La juez Núñez vuelva a pedir al TSJA que investigue al diputado del PSOE Carmelo Gómez por Mercasevilla

Actualizado 30/03/2017 10:45:05 CET

La juez eleva por segunda vez la exposición razonada después de que el TSJA se la devolviera en enero por su "déficit argumental"

   SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

   La juez María Núñez Bolaños ha elevado por segunda vez al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la exposición razonada para que investigue al parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez por el supuesto pago por parte de Mercasevilla de las nóminas por un valor total de 8.390,55 euros que habría percibido cuando estuvo vinculado a empresas del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas mediante contratos que podrían ser "simulados".

   El pasado día 9 de enero, cabe recordarlo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA acordó devolver la exposición razonada a la juez dado su "déficit argumental" y a fin de que concretara la participación del aforado en los hechos que se relatan, motivo por el que rechazó, "por el momento", la apertura de un procedimiento penal contra Carmelo Gómez.

   En la exposición razonada, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez pide al TSJA que investigue tanto a Carmelo Gómez como a otras seis personas no aforadas ya imputadas en la causa, en concreto a Lanzas; a su cuñado, Ismael Sierra; al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; al exconcejal José Antonio García (PSOE); a María del Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y al asesor fiscal de Lanzas, José Rodríguez López.

   La juez, en esta exposición razonada difundida por el TSJA, considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación "derivado de la firma de contratos", de un delito de malversación de caudales públicos, "derivado de los distintos actos de disposición realizados sin control ni causa legítima", y de un delito de falsificación de documento mercantil, "derivados de la confección, presentación y pago de las facturas".

   La magistrada recuerda que, por medio de un auto dictado el 9 de junio de 2015, la juez Mercedes Alaya acordó librar mandamiento a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informase sobre el "supuesto pago" por parte de Mercasevilla de las nóminas de Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez, "aprovechando el entramado empresarial de Juan Lanzas", pues "aparecen dados de alta el primero en 'Maginae Solutions', en 'Al Andalus Mass Media Channel el segundo, y la tercera en dicha entidad y en 'Consulting Social Siemur'".

   Al hilo, la juez alude a un oficio de la UCO donde "se hace constar" la existencia de distintos contratos y retribuciones a Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez.

CONTRATOS "SIMULADOS"

   La instructora señala que, según se recoge en dicho oficio, "existen indicios suficientes para considerar que Fernando Mellet, en connivencia con Juan Lanzas e Ismael Sierra, con cargo a los fondos de Mercasevilla, abonó 70.024 euros (33.024 más 37.000), importe que prácticamente coincidiría con el importe total de las retribuciones percibidas, en concepto de rendimientos del trabajo y dietas exceptuadas de gravamen, más los costes de Seguridad Social", ascendente a 69.751,41 euros, "de los trabajadores José Antonio García, Carmelo Gómez y María del Carmen Rodríguez".

   En este punto, la instructora alude al auto donde el TSJA acordó devolverle la exposición razonada y concluye que, una vez practicadas las testificales mencionadas, "existen indicios" de que tanto el contrato de Carmelo Gómez como de los otros investigados "pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna y abonados con fondos procedentes de Mercasevilla, mediante el pago de facturas por trabajos no realizados".

   Así, afirma que estos indicios "han sido refrendados por la documentación aportada, la actividad objeto de la contratación y pago del salario, habiendo guardado silencio en sus declaraciones en sede judicial los investigados en este concreto asunto, en especial los responsables de las empresas en las que se supone estuvo trabajando".

CONTRATADO COMO TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA

   La juez considera que "para comprender y entender indiciariamente la existencia de los hechos" habría que remontarse al atestado de la Guardia Civil de junio de 2015, donde se pone de manifiesto "la existencia de un entramado de empresas controladas por Juan Lanzas e Ismael Sierra, su cuñado", entre las que se encuentran Maginae Solutions, Consulting Social Seimur, y Al Andalus Mass Media Channel.

   En relación a Maginae, señala que en esta empresa "habrían figurado de alta en la Seguridad Social un total de diez trabajadores, la mayoría de los cuales se encuentran relacionados de un modo u otro al entorno familiar" de Juan Lanzas e Ismael Sierra y entre los que se encuentra Carmelo Gómez, quien estuvo contratado desde marzo hasta agosto de 2007.

   De este modo, "se le contrata como técnico superior en dietética", punto en el que recuerda que el objeto social de esta empresa es "el asesoramiento de empresas y entidades, de carácter público o privado, en el orden laboral, económico y tecnológico, así como todo lo concerniente a gestión de recursos humanos".

   "En principio, no parece existir una correlación entre objeto social y el objeto de la contratación", argumenta la instructora, que agrega que "se ha constatado" que esta empresa "contrataba personal sin trabajo y sin objeto de prestación alguno", ya que "ningún trabajador" de Maginae "conocía" a Carmelo Gómez "no existe documento, informe o cualquier otro elemento que acredite la prestación de servicios" por parte del diputado.

   Agrega que Maginae Solutions "pudo haber percibido" de Mercasevilla "unas cantidades que resultan coincidentes con las percibidas" por el parlamentario socialista "a través de facturas falsas", de modo que la empresa "recibiría fondos" de la lonja "para pagar las nóminas de Carmelo Gómez y los otros trabajadores".

"FACTURAS FALSAS"

   Según asevera, "los contratos, incluido el de Carmelo Gómez, podemos indiciariamente afirmar que fueron firmados en sede de Mercasevilla y en presencia" del que fuera director general, Fernando Mellet, a lo que se suma que "existen indicios de cómo se elaboraban, con cargo a otras empresas, facturas falsas", por lo que "esta actuación pudo hacerse extensiva a las facturas que aparecen con cargo a Mercasevilla".

   Por ello, "podemos presumiblemente considerar que las cantidades que percibió Carmelo Gómez por su supuesto trabajo" en Maginae "procedían realmente de Mercasevilla", para lo que "se elaboraban facturas falsas a cargo" de la lonja por Maginae.

   La juez considera además que Juan Lanzas, "en connivencia" con Fernando Mellet, "habrían instrumentalizado" el pago de los servicios presuntamente prestados mediante la emisión de cuatro facturas amparadas en los contratos de servicios firmados por Maginae Solutions y Mercasevilla.

   "Así, se obtendrían los fondos necesarios para luego realizar los pagos a los trabajadores contratados indiciariamente de forma simulada en las empresas dirigidas por Juan Lanzas e Ismael Sierra", asevera la magistrada en la exposición razonada, añadiendo que "no existe indicio alguno que acredite que se desarrollara trabajo efectivo por las personas contratadas".

   Para finalizar, resalta "la connivencia" entre el asesor fiscal de Lanzas, Ismael Sierra y Fernando Mellet "en la elaboración y cargo de dos facturas falsas a Mercasevilla, habiendo utilizado para ello los datos fiscales de dos clientes, sin su consentimiento", como son Promociones y Construcciones Castellsur 2015 S.L. y Ángel Francisco López Gálvez.

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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