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SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía han acordado designar un grupo de trabajo que se encargue de proponer una solución a las "discrepancias" entre ambas administraciones sobre varios artículos del Decreto-Ley 5/2015 de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas aprobado el pasado mes de abril por el Ejecutivo autonómico.
Así lo establece un acuerdo adoptado el pasado 24 de julio por la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.
En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias en relación con los artículos 1 a 4" del citado Decreto-Ley, así como sobre los apartados 37, 38, 40, 41, 43, 44 y 61 del Anexo I; 6 y 12 del Anexo II; y los apartados 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.22 y 2.23 del Anexo III".
Ante las "discrepancias" expresadas por la Junta sobre la regulación estatal, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".
Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".
El Decreto-ley aprobado en abril por el Gobierno andaluz permitirá simplificar 64 trámites derivados de normativa autonómica que afectan al inicio o al desarrollo de la actividad económica. Según la Junta, el textoagiliza también el trámite de calificación ambiental en 36 actividades, abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar actividades económicas inocuas a efectos de licencias municipales y refuerza las funciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía para incorporar las relativas a la regulación económica.
De los 64 procedimientos recogidos, 23 son autorizaciones administrativas que se sustituirán por el trámite de 'declaración responsable', que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad; 22 pasarán a requerir tan sólo una comunicación previa, limitada a la notificación, y los 19 restantes se eliminarán totalmente.
