Foto: EUROPA PRESS
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SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha dado este martes luz verde al inicio de los trámites del anteproyecto de la Ley andaluza de Movilidad Sostenible, que plantea como objetivos fundamentales incrementar el uso del transporte público y de los medios no motorizados, como la bicicleta, en el desplazamiento de personas, y del ferrocarril en el transporte de mercancías.
El texto, que está previsto que llegue al Parlamento a mediados de 2015, establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental, según ha explicado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IULV-CA), en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
En este sentido, una novedad también en el conjunto de la normativa española, es que los proyectos en el ámbito de la movilidad deberán incluir un informe sobre este tipo de costes externos y reglamentariamente se determinarán los umbrales a partir del cual se considerará la construcción de la infraestructura, en atención a los costes sociales y ambientales".
De este modo, los estudios informativos de las obras relativas a nuevas infraestructuras, como carreteras o vías ciclistas, se realizarán no sólo en función de la ecuación demanda de viajeros-viabilidad económica, como hasta ahora, sino también atendiendo a externalidades como la contaminación atmosférica y acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en la salud pública, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la congestión de tráfico o la monopolización del espacio público por parte del coche (que necesita 30 veces más que el autobús para transportar al mismo número de personas).
La consejera ha indicado que el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible --que establecerá el programa completo de servicios e infraestructuras de transporte recogido por la Junta, con previsiones de inversión y todo el marco de medidas para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en ferrocarril de mercancías-- será fundamental para cumplir el objetivo de racionalización de la inversión, ya que incluirá las determinaciones normativas para que la implantación de una nueva infraestructura destinada al transporte público colectivo esté basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.
Así, a la hora de concebir una nueva infraestructura del transporte (una carretera o una vía ciclista) se debe tener en cuenta no sólo su viabilidad en función del coste económico y demanda de viajeros, sino que además se deben considerar los costes externos. La Consejería elaborará un reglamento con la metodología para calcular los costes externos. Sobre esa metodología, los proyectos de nuevas infraestructuras deberán incorporar siempre un informe.
La consejera ha recalcado que la eficiencia en el gasto está consagrada en el anteproyecto como principio rector de la administración, mientras que también incluye entre sus principios la imputación de los costes de la contaminación al agente contaminante, esto es, "el principio de quien contamina, paga".
SUFRAGAR COSTES POR PARTE DE PROMOTORES
Asimismo, el anteproyecto establece que los planes e instrumentos urbanísticos que supongan un significativo incremento de la movilidad deben acompañar un estudio de impacto de la movilidad generada. Dichos estudios evaluarán el incremento potencial de desplazamientos provocado por la nueva planificación, determinarán la capacidad de absorción de la mayor demanda por las infraestructuras existentes y plantearán medidas para absorberlo.
La Consejería emitirá un informe vinculante sobre dicho estudio en un plazo de tres meses, al tiempo que los promotores deberán obligatoriamente contribuir a sufragar los gastos por el incremento de los costes de las infraestructuras para la nueva movilidad generada, en los porcentajes que se establezcan reglamentariamente.
"Es decir, si un desarrollo urbanístico aislado implica la construcción de una nueva infraestructura, el promotor deberá contribuir económicamente a sufragarla", ha apuntado Cortés.
Además del Plan Andaluz de Movilidad Sostenible, la norma recoge los planes Territoriales de Movilidad Sostenible de las Aglomeraciones Urbanas (Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla); los planes de Movilidad Urbana Sostenible, y los planes de los Centros Generadores de Movilidad. Todos ellos estarán aprobados antes de finalizar 2015, puesto que ya se encuentran en tramitación el andaluz y los territoriales.
Los ayuntamientos tendrán que aprobar sus respectivos planes Urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos que determinen los Planes Territoriales por sus problemas de movilidad. Esta planificación de ámbito local, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento.
CENTROS GENERADORES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Asimismo, los planes Urbanos identificarán los denominados 'Centros Generadores de Movilidad Sostenible', en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los centros educativos con más de 250 (entre alumnado y profesorado), los polígonos industriales y parques empresariales, las grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, así como los estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Todos estos centros generadores deberán contar con planes específicos en el plazo de un año desde su identificación, así como con gestores de movilidad.
El anteproyecto incluye, por otro lado, medidas concretas sobre el transporte público colectivo y de mercancías, así como de fomento del uso de la bicicleta. Con respecto a este último, los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis por vivienda.
De otro lado, la consejera ha señalado que, en el plazo de un año, la Junta aprobará un plan de renovación de su parque móvil para dotarlo de vehículos de bajas emisiones y energéticamente eficientes. Preguntada sobre si se había contemplado la posibilidad de incluir en la norma la rebaja de impuestos para personas que fueran a trabajar en bicicleta, la consejera se ha limitado a indicar que se ha elaborado el anteproyecto que su departamento quiere remitir al Parlamento.
El anteproyecto también contempla el Observatorio Andaluz de la Movilidad Sostenible y la Logística, cuya creación ha sido aprobada este martes por el Consejo de Gobierno. Este órgano colegiado consultivo, adscrito a la Consejería de Fomento y Vivienda, facilitará la participación social y generará conocimiento y soporte técnico para las políticas del Ejecutivo andaluz en la materia.
Además, desarrollará funciones de información, investigación, formación y documentación para mejorar la rentabilidad social, económica y ambiental del sistema de transportes en la comunidad autónoma.
