SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem) ha recurrido la decisión de la juez Mercedes Alaya de denegarle la licencia solicitada para querellarse contra Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta que denunció las "graves" irregularidades en la concesión de cursos de formación, después de que éste realizara graves acusaciones respecto a algunos de los cursos impartidos por Faisem.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, Faisem recuerda que la magistrada denegó dicha licencia al entender que, "en todo caso, se habría producido la figura no de la injuria o calumnia, sino de la falsa denuncia y, en consecuencia, es requisito de procedibilidad para perseguir el delito de falsa denuncia la terminación de la causa, bien por sentencia firme o bien por auto, también firme, de archivo".
"A esta exigencia legal nada debemos contestar, más que no se trata de denuncia falsa", asevera Faisem, que recuerda que, en su auto, la juez aseguró también que en este caso "no concurre ánimo falsario en el testigo", lo que para la fundación "se trata de una prematura opinión de quien resuelve", pues "corresponderá en su caso al Juzgado que haya de conocer de la querella la valoración y determinación del 'animus injuriandi', de si existe o no ánimo falsario que constituye el delito".
A juicio de Faisem, las manifestaciones de Teodoro Montes sobre que a los alumnos del curso "se le aplicaban tranquilizantes o drogas para que soportar sin quejas o alborotos" las condiciones en las que se daba dicho curso, "del todo falsas, no son propiamente constitutivas de falsa denuncia o de imputación de un delito concreto, sino que inciden en unas parcelas ajenas a lo económico, para centrarse en la honorabilidad, reputación y buen hacer de Faisem, y obviamente de sus profesionales, de los que se llega a decir que administraban esos fármacos o tranquilizantes a las personas usuarias, aquejadas de enfermedad mental".
Estas manifestaciones "indudablemente atentan contra la reputación de esta fundación y sus profesionales, contra su buena fama, renombre o concepto público que de ella se tiene".
"Si esta fundación ha de dirigir sus esfuerzos y recursos a la protección e integración social y laboral de un colectivo tan vulnerable en todos los órdenes como son las personas que padecen enfermedad mental, el hecho de que se le impute que no sólo no lo lleva a cabo sino que, además se ocupaba de lo contrario, sometiéndolos a condiciones física y psíquicas gravemente perjudiciales y llegando incluso a administrarles medicamentos para que lo soportaran sin queja, afecta directa y frontalmente a su honor y buen nombre", alega.
"HONOR MANCILLADO"
Además, esas manifestaciones "no menos graves son respecto de las personas afectadas de trastorno mental grave y sus familias, a las que con esas manifestaciones se les daña en su dignidad y se les estigmatiza una vez más, considerándolos de segundo orden y sin opción al mínimo respeto a sus derechos como personas". Es decir, las declaraciones de Montes "dañan las imagen pública de Faisem, desprestigian a sus profesionales y también ofenden directamente a las personas con enfermedad mental grave y sus familias", resume.
Sobre el hecho de que la juez aluda a la terminación de la causa para poder interponer una querella contra el testigo por falsa denuncia, Faisem asevera que, "si bien es cierto que la falsa denuncia sólo puede perseguirse una vez finalizada la causa en la que se hubieren vertido, en este caso nos veríamos obligados a esperar una muy larga instrucción para iniciar las actuaciones contra el falso denunciante tendentes a restablecer el honor perjudicado".
Faisem tacha esta espera de "inútil" para restablecer un honor "que ha sido mancillado ya, lo que no haría más que limitar incomprensible e injustificadamente el derecho" de la fundación a iniciar las actuaciones "que en defensa de su honor estime convenientes", por lo que "la decisión del Juzgado de postergar la autorización a la finalización de una causa o de una instrucción de la que nada puede derivarse" para Faisem "carece de cualquier sentido y no hace más que impedir el acceso a los medios que la Justicia pone a su alcance para estos supuestos, como es la querella por injurias contra quien ha realizado tan graves, falsas e infundadas manifestaciones".
"Si bien el requisito de la previa licencia solicitada está en ocasiones justificado y así ha sido admitido por el Tribunal Constitucional, no es menos ciertos que también atendiendo a esas circunstancias de la imposibilidad de perseguir esas supuestas e inciertas conductas carece de cualquier justificación", concluye el recurso.
Hay que recordar que la juez Alaya también negó la licencia a CCOO para querellarse por calumnias e injurias contra Teodoro Montes.
