Las familias de la Corrala celebran el anuncio de la Consejería y prevén levantar la acampada esta noche

Acampada en la Plaza Nueva.
EUROPA PRESS
Publicado 09/04/2014 14:27:40CET

Esperan firmar este jueves los "contratos" de su realojo transitorio hasta que estén listas las viviendas sociales de San Bernardo

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las familias desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, al habitar sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', han explicado este martes que la Administración autonómica habría puesto a su disposición un total de diez viviendas protegidas y sufragará los alquileres de otras tantas, para realojar provisionalmente al colectivo hasta que en septiembre u octubre esté listo el edificio de viviendas sociales que la Junta de Andalucía promueve en el barrio de San Bernardo, destino definitivo de estas personas según manifiestan.

Después de que la Consejería de Fomento y Vivienda haya anunciado que asumirá el realojo de estas personas, el colectivo de familias y sus partidarios se han reunido en la Plaza Nueva, donde algunos de los miembros de estas familias protagonizaban una precaria acampada con sacos de dormir, mantas y otros pertrechos. Allí, han celebrado con abrazos y cánticos la solución anunciada por la Consejería de Fomento, dirigida por Elena Cortés (IU-CA). Una de estas personas, llamada Ana pero conocida como 'Ana Madre' al tratarse de la mujer más veterana del colectivo, ha explicado a Europa Press que la Administración andaluza ha comunicado a las familias su decisión de asumir en solitario el realojo de todas estas personas.

En concreto, y según ha explicado esta anciana, la Consejería de Fomento y Vivienda pondría a su disposición "diez" viviendas sociales y sufragaría el alquiler de otras viviendas de renta libre al objeto de realojar a todas las familias, si bien se trataría de una solución transitoria hasta los meses de septiembre u octubre, cuando inicialmente estaría listo el edificio de viviendas sociales promovido por la Administración andaluza al borde del barrio de San Bernardo, en la confluencia de las avenidas de Carlos V y Juan de Mata Carriazo. Según las familias, las viviendas sociales de este edificio serían su destino definitivo. "De momento, la Junta paga todo y ya en San Bernardo tendríamos que pagar un alquiler social", ha explicado.

LEVANTAN LA ACAMPADA

Toñi, otra de las mujeres del colectivo, ha explicado a Europa Press que aunque no será hasta este jueves cuando firmarán los contratos relativos al realojo transitorio, todo estaría siendo arreglado para que todo el colectivo de familias pernocte esta noche en las diez viviendas protegidas de titularidad autonómica supuestamente puestas a su disposición. Dado el caso, la pretensión del colectivo es celebrar una concentración en la Plaza Nueva en torno a las 19,00 horas para levantar la acampada a las 22,00 horas.

"Vamos a seguir luchando. Hay mucha gente que lo está pasando mal y no deben tener miedo a luchar", han manifestado finalmente estas mujeres. La solución anunciada por la Consejería de Fomento y Vivienda llega después de que el viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián (IU-CA), solicitase al Ayuntamiento 16 viviendas protegidas de titularidad municipal para unirlas a seis viviendas públicas de titularidad autonómica, y realojar así a la totalidad de las familias.

El Ayuntamiento, en ese sentido, esgrimía que la adjudicación y entrega de sus viviendas públicas está sujeta al baremo de los servicios sociales municipales en el caso de las viviendas sociales y al registro de demandantes de viviendas en el caso de las viviendas protegidas comunes y corrientes, por lo que avisaba de los peligros de buscar "atajos" a la hora de adjudicar las viviendas públicas.

LA CORRALA UTOPÍA

Estamos hablando del colectivo de familias que habitaba sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.

Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. Las familias, en ese sentido, esgrimían que su reivindicación no era otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de unas ocho familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba a finales de enero un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas y en febrero reclamó ya que las fuerzas de seguridad del Estado diesen cumplimiento a dicha orden, lo que motivó que Policía Nacional consumase el pasado domingo el desalojo efectivo del bloque de viviendas.

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