Dos agentes de la Policía Local denuncian también a la primera edil socialista por una orden general "para no denunciar"
SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Osuna (Sevilla) ha incoado diligencias previas por una denuncia presentada ante la Fiscalía de Sevilla por dos agentes de la Policía Local contra la alcaldesa, Rosario Andújar (PSOE), el delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Juan Antonio Jiménez, y el jefe accidental de la Policía Local, Antonio Navarro, entre otros, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y otros contra la administración pública.
En un auto, con fecha de 18 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ignacio Carlos Rubio Herrera señala que, tras recibir las actuaciones de investigación de la Fiscalía de Sevilla, los hechos hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Por ello, incoa diligencias previas y acumula los hechos denunciados ante el Ministerio Público a la causa abierta con anterioridad a raíz de la denuncia de uno de los agentes, José Francisco Rodríguez Brenes, contra el jefe accidental de la Policía Local y la alcaldesa por acoso laboral.
En mayo de este año, Brenes y el agente Antonio Manuel Lara Martín presentaron una denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ante la Fiscalía contra Rosario Andújar; el delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento, Juan Antonio Jiménez; el anterior delegado de Seguridad, Rafael Maraver; y Antonio Navarro, jefe accidental de la Policía Local, entre otros, como coautores, colaboradoras y/o encubridoras, de delitos de "negociaciones privadas a los funcionarios públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, contra la integridad moral, de encubrimiento, contra los derechos de los trabajadores y de tenencia ilícita de armas".
El principal hecho que denuncian los agentes es la "orden general de no denunciar" que tiene dada la alcaldesa socialista y, en caso de hacerlo, "de no tramitar las denuncias que los agentes impongan, salvo aquellas que ella diga". "La alcaldesa, a través de distintas maquinaciones, obliga a que la Policía actúe a su arbitraria voluntad, de manera que, para ganarse el favor de su pueblo, tiene dispuesto expresamente al responsable de Negociado de Sanciones y al delegado de Seguridad para que le transmitan al jefe de la Policía Local y éste a su vez a los agentes que no se interpongan denuncias como regla general", un hecho que, según los denunciantes, puede constituir un presunto delito de prevaricación.
La obligación "legal" de denunciar de la Policía Local la presunta comisión de delito de los que tuvieran conocimiento viene expresamente contenida en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recuerdan.
"EL CHIRINGUITO DE ROSARIO"
"Osuna viene siendo conocida como 'El chiringuito de Rosario', por cuanto ya es público y notorio que cualquier multa que imponga la Policía o no es tramitada, es retirada, no se notifica o se deja caducar por voluntad de la alcaldesa, de ahí que tenga el favor y el voto del vecino conocedor de que no va a ser 'molestado' por los agentes", exponen.
Entre las denuncias "no tramitadas, archivadas o rotas", se encuentran casos de obras no permitidas en VPO o actividades empresariales sin licencia. "El 50 por ciento de locales dedicados a actividades económicas carecen de licencia de apertura", han resaltado los agentes denunciantes, quienes apuntan la frase "habitual" del concejal Juan Antonio Jiménez Pinto, "tú abre, a ver cómo te va y ya lo vamos viendo".
Esta permisividad, según la denuncia presentada ante la Fiscalía, es "mayor" en cafeterías, bares, pub o discotecas, que en caso de tener licencia, ejercen su actividad de forma distinta a lo que tienen autorizado o excediéndose de las licencias.
Igualmente, denuncian a los principales cargos públicos de la localidad por delitos de corrupción, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental. Así, señalan que el municipio cuenta con un sistema de videovigilancia sin autorización. "Andújar solicitó la correspondiente autorización administrativa para la instalación de un sistema de cámaras en lugares públicos y ninguna extrañeza significaría ésta si no fuera porque dichas cámaras ya estaban instaladas y en funcionamiento desde hace años", explican.
"Las imágenes grabadas por estas cámaras han sido usadas en diligencias instruidas por la Policía Local y Guardia Civil, sin que los ficheros que generan estas cámaras figuren dados de alta en la Agencia Protección de Datos". En la denuncia se indica que esta ausencia de autorización ha sido puesta en conocimiento de la Delegación del Gobierno y de la propia Agencia.
En este sentido, apuntan que se han manipulado las fotografías de los lugares donde ya estaban colocadas las cámaras en la solicitud de autorización. Igualmente, se denuncia que la instalación del sistema se adjudicó a una empresa, cuyo administrador es un cuñado del actual delegado de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, Rafael Maraver, también denunciado.
Por entender que puede tratarse de un presunto delito de malversación y/o de negociaciones privados a los cargos públicos, piden la Fiscalía solicitar al Ayuntamiento la copia del expediente administrativo de adjudicación del contrato.
ACOSO LABORAL
El agente José Francisco Rodríguez Brenes, por su parte, también denuncia a la alcaldesa y al jefe accidental de la Policía Local por acoso laboral. Todo empieza, según el agente, "consecuencia de no acatar la orden de 'no denunciar'", siendo trasladado al Servicio de Zona Azul, "un destino denigrante para el agente", un puesto para lo que es habitual nombrar a policías de mayor edad o con ciertas limitaciones. Este hecho, para un agente con pasado en el Ejército y la Guardia Civil, era un "acto humillante".
Esta situación comienza a agravarse en diciembre de 2016, con el nombramiento del jefe accidental de la Policía Local, Antonio Navarro Lavado, hasta el último, en febrero de 2018, día en el agente tuvo que asistir al Hospital de Osuna, con un cuadro de estrés severo. Como consecuencia de este último episodio de mobbing se encuentra de baja con "trastorno depresivo mayor". Por parte de la alcaldesa, se le ha abierto más de media docena de expedientes disciplinarios y de información reservada.
DELITO DE PREVARICACIÓN
Otras de las cuestiones recogidas en la denuncia, como un hecho constitutivo de un presunto delito de prevaricación por parte de la alcaldesa y la Jefatura de la Policía Local, es "el total desprecio a la normativa vigente". Andújar en marzo de 2017 dictó un decreto para "anular todas las denuncias formuladas en todas las calles en las que Brenes y sus compañeros denunciaron".
"El éxtasis de la presunta actividad prevaricadora de Andújar es el bando de la Alcaldía de marzo del mismo año con el fin de desvincularse de las actuaciones de la Policía Local como jefa superior de dicho cuerpo y para no perder el apoyo de sus votantes que pudiera afectar a su mayoría absoluta", recoge la denuncia.
En el bando, adjuntado a la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la alcaldesa "desautoriza la labor de los agentes y ofrece ayuda a los vecinos que no estuvieren de acuerdo con la actuación policial" con respecto a las denuncias, dejando ver que "los agentes no desarrollan su labor con arreglo a la normativa vigente".
Por todo ello, estos dos agentes de la Policía Local solicitan tomar declaración en calidad de investigados a los denunciados, así como la citación para declarar de los denunciantes para ratificar los hechos expuestos. De momento, el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Osuna ya ha citado para el próximo 27 de septiembre a los dos agentes para que presten declaración en calidad de perjudicado.
