Alega que "nunca ha tenido facultades para diseñar 'procedimientos' y menos aún para ponerlos en marcha"
SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso de los ERE fraudulentos, ha recurrido el auto donde la juez María Núñez Bolaños acordó incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, incluyendo dentro de esta pieza a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 50 altos cargos, entre ellos el propio Guerrero.
En su recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Guerrero pone de manifiesto que el auto "adolece de una enorme pobreza en cuanto a posibles indicios" contra el imputado, señalando que en sus razonamientos jurídicos establece "la participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico".
Frente a ello, Guerrero "nunca ha tenido facultades para diseñar 'procedimientos' y menos aún para ponerlos en marcha", dice su defensa, que asevera que la juez "se contradice", por cuanto a lo largo del auto "señala a la Consejería de Hacienda como artífice del procedimiento en cuestión en detrimento de lo dicho anteriormente".
"No es posible crear un procedimiento de pago al margen de la Consejería de Hacienda y de la Dirección General de Presupuestos", afirma la representación de Guerrero, que añade que "si la inclusión" del imputado "se debe a la de ejecutar dicho procedimiento, ha de ser exonerado de cuantas piezas se vayan a abrir, así como de las ya aperturadas desde el 30 de julio".
"NO ES LEGAL NI LÍCITO ENJUICIAR POR ALGO YA ENJUICIADO"
A su juicio, "no es legal ni lícito enjuiciar por algo ya enjuiciado", ya que, "efectivamente, estaríamos ante un doble enjuiciamiento por la misma causa", según expone en este recurso de reforma en el que, además, se persona en la pieza separada del convenio específico.
Asimismo, dice que la juez es "exhaustiva" al incidir en el auto en diversas formas del procedimiento específico como "convenio marco, transferencias de financiación, modificaciones presupuestarias, instrucciones de la Dirección General de Presupuestos, encomiendas de gestión...", pero "sin embargo olvida la Orden Ministerial de junio de 1995 como marco legal de las ayudas según manifestó" el imputado en su declaración del pasado 21 de octubre.
"Dejamos interesado desde este momento el estudio de dicha Orden como marco real y legal de cuanto aquí se discute", manifiesta la defensa de Guerrero, que pide a la juez que reforme el auto recurrido y que, en casa de que no lo haga, incorpore en formato papel su declaración del mes de octubre.
"INDEFENSIÓN"
La defensa de Guerrero entiende que el auto "no da respuesta a la falta de tutela judicial efectiva e incide en la indefensión provocada" por el auto de 30 de julio donde la magistrada acordó dividir la causa en piezas separadas.
La pasada semana, la juez acordó incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación" por hechos relativos a la participación "activa y consciente" de hasta 52 personas, entre ellas Chaves y Griñán, en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico.
En el auto se señala que, de los hechos reseñados, pudieran ser penalmente responsables 52 personas, entre las que se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como son, además de los expresidentes, los exconsejeros de la Junta José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.
Dentro de esta pieza separada, la magistrada incluye también a los exconsejeros Antonio Fernández, Magdalena Álvarez y Martín Soler, a varios exviceconsejeros y exresponsables del IFA-IDEA, a los que fueran miembros del Consejo Rector, entre ellos Braulio Medel, y al que fue responsable de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.
