durante su declaración, Manuel Gómez explicó a la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla que no realizó un informe de actuación en torno a las irregularidades detectadas, y a fin de que éstas se elevaran al Consejo de Gobierno, porque no podía al no haber detectado un menoscabo en los fondos públicos y porque "hubiera tenido el mismo efecto que el informe adicional, que se quedó en un cajón".
"El consejero responsable de IDEA lo habría dejado en un cajón", señaló el imputado, a quien la juez cuestionó sobre si recibió "presiones políticas" a fin de que no emitiera el informe de actuación, pero el imputado lo ha negado en todo momento.
CARTA REMITIDA AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO
En aquella declaración, Gómez ratificó la carta que en noviembre de 2012 había remitido al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, en la que señalaba que Griñán y Aguayo "cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".
Hay que recordar que, en dicha carta, Manuel Gómez recordó que la Intervención "advirtió hasta 15 veces de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31.L", más conocido como 'fondo de reptiles', "y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo".
