SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado,
ha apuntado que la auditoria externa en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) señala la existencia de "deficiencias administrativas" en materia de gestión de personal y de contratación, aunque apunta que la fundación cumplió en la gestión y ejecución de las subvenciones públicas, de manera que la fundación "realizó adecuadamente la justificación de ayudas y la ejecución de acciones subvencionadas".
El consejero ha presentado en comisión parlamentaria los resultados de la auditoria externa realizada a la extinta Faffe, en la que los expertos señalan que esta entidad "cumplió con las obligaciones" en la gestión de las subvenciones públicas que le fueron concedidas en el periodo que abarca este estudio, desde 2009 hasta su extinción en 2011.
Durante su intervención en la comisión, Maldonado ha detallado que la auditoria externa encargada por la Junta especifica que en el apartado de gestión de subvenciones públicas, la Faffe realizó una correcta gestión "tanto en las justificaciones como en la ejecución de las acciones para las que fueran concedidas" estas ayudas, según los informes de cuenta justificativa emitidos por autores externos.
El consejero ha recordado que la contratación de la empresa auditora se realizó mediante un proceso abierto de licitación pública en concurrencia. La empresa adjudicataria ha llevado a cabo un trabajo que ha recogido toda la actividad durante 2009, 2010 y 2011.
Ha aclarado que parte de la auditoría, la referente al control de subvenciones, fue enviada al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para cumplir un requerimiento del tribunal. Igualmente, esta parte de la auditoria, referida a la gestión de ayudas, fue enviada a la comisión de investigación parlamentaria y se remitió a la Intervención de la Junta.
ANÁLISIS DE LA AUDITORÍA
En el capítulo referido a la regularidad financiera, la auditoría concluye que sus cuentas fueron auditadas de forma correcta y que las cifras de sus estados financieros reflejan la realidad de la fundación.
Sobre la regularidad legal, la auditoría se ha centrado en la verificación de operaciones y procedimientos en las áreas de control de subvenciones, de contratación y de recursos humanos. En el área del análisis de la legalidad en materia de subvenciones, Maldonado ha insistido en que la auditoría menciona que la Faffe "cumplió con las obligaciones derivadas de subvenciones concedidas, tanto en justificaciones como en ejecución de acciones para las que se dieron".
DEFICIENCIAS
El consejero dice que la autoría indica determinadas "deficiencias administrativas" en algunos procesos de contratación y en gestión de personal. Así, la auditoría recoge que los convenios colectivos de la fundación "garantizan los principios de mérito o transparencia", pero explica que se recurrió a procedimientos específicos de contratación, dirigidos a trabajadores procedentes de Delphi, el programa Jaén Emprende o la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Los auditores destacan que a partir de 2011 "se corrigió y se incrementó la utilización del procedimiento abierto, alcanzando éste el 61 por ciento del importe licitado hasta la extinción de la fundación".
Antes de implantar este procedimiento los auditores recogen que, aunque legales, por parte de la Faffe "se utilizaban procedimientos sin publicidad", y que los mismos, a criterio de los auditores, "no garantizan totalmente el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad en las licitaciones". Asimismo, añade que "se licitaron contratos de suministros y servicios que podrían haberse licitado conjuntamente, como la vigilancia de sedes provinciales".
El consejero ha concluido que la auditoría coincide con el último pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, el cual determinó la "inexistencia de supuestos constitutivos de alcance", así como que no cabía "pronunciamiento sobre presuntas responsabilidades denunciadas".
De esta forma, el consejero ha reiterado que la auditoría a la Fundación señala que "se han cumplido con las obligaciones derivadas de las subvenciones concedidas, tanto en justificaciones como en las acciones para las que le fueron concedidas" y ha dejado claro que la fundación "corrigió los procedimientos de contratación sin publicidad, aunque perfectamente legales, a partir de 2011, implantando en ese momento procedimientos abiertos que se han ido incrementando".
El consejero, ante las críticas de la oposición de no tener todo el informe de auditoría, ha asegurado que "sólo tiene que pedir la auditoría completa por los cauces administrativos", explicando que "se entregó lo que se consideraba que era de interés para la comisión".
"Se pueden reconocer irregularidades, pero no hay falta de transparencia", asevera el consejero, quien critica que la Faffe "se utiliza de arma arrojadiza contra la Junta", mediante "informaciones tergiversadas y a sabiendas que lo está investigando el juzgado", a costa de "desprestigiar a esos empleados públicos".
Maldonado ha apuntado que la Junta "es respetuosa con decisiones judiciales, las que nos gustan y las que no nos gustan". El consejero ha resaltado que tiene un talante democrático "más que demostrado" y recuerda que Andalucía "ha revisado todos los expedientes de formación y en otras comunidades no han revisado ni uno".
"INFORME PARCIAL Y FALTA DE OPACIDAD"
La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, quien critica la "opacidad y falta de transparencia" de la Junta, que "raya en conducta antidemocrática", ha recordado que el Gobierno andaluz "recibió la auditoría hace seis meses y la Junta no la ha entregado a los grupos".
Lamenta que el consejero "sea ambiguo y no dice toda la verdad". Asimismo, tras reconocer que la Faffe "necesitaría por sí sola una comisión de investigación", ha apuntado la existencia de irregularidades "en contratación y en subvenciones, pero el consejero dice que todo es legal". Ruiz Sillero solicitará la comparecencia del interventor para que hable de esta auditoría y espera que "no lo censuren", y además solicitará más comparecencias del consejero para hablar de este asunto.
El diputado de Podemos Jesús Romero lamenta que la "opacidad" en las empresas públicas "no es situación nueva sino trayectoria ya recorrida", tras lo que lamenta que "no tengamos el informe íntegro".
No obstante, destaca que "a pesar de no tenerlo todo, podemos saber las irregularidades", por lo que ve "fundamental" que "se dé un cambio general en los procedimientos para que haya fiscalización sobre la contratación de las empresas de la Junta, pues salen diariamente irregularidades y el sistema se ha enquistado; hay cacao y descontrol".
La diputada de Ciudadanos Carmen Prieto ha denunciado la "mutilación" del informe de auditoría "pues nos entregan 56 de más 200 páginas del informe", por lo que "trabajamos con un informe parcial" que supone "una falta de respeto" y espera que se subsane.
Recuerda que los contratos "no se hacen por el SAE, sino con una base de datos", de la que se deduce "discrecionalidad". "La naturaleza pública se debería haber cumplido a rajatabla, pero no se garantiza el procedimiento de publicidad, concurrencia o competencia", asevera Prieto, para la que la Faffe "es un pozo sin fondo de gasto público despilfarrar dinero y colocar amigos y conocidos".
El diputado del PSOE Rodrigo Sánchez Haro lamenta que "asistimos con perplejidad cómo el Gobierno central huye del control parlamentario, mientras que aquí el PP lo exige con uñas y dientes".
Sánchez Haro rechaza que haya mala gestión y rechaza "criminalizar" los instrumentos de la Junta "para favorecer la empleabilidad de los andaluces, y que dan buenos resultados", y acusa al PP de "ensuciar la vida pública con falsedades" y le pide "una oposición constructiva".
