Expertos de Loyola apuntan que "el lastre de la legislación española sobre cooperativas es su acusada politización"

Actualizado 07/12/2014 16:53:18 CET

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesores del departamento de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía Manuel Paniagua y Julio Jiménez han advertido de las negativas consecuencias provocadas por el exceso de normativa cooperativa y la politización de la legislación cooperativa en España, de forma que consideran que "el lastre de la legislación española sobre cooperativas es su acusada politización".

En una nota de la Universidad Loyola se apunta que "la distorsión normativa" que sufren las sociedades cooperativas en España ha sido objeto de análisis por parte de Manuel Paniagua y Julio Jiménez, profesores de la Universidad Loyola Andalucía, en el artículo 'La necesidad de una legislación cooperativa adecuada: aspectos mercantiles, tributarios y de Derecho Comunitario', publicado en la revista científica Ciriec-España, en su número 81.

Tal y como explican los autores, "la legislación cooperativa promulgada en España después de la norma fundamental se caracteriza por ser una legislación dispersa, volátil, y disfuncional y, en consecuencia, claramente inadecuada, no ya para el fomento de las sociedades cooperativas sino, incluso, para su propia pervivencia como modelo alternativo de organización empresarial".

Han indicado que, como singularidad mundial, la regulación en el mercado de las sociedades cooperativas "se contiene en una norma de ámbito nacional, con apenas aplicación, y en 16 normativas autonómicas", lo que provoca "una gran inseguridad jurídica por el exceso de legislación, la continua reforma --volatilidad--, la competición normativa entre autonomías para ofertar la legislación menos exigente e, incluso, por las dificultades para determinar la normativa aplicable, sobre todo, en supuestos de colaboración o integración cooperativa".

Agrega que a ello "hay que añadir que la normativa tributaria está desfasada y que su reforma peligra por la aplicación de la jurisprudencia comunitaria sobre ayudas públicas a las empresas".

Asimismo, sumado a lo anterior, los autores advierten de que "el principal lastre de nuestra legislación cooperativa, histórica y vigente, es su acusada politización, lo que se ha agudizado en nuestro Estado autonómico".

"El fomento público de la cooperación, como intuyó nuestro legislador constituyente, pasa en primer lugar por una legislación adecuada, en una doble perspectiva", han indicado los expertos, quienes ven necesario, en primer lugar, "una adecuación en la técnica legislativa, pues hay que armonizar o aproximar el conjunto de 17 leyes cooperativas hoy vigentes".

Consideran que en segundo lugar, "es necesaria una adecuación en el contenido de la normativa cooperativa". Como indican los autores, "debemos retomar la conciencia de que cualquier configuración legal no da origen a una sociedad cooperativa".

Añaden que "si no se respetan los valores y los principios cooperativos, admitidos internacionalmente, no tienen sentido ni leyes cooperativas, sustantivas o tributarias, ni plantear su adecuación o no a nuestra Constitución que recoge un mandato de fomento a favor de las sociedades cooperativas".

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