SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla acogerá este viernes la segunda y última sesión del juicio contra los 13 integrantes de un piquete que actuó en la huelga general de 2010 impidiendo supuestamente la entrada de profesores y alumnos a la Universidad de Sevilla, ubicada en la antigua fábrica de tabacos, hechos por los que la Fiscalía les pide penas de hasta dos años y medio de cárcel.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juicio comenzó el pasado viernes con la declaración de los 13 acusados, quienes negaron haber coaccionado, amenazado e impedido el acceso de profesores y alumnos a la universidad y también que actuaran contra los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que intervinieron.
Una vez concluyó la declaración de los imputados, la juez decidió suspender el juicio hasta este viernes debido a la incomparecencia por enfermedad de dos policías nacionales que estaban citados. A petición de la Fiscalía, la juez solicitó que los mismos, a través de sus superiores jerárquicos, aporten el certificado médico que acredite por qué no se han presentado en el juicio.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita para todos los imputados un año de cárcel por un delito de desórdenes públicos y para cuatro de ellos, además, otro año y medio de prisión por un delito de atentado.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 9,00 horas del 29 de septiembre, cuando los 13 acusados, entre ellos un abogado sevillano, se concentraron en las distintas puertas de la Universidad de Sevilla "con la finalidad de increpar e impedir el libre acceso tanto a profesores como a alumnos".
Según el fiscal, en un primer momento intentaron colocar vallas en los accesos, produciéndose varios forcejeos con agentes de la Policía Nacional que intentaban evitarlo, todo ello mientras los acusados gritaban a todo aquel que pretendía entrar palabras como 'esquirol', 'fascista', 'hijo de puta' o 'cabrón de mierda'.
"AGRESIVIDAD" DE LOS ACUSADOS
Los policías trasladados al lugar tuvieron que acompañar y proteger a las personas que pretendían acceder al interior del recinto universitario, "ya que peligraba su integridad física dada la agresividad de los acusados".
Al comprobar que los agentes impidieron que cerraran el último de los accesos, los imputados "aumentaron el grado de violencia", lanzando objetos a los policías.
De manera paralela, el acusado J.M.L. intentó golpear con el mástil de una bandera a uno de los agentes, sin lograrlo, mientras que el abogado L.M.S. "lanzó un objeto o golpe" a uno de los policías, algo que el letrado ha negado durante el juicio, la acusada M.R.P. empujó a varios agentes cuando intentaban detener a algunos de los participantes en los hechos, y A.A.C. "lanzó una patada" a otro policía que no le ocasionó lesión.
El fiscal dice que, si bien varios agentes resultaron lesionados y con daños en los uniformes, no ha sido posible determinar de forma concreta e individualizada qué persona fue la autora de dicho resultado.
