Juicio contra el exalcalde popular de Morón (Sevilla) por el caso Mozampro

Manuel Morilla.
EUROPA PRESS
Publicado 16/03/2017 18:30:45CET

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla tiene fijado para este viernes a las 09,30 horas, el comienzo del juicio destinado a resolver la causa incoada allá por 2011 contra el excalcalde de Morón de la Frontera Manuel Morilla (PP), el vigente concejal popular Antonio José Ramírez Sierra y el exedil popular Antonio Jiménez Martín, a cuenta del conocido como caso 'Mozampro'.

En concreto, a través de una diligencia de ordenación emitida el pasado 16 de enero y recogida por Europa Press, el Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla fija para este viernes a las 09,30 horas el comienzo "de las sesiones" del mencionado juicio, derivado de unas diligencias previas que se remontan a 2011.

Para cada uno de los tres acusados, en 2014 la Fiscalía reclamaba ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, por un presunto delito de prevaricación administrativa. La Asamblea Moronera Alternativa (AMA-Morón), que ejerce la acusación particular, solicita para cada uno de ellos diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación y tres años de cárcel, más otros diez de inhabilitación, por un delito de fraude a la Administración.

EL CASO 'MOZAMPRO'

La sociedad de desarrollo local 'Altos del Sur', perteneciente al Ayuntamiento de Morón, promovió en 2005 y bajo el mandato de Manuel Morilla un concurso público destinado a la enajenación de una finca de 46.278 metros cuadrados con destino a la construcción de un máximo de 233 viviendas protegidas.

En diciembre de aquel año, 'Mozampro XXI', cuyo administrador único era José María Montoya, se hizo con los suelos por 430.000 euros. El grupo político Asamblea Moronera Alternativa, que elevó los hechos a la Fiscalía, había advertido de que gracias a esta operación, Montoya habría cosechado un beneficio de más de un millón de euros al revender en 2007 la empresa 'Mozampro XXI', sin haber edificado las viviendas protegidas en cuestión.

A tal efecto, AMA-Morón elevó a la Fiscalía el posible incumplimiento del pliego de condiciones administrativas particulares que rigió esta enajenación, dado que el primer criterio a valorar que contemplaba el documento es "la experiencia demostrada en el desarrollo y promoción de más de 80 viviendas en curso o en los últimos cinco años en la localidad". 'Mozampro XXI', según AMA-Morón, no habría cumplido este primer criterio a valorar.

CONDICIONANTES

Igualmente, el pliego prohibía que se formalizase la escritura pública de los suelos en favor de la sociedad adjudicataria hasta la entrega de la preceptiva licencia de obras, la elaboración de un proyecto de reparcelación y el comienzo de las obras de urbanización. El 9 de febrero de 2006, no obstante, los suelos fueron escriturados a nombre de la empresa supuestamente sin que tales aspectos fuesen cumplidos, toda vez que mediante dicha escritura pública, 'Mozampro XXI' obtuvo una hipoteca de 890.000 euros en torno a estos suelos que fueron tasados por 1.530.000 euros por la entidad prestataria.

"El valor real de los terrenos se incrementa más de un millón de euros en un solo día", advertían los independientes de Morón, quienes señalaban también que, en mayo de 2007, José María Montoya "revendió" la sociedad limitada 'Mozampro XXI' por encima de esta tasación de 1,5 millones de euros y sin haber edificado las viviendas.

Respecto a este caso, en 2014 la Fiscalía de Sevilla emitía su escrito de acusación, solicitando ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa para dada uno de los tres acusados, quienes formaban parte del consejo de administración de 'Altos del Sur' cuando los suelos fueron vendidos y escriturados en favor de 'Mozampro XXI'.

Recordemos que en 2012, Manuel Morilla (PP), junto al también exalcalde de Morón José Párraga (PSOE), aceptaba una condena de siete años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público, además de una multa de 1.095 euros, por un delito continuado contra la ordenación del territorio en el que concurría además un supuesto de prevaricación urbanística.

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