SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha acusado este miércoles al Gobierno del Estado de pretender "amedrentar a la sociedad" con su anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, una futura norma que tal y como está redactada "limita muchos derechos y presenta un perfil fundamentalmente sancionador".
Durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria de Justicia e Interior, De Llera ha subrayado que el anteproyecto elaborado es "notablemente más restrictivo para los derechos de los ciudadanos" que la Ley 1/1992, de 21 de febrero, y que bajo la denominación de seguridad ciudadana "lo que encubre es realmente el viejo concepto de orden público".
Al hilo de ello, el titular de Justicia e Interior ha puesto de relieve que el nuevo texto coloca a la ciudadanía en "la más absoluta inseguridad jurídica", ya que "no trata de garantizar el ejercicio de derechos sino que pretende agravar las sanciones" actualmente contempladas.
Para De Llera, aunque el Ministerio del Interior mantenga que el anteproyecto "incrementa las garantías con respecto a la ley vigente, reduce el ámbito de discrecionalidad administrativa y es más garantista en la defensa de las libertades individuales", realmente la norma "pone en verdadero peligro la seguridad jurídica de la ciudadanía por su carácter represivo".
"Para muchos grupos sociales el derecho de reunión y manifestación son en la práctica uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones", ha asegurado el responsable de Justicia, para quien el Gobierno lo que realmente persigue es "enmudecer la protesta social".
Asimismo, ha recordado que el nuevo texto normativo ha recibido la oposición del Consejo de Europa, que la ha calificado como "desproporcionada y transgresora del derecho de reunión, manifestación y libre expresión", dudando al mismo tiempo que "estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática".
Igualmente, De Llera ha puesto de manifiesto que el propio Consejo General del Poder Judicial explica que "podría ser difícilmente compatible con la Constitución la facultad que se concede a las Fuerzas de Seguridad a requerir la identificación de las personas cuando existan indicios de que han podido cometer una infracción o se sospeche que puedan cometerla y establece la posibilidad de retenerlas si no es posible identificarlas en ese momento".
En su opinión, es un "despropósito" que se pueda "tipificar lo que actualmente son faltas penales como infracción administrativa", apuntando que la ley "no es exacta a la hora de sancionar y da lugar a la arbitrariedad". Para De Llera, las nuevas sanciones propuestas son "desmedidas" y ha dudado de la eficacia de una futura norma de "dudosa constitucionalidad".
