La juez Alaya impone a Medrano (IU) una fianza de 22.000 euros por el caso Agustín de Foxá

Actualizado 29/11/2010 14:29:13 CET

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado auto de apertura de juicio oral y ha impuesto como medida cautelar el pago de una fianza de 22.000 euros a la concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Josefa Medrano (IU), para quien la Fiscalía solicita siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por impedir la celebración de un homenaje en octubre de 2009 al escritor Agustín de Foxá en el centro cívico Tejar del Mellizo de la capital hispalense.

En el auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado día 23 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya argumenta que, "atendidas las penas solicitadas en los escritos presentados, así como, en su caso, la cuantía en que se cifran las responsabilidades civiles, es procedente adoptar las medidas cautelares interesadas por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares" que ejercen las asociaciones Fernando III y Ademán.

En este sentido, la juez declara abierto juicio oral contra Josefa Medrano por un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y por un delito de prevaricación, al tiempo que acuerda, como medida cautelar, que se requiera a la acusada a fin de que preste fianza por importe de 22.000 euros "para garantizar las responsabilidades civiles y costas, y si no las hiciera efectivas en término de una audiencia se embarguen bienes de su propiedad suficientes" para cubrir dichas responsabilidades, "o en su caso se acredite su insolvencia total o parcial".

Conviene recordar que la Fiscalía de Sevilla ha solicitado siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación para la concejal de Participación Ciudadana, Josefa Medrano (IU), ya que la concejal acordó denegar el espacio solicitado por las asociaciones Fernando III y Ademán "de forma arbitraria, sin motivar, teniendo conocimiento de la legalidad de la autorización ya concedida --dada previamente por la directora del centro cívico--, y dada la ideología ligada a la Falange y al franquismo del escritor".

En este sentido, relata que la asociación cultural Fernando III solicitó por escrito el día 14 de septiembre de 2009 una sala en el Tejar del Mellizo para un homenaje a Foxá a desarrollar el 6 de octubre, una solicitud que fue autorizada el 23 de septiembre por la directora del centro cívico, Cristina Paloma Torrego, al entender que "la entidad solicitante era una asociación cultural y debidamente inscrita".

No obstante lo cual, la concejal imputada "acordó, de forma arbitraria, sin motivar y teniendo conocimiento de la legalidad de la autorización ya concedida", denegar el espacio solicitado, "dando instrucciones" al jefe de Servicio de Participación Ciudadana "para que comunicara" a Cristina Paloma Torrego la denegación, "y para que ésta a su vez se lo comunicara a la asociación Fernando III, manifestándole que cualquier reclamación al respecto debería hacerse a través de la Delegación Provincial de Participación Ciudadana".

Al hilo de ello, asevera el fiscal que, "siguiendo las instrucciones de la inculpada", el 6 de octubre se denegó el uso de la sala, "que se encontraba a las 20,00 horas del referido día cerrada y vacía", por lo que los organizadores "decidieron celebrar el homenaje en el patio", añadiendo que este acto "tenía carácter literario, como constaba en los escritos de invitación al acto, e intervinieron los escritores Aquilino Duque y Antonio Rivero Taravillo". "El acto fue consentido por los encargados municipales presentes en el centro cívico, desarrollándose sin incidencia alguna", concluye la Fiscalía.

PETICIÓN DE CÁRCEL POR LAS ACUSACIONES PARTICULARES

De su lado, las acusaciones particulares que ejercen las asociaciones Fernando III y Ademán han solicitado hasta dos años de prisión y once de inhabilitación para la concejal de Participación Ciudadana, pues entienden que ha incurrido en un delito de prevaricación y en otro contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ya que la imputada basó su decisión "en motivos políticos e ideológicos, porque el poeta Agustín de Foxá estuvo relacionado con la Falange".

Así, la asociación cultural Fernando III, representada por el letrado Ángel Bordas, solicita para Medrano la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de prevaricación; dos años de cárcel, multa de 24 meses e inhabilitación por tres años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como el pago de una indemnización de 3.000 euros por los daños morales ocasionados a la asociación.

Por su parte, el abogado de la asociación Ademán, José Manuel Sánchez del Águila, solicita para la concejal la inhabilitación por siete años por un delito de prevaricación, así como 20 meses de prisión, 18 meses de multa a razón de 50 euros diarios e inhabilitación durante dos años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, además de una indemnización de 300 euros por los perjuicios sufridos.

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