Exsecretaria de SAE: El control financiero permanente para subvenciones es una barbaridad

 

Exsecretaria de SAE: El control financiero permanente para subvenciones es una barbaridad

María José Simó Hernández, ex secretaria provincial del SAE en Huelva
EUROPA PRESS/PARLAMENTO
Publicado 18/04/2016 20:05:58CET

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ex secretaria provincial del Servicio Andaluz Empleo (SAE) en Huelva entre junio de 2010 y octubre del 2015 María José Simó Hernández ha considerado este lunes que aplicar el control financiero permanente al régimen de subvenciones es "una barbaridad", por lo que ha defendido la necesidad de una modificación en la normativa, porque "no se puede subsanar una presunta irregularidad cometida a posteriori porque hay que iniciar expedientes de reintegro, con el peligro que ello conlleva, porque la empresa no exista o no sea solvente", entre otras circunstancias.

Simó Hernández ha manifestado que su citación ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz por el presunto fraude en las ayudas a la formación ha sido "un error" pues, según ha señalado, "en la lista de comparecientes aparezco como exsecretaria general y yo nunca he tenido ese cargo". "Se me debería haber citado con el resto de compañeros funcionarios porque mis cargos en la Junta siempre han sido en condición de funcionaria", ha agregado.

Así, ha explicado que sus funciones en el SAE no estaban relacionadas con la gestión de la formación profesional, sino que se encargaba de asuntos de personal, de administración general y del régimen interior de la Delegación.

De esta manera, Simó Hernández ha denunciado la falta de personal que sufría su departamento, algo que puso en conocimiento de sus superiores en diversas ocasiones, así como ha considerado que el traspaso de competencias y las consecuentes mudanzas y reubicaciones "no ha beneficiado" para el mejor funcionamiento del servicio.

Con todo, ha insistido en reclamar un cambio en la normativa de subvenciones porque "hemos llegado a una situación en la que se criminaliza la actuación de los funcionarios, que sufren un grave daño que no sé si será reparable".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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