SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Facua-A ha reclamado este viernes la creación de una Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores para luchar con eficacia contra el fraude a los candidatos a las elecciones autonómicas del próximo 22 de marzo.
La federación demanda también la aplicación de multas "ejemplarizantes" ante los fraudes masivos, algo "inédito" en Andalucía, y un cambio legal para que los usuarios que sufren abusos puedan reclamar indemnizaciones, según recoge en una nota la organización de consumidores.
Facua-A ha elaborado un documento con 60 reivindicaciones que está remitiendo a las formaciones políticas que concurren a los comicios que tendrán lugar el 22 de marzo. El secretario general de la federación y portavoz de su organización a nivel nacional, Rubén Sánchez, ha presentado este viernes en rueda de prensa las 60 propuestas de Facua Andalucía sobre políticas de defensa de los consumidores.
En relación a la creación de la Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores, el documento señala que "la protección de los consumidores y usuarios debe recaer en un organismo que concentre las competencias en una sola estructura administrativa, que actúe de forma global y coordinada con el resto del Ejecutivo y que tenga autonomía para ello".
Facia-A demanda una Agencia con "una estructura administrativa ágil y eficaz donde sea posible concentrar recursos suficientes para luchar eficazmente contra el fraude". "Un organismo con presupuesto propio, vinculado a una consejería de carácter transversal y de relevancia económica y política dentro de la estructura del Gobierno andaluz", ha subrayado.
"Durante esta crisis económica, los abusos contra los consumidores se están produciendo con mayor virulencia que nunca y las empresas que cometen fraudes masivos no están siendo objeto de las sanciones que merecen", ha denunciado el secretario general de Facua-Andalucía, que advierte de "una alarmante ausencia de mecanismos eficaces y transparentes de control del mercado".
"El próximo Gobierno andaluz debe garantizar, y los partidos de la oposición reclamar, que la protección de los derechos de los consumidores y la lucha contra el fraude sea una política prioritaria en la que se impliquen todas las consejerías", ha reclamado Sánchez.
Facua-A también demanda la "regulación de los servicios de atención al cliente", estableciendo entre otras cuestiones la gratuidad de las líneas telefónicas en determinados sectores.
REGULAR LA INDEMNIZACIONES A LAS VÍCTIMAS DE FRAUDES
Asimismo, la federación pide la "aprobación de una norma que regule expresamente la reparación del daño causado al consumidor y el procedimiento para ser indemnizado y, en su caso, acuerde la devolución de las cantidades indebidamente abonadas".
En este sentido, el secretario general de la federación ha señalado que "una forma eficaz de reducir los fraudes es obligar a las empresas que los cometen a abonar una indemnización a los afectados, independientemente de la obligación de cumplir sus contratos y devolver las cantidades cobradas indebidamente".
SANCIONES MÁS ELEVADAS
En cuanto a las multas, Facua-A exige la "revisión y actualización del régimen sancionador y sus cuantías (...) para garantizar que las sanciones impuestas cumplan su función disuasoria frente a conductas que atentan contra los derechos de los consumidores".
Sánchez ha recordado que "la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, aprobada en 2003, supuso un gravísimo retroceso, al reducir el importe de las multas con respecto a las vigentes desde mediados de los años 80".
"Sea cual sea el marco sancionador establecido en la ley, de nada servirá si no hay voluntad política para aplicar multas propocionales a la gravedad de los fraudes que se cometen contra los consumidores", ha advertido el secretario general de Facua-A, que considera "inaceptable la laxitud con la que, Gobierno tras Gobierno, se actúa frente a las graves irregularidades que cometen numerosas empresas".
El documento de Facua-A también recoge la necesidad del "refuerzo de la protección del consumidor en relación con servicios esenciales", como la banca, las telecomunicaciones y la energía. Asimismo, demanda la "regulación de la protección de los consumidores vulnerables y mínimos vitales, garantizando el acceso a servicios básicos esenciales: luz, agua, vivienda, y aumentando el control sobre las prácticas abusivas".
El secretario general de Facua-A ha demandado que el Ejecutivo que salga de las próximas elecciones autonómicas "abra la concertación con el movimiento de consumidores, al que debe reconocerse de una vez su papel como agente económico y social".
