SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha citado a declarar el próximo día 21 de octubre al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero y a dos ex interventores generales de la Junta.
Fuentes judiciales han informado de que la magistrada ha dictado una resolución en la que cita a declarar el 21 de octubre, a partir de las 9,30 horas, a Guerrero y al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, ambos imputados en la causa, mientras que ese mismo día también cita como testigo a la ex interventora general Rocío Marcos Ortiz.
La instructora ha citado a Guerrero después de que el propio imputado solicitara declarar de manera voluntaria en un escrito fechado el 10 de septiembre, y consultado por Europa Press, en el que su letrado, Fernando de Pablo, recuerda que "a lo largo de las presentes diligencias han sido varias las veces" que su patrocinado ha sido llamado a declarar tanto en sede policial como judicial.
En este sentido, el letrado añade que, a partir de la segunda citación judicial, Francisco Javier Guerrero "se ha ido acogiendo a su derecho constitucional a no declarar" por "consejo" suyo, ya que en el caso ERE "se ha venido padeciendo de una especie de secreto sumarial encubierto, al no contar la defensa con toda la documentación que venían manejando los investigadores".
"COMISIONES ILEGALES"
Al hilo de ello, el abogado critica que "la falta de acceso a la documentación y los criterios" por los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "la manejaba" han constituido "una continua indefensión" para Guerrero, "lo que ha provocado la actitud de guardar silencio".
En esta línea, dice que "especialmente llamativa fue la segunda declaración judicial" de Guerrero, ya que en el auto de ampliación de imputaciones que se le notificó "se señalaban unos supuestos ingresos recibidos periódicamente" por el ex director general de Trabajo "que eran atribuidos a comisiones ilegales, ante el asombro" del propio imputado.
Según el letrado, esta imputación "fue desmontada por esta parte en vía de recurso de apelación, mediante cotejo de certificaciones bancarias", punto en el que ha aseverado que este recurso no llegó a la Audiencia Provincial de Sevilla ante la puesta en libertad de su representado, "que era el fin inmediato", no obstante lo cual han solicitado su inclusión en los autos principales "a efectos de defensa, y se encuentra aún pendiente de proveer".
"INQUISITORIAL"
Por todo ello, el abogado solicitó a la magistrada que citara a declarar a Guerrero una vez "tenga completada la documentación de los investigadores y la defensa haya podido instruirse de la misma", solicitando que la comparecencia sea grabada con medios audiovisuales "que garanticen el fiel reflejo de lo que se depone".
"Siempre ha sido deseo de Guerrero colaborar al esclarecimiento de los hechos, pero en un clima de apertura en la investigación que no suponga vetos en determinadas líneas, desinterés en otras e inquisitorial en las más", concluye el escrito.
En el caso de los dos ex interventores generales de la Junta, fue la Sección Séptima de la Audiencia Provincial la que dictó un auto revocando una resolución de la juez Mercedes Alaya y aceptando la práctica de varias diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas que se tomara declaración como testigos-peritos a los integrantes del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas y a los dos ex interventores.
La Sala consideró "pertinente" y "útil" que se tomara nueva declaración al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez --ya imputado-- y, como testigo, a Rocío Marcos Ortiz, dado su interés para "precisar el concreto alcance que los mismos --en referencia a las memorias de control financiero e informes adicionales elaborados por esa Intervención General-- tuvieron, en particular, si derivó en instrucciones concretas al interventor de control financiero permanente y si se mantuvieron reuniones con los centros directivos afectados o con personal de la propia Consejería de Hacienda".
DETERMINAR LOS PRESUNTOS RESPONSABLES
El objetivo es la "determinación de los presuntos responsables de los hechos que se investigan", argumenta la Audiencia, que también acordó la aportación a la causa, por ser "de utilidad para la instrucción", de "todas las agendas en el periodo 2000-2011" de 12 imputados de las que la Junta pueda disponer "como cargo, empleado público o contratado externo --Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta".
Estos imputados son la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas; los ex directores generales de Trabajo Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex jefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois; el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el ex diputado Ramón Díaz Alcaraz y la ex asesora de Empleo María José Rofa.
