Alaya anula la grabación por la que está imputado el alcalde de La Algaba (PSOE)

Actualizado 19/04/2017 17:55:11 CET

La Audiencia considera que se ha "vulnerado" el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en un auto del que ha sido ponente la juez Mercedes Alaya, ha anulado la grabación en la que el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero (PSOE), habla de la adjudicación de contratos a un empresario por el hecho de ser el padre de una militante socialista y que derivó en su imputación por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

En un auto, consultado por Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial estima así el recurso interpuesto por la defensa del primer edil contra la resolución de agosto de 2016 en la que la juez de Instrucción número 3 rechazó su petición para que declarase la nulidad de dicha grabación.

De este modo, la Sección Séptima de la Audiencia considera que, en este caso, se ha "vulnerado" el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por lo que decreta la nulidad y expulsión del procedimiento de la grabación en soporte CD que, aportada junto con la denuncia inicial, dio origen a la causa.

La Audiencia también decreta la nulidad y expulsa de la causa la transcripción que de la misma se haya realizado, así como de las pruebas que "obtenidas a través de la misma así se considere por la instructora en virtud del control de la conexión de antijuricidad que debe realizar en todas las diligencias de investigación practicadas entre el contenido de la grabación y las diligencias derivadas".

En su recurso, al que se opuso la Fiscalía, la defensa del alcalde, ejercida por el abogado Juan Silva, consideraba que la grabación es "ilícita" en cuanto que se ha obtenido "violentando" un derecho fundamental como es el referente al secreto de las comunicaciones "que protege el secreto de las comunicaciones frente a terceros ajenos a ella".

A juicio del abogado de Diego Manuel Agüera, existe vulneración "no en la grabación, sino en la utilización de la misma por el denunciante", a lo que se suma la vulneración del artículo 24.2 de la Constitución Española en cuanto al contenido "anti incriminatorio" de la grabación.

"VICIADOS DE NULIDAD"

Tras conocer el auto, el letrado del primer edil ha manifestado a Europa Press que la grabación, "evidentemente, contiene una conversación privada entre amigos y entre personas que se conocen desde hace más de 20 años, en un marco de discusión", toda vez que "cuando se discute, creyendo que se está en privado, cada uno intenta llevar la razón expresándose en un lenguaje coloquial". Por ello, considera que el contenido de la grabación fue "totalmente sacado de contexto".

Además, ha considerado que con la anulación de la grabación, el atestado policial y otros aspectos que "sostienen" la causa quedan "viciados de nulidad", insistiendo en la idea de que esta "grabación con mala intención" estuvo instigada por el exalcalde de La Algaba José Luis Vega (IU), condenado en 2013 por un delito de cohecho.

El pasado mes de enero, el alcalde compareció como investigado ante la juez y defendió que el Ayuntamiento adjudicó a la oferta "más ventajosa económicamente", es decir, "a la más barata", el contrato promovido en 2010 para comprar diez carros de basurero y un equipo de baldeo móvil.

Así, el alcalde explicó que merced a los pliegos del concurso, "entregados" al juzgado en el marco de la investigación, la mesa de contratación del Ayuntamiento de La Algaba, conformada por dos funcionarios habilitados nacionales y presidida por el propio primer edil, habría propuesto la adjudicación del contrato a la citada empresa, perteneciente a las hermanas Elisa Isabel y Dolores Fátima Cano Gallardo, extremo finalmente "ratificado" en el seno de la junta local de gobierno.

CONTRATACIÓN "PERFECTA"

En ese sentido, defendió que el procedimiento de contratación fue acometido "perfectamente", o sea conforme a derecho, exponiendo que si en la documentación median dos facturas por el mismo concepto, fue porque la primera hubo de ser anulada por una incidencia contable relativa a la fecha de la emisión a finales de diciembre de 2010 y el hecho de que el pago del contrato fue acometido ya a comienzos de 2011.

Según el primer edil, la factura inicial fue "anulada" y fue emitida una nueva factura, ya con fecha de 2011, para facilitar el pago, toda vez que sólo hubo un abono del concepto y la maquinaría comprada fue "entregada" por la empresa y "recepcionada" por el Ayuntamiento.

En la conversación grabada y elevada a los juzgados, de cualquier modo, el alcalde de La Algaba trasladaba a una empleada municipal y militante socialista que en ese municipio "se está a los pies del PSOE", señalando que el Ayuntamiento adjudicó al padre de esta mujer un contrato municipal porque a él le salió "de la polla", porque había "más de 40 empresas" pujando por dicho contrato.

De su lado, el alcalde ya reconoció a Europa Press ser el autor de las declaraciones grabadas sobre las que se sustenta la investigación, pero las encuadró en una conversación derivada de un conflicto político con el entonces marido de la militante, asegurando que todas las contrataciones municipales están "bajo el paraguas de la legalidad", mostrando su "arrepentimiento" y pidiendo "perdón" por sus palabras.

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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