SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 16 de Sevilla ha imputado a una de las responsables de la Corrala 'Utopía' a cuenta de los incidentes vividos el 26 de octubre de 2013 en las calles del centro de Sevilla al coincidir una protesta de la organización Coordinadora Antifascista con una manifestación de la plataforma Respuesta Estudiantil.
En una providencia fechada el pasado 5 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan Gutiérrez Casillas imputa a esta representante de la Corrala, identificada como María Yanes Martín, y la cita a declarar el próximo día 9 de diciembre, a partir de las 9,30 horas.
En esta causa, el juez mantiene imputadas a otras diez personas, pertenecientes a la organización Coordinadora Antifascista, quienes fueron detenidas por la Policía Nacional en relación a estos hechos por delitos contra los derechos fundamentales y desórdenes públicos.
Cabe recordar que un miembro de este colectivo fue arrestado la jornada de los propios acontecimientos, mientras que el resto de detenciones se produjeron pasadas varias semanas de los hechos, según han indicado a Europa Press fuentes del caso.
El sindicato Respuesta Estudiantil, que se define como una organización "patriota, apartidista y no subvencionada", había convocado una protesta para aquel sábado que partía desde la plaza del Salvador a las 18,30 horas.
LOS HECHOS
Frente a esta manifestación, la Coordinadora Antifascista de Sevilla convocó otra en el mismo lugar, pero a las 17,30 horas, para protestar por la movilización protagonizada por el colectivo anterior y para "demostrar que la población sevillana no les quiere y para no permitir que vuelva el fascismo".
La coincidencia de ambas manifestaciones derivó en altercados que motivaron la actuación de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).
Tras conocerse las detenciones, el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas consideró "desproporcionada" las mismas y reclamó la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero.
Así, consideró que "la detención no debe convertirse en una práctica sistemática y rutinaria ante cualquier situación presuntamente delictiva", pues para que esta se produzca "debe de tratarse de un caso de entidad suficiente como para enervar el principio constitucional del derecho a la libertad aunque sea provisionalmente, como en este caso, una detención policial".
En el presente caso, añade, "era innecesaria" la detención practicada contra estos "estudiantes".
DIMISIÓN
A su juicio, "deberían haber sido citados por la propia Policía o bien por el Juzgado mediante el conducto ordinario para la toma de declaración en calidad de imputados", punto en el que insisten en calificar dichas detenciones de medida "desproporcionada e injustificable, sin finalidad cautelar alguna y contraviniendo los criterios de oportunidad establecidos" por la Fiscalía General del Estado.
"Es de destacar la escasa peligrosidad de personas que carecen de antecedentes penales o policiales, por lo que pudieron haber sido citados personal y voluntariamente a comparecer en el juzgado o en dependencias policiales y evitar el lamentable espectáculo ocurrido a la vista de vecinos, padres y compañeros de estudios", asevera.
Por todo ello, reclamó la dimisión de Panadero, ya que las detenciones ordenadas "se han producido para tapar el enorme error político que supuso autorizar una manifestación con tintes racistas por el centro histórico de Sevilla, y en base a las críticas que ha sufrido desde comerciantes, vecinos y organizaciones en defensa de los derechos humanos".
"El derecho a la libertad y las garantías procesales están por encima de intereses políticos partidistas", concluye.
