La Junta asegura que el expediente sancionador a Endesa "sigue vivo" y culpa al funcionario instructor de la demora

 

La Junta asegura que el expediente sancionador a Endesa "sigue vivo" y culpa al funcionario instructor de la demora

Publicado 09/06/2016 13:50:25CET

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha asegurado que el expediente sancionador a Endesa por sobrefacturación "no ha prescrito" y "sigue vivo" al abrirse un nuevo expediente sancionador, tras lo que ha culpado al funcionario instructor de dicho expediente y de sus "reiterados cambios de criterio" a la hora de emitir la propuesta de sanción correspondiente a este expediente, lo cual ha provocado que se remita la actuación de este funcionario a la Inspección General de la Junta.

En su respuesta en el pleno del Parlamento andaluz a dos preguntas formuladas por IU y Podemos, el consejero ha aludido a la sobrefacturación efectuada por parte de Endesa, que ha perjudicado a unas 400.000 familias y que se ha cifrado en unos 20 millones de euros, ante lo que ha asegurado que la Junta "ha constado la irregularidad" por parte de esta multinacional.

De esta forma, según ha explicado, la Dirección General de Industria de la Consejería "ha actuado por dos vías, una exigiendo a la empresa distribuidora la devolución de las cantidades insuficientemente facturado; y otra iniciando un expediente sancionador por la comisión de una infracción calificada inicialmente como leve".

El consejero ha precisado que, en la primera vía, "se ha instado a la empresa a la devolución de cantidades indebidamente facturadas y cobradas, más intereses", un procedimiento que "está prácticamente colmatado y terminado", y que ha supuesto a día de hoy el pago por parte de la distribuidora de 21,8 millones de euros a más de 400.000 suministrados afectados por el sobrecoste de facturación.

En cuanto a la segunda vía, el consejero ha explicado que el 10 de junio de 2015 "se inició un expediente sancionador contra la distribuidora, que derivó en su caducidad y posteriormente se ha abierto una nueva propuesta de expediente sancionador de acuerdo al informe jurídico". De esta forma, Maldonado ha asegurado que "seguimos con la actuación y no ha prescrito el expediente, sino que se ha abierto un nuevo expediente y está vivo".

"La Dirección General de Industria, Energía y Minas está aplicando el derecho administrativo y estrictamente sometido a la legalidad", ha añadido el consejero.

Sánchez Maldonado ha lamentado los "reiterados cambios de criterio en su propuesta de sanción" por parte del funcionario instructor del expediente, "que ha agotado el plazo máximo de resolución", lo que provocó que el expediente sancionador "caducara" y se haya tenido que abrir "para que no prescriba ninguna falta".

Posteriormente, el consejero, que pondrá a disposición del diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe el expediente sancionador, "como ha solicitado", ha detallado la segunda vía efectuada de apertura de expediente sancionador, iniciada en 2015, cuando se nombró instructor, el cual, "tras siete meses de instrucción, cuando se alcanzaba el momento de emitir una resolución, el funcionario cambió repetidas veces de criterio, llegando a emitir tres posibles sanciones".

Ha explicado que la Dirección General da traslado a la propuesta de sanción "y cuando se va a notificar la decisión del instructor, con la resolución ya firmada, el instructor pide volver a cambiar la propuesta de sanción y presenta una nueva propuesta de sanción, incluyendo la tipificación como infracción grave". Así, el instructor "presenta un escrito para dar por concluida la fase de instrucción y solicitar nuevos procedimientos para determinar si puede ser grave".

"Hay dudas sobre la legalidad de la solicitud del instructor", ha apuntado el consejero, quien apunta que dicho funcionario "ha acusado a la Dirección General de obstruir la instrucción". Ante eso, ha explicado que se ha remitido la situación a la Inspección General de la Junta y a la Secretaria General Técnica de la Consejería, y ha precisado que "los servicios jurídicos niegan la cualificación del instructor para modificar la propuesta ya firmada". Ha añadido que "la revocación unilateral del instructor carece de aspectos jurídicos" y ha añadido que "no hay obstrucción por parte de la Consejería".

CRÍTICAS DE IU Y PODEMOS

El diputado de IU Antonio Maíllo lamenta que Endesa "sea responsable de este fraude masivo por sobrecoste en la facturación" y ha aludido a las acusaciones de la organización de consumidores Facua de que "había prescrito y se ha cerrado en falso, por caducidad, el expediente sancionador ante un fraude tan masivo". Por ello, ha preguntado sobre "las razones de por qué se ha permitido esta empresa se haya ido de rositas por incompetencia de su Consejería".

Maíllo critica la "negligencia" de esta Consejería, puesto que "el fraude se inicia en 2003 pero no se actúa hasta 2011, no se toman decisiones hasta 2015 y se han agotado los plazos, en un proceso que en otros casos dura una semana".

No obstante, se congratula de que este expediente "esté vivo", aunque ve la situación "una vergüenza social", ya que "algunos afectados reciben el bono social y hay pensionistas andaluces que pagan 120 euros de luz", frente a lo que critica que la Junta "se escude en su discurso burocrático de procedimiento".

"Las empresas que ejecutan ese fraude son tratadas por ustedes de forma exquisita, cuando la Junta debería actuar con la fortaleza de un Gobierno autonómico, no en defensa de los amigos de la presidenta y de los 'pijos' del IBEX 35", ha aseverado Maíllo, quien valora el procedimiento "legalista" iniciado pero le exige a la Junta "sensibilidad social", en la que "demuestre que va a poder atajar ese fraude masivo, y que no se cierre como falta leve". "Para Endesa no 600.000 euros no es nada, ni el papel higiénico de una familia, y Endesa no se puede ir se rositas". ha aseverado Maíllo.

Por su parte, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe critica la "impunidad" de Endesa y ha apuntado el "problema gravísimo" que supone el hecho de que "ha quedado demostrado que Endesa altera en términos de potencia el suministro de al menos 400.000 clientes", problema que se une a la "imposibilidad de revisar a los cuatro millones de suministrados", de forma que considera que en ese punto "se comete otra infracción, que es la de no llevar correctamente la base de datos de los puntos de suministro", infracción que "es mas grave que la primera".

"Los hechos son graves y deben ser sancionados como tal", ha aseverado Moreno Yagüe, quien critica que "se incumple la obligación de mantener la base de datos de manera correcta, lo que impide a la Administración poder sancionar".

A su juicio, esta situación demuestra que "la Administración no cuenta con medios suficientes para hacer frente a grandes fraudes; y parece que estas grandes empresas pueden cometer cualquier ilegalidad de la que siempre escaparán inmunes".

"Los consumidores queremos luz y la queremos pagar, pero no con las trampas que nos quieren meter de forma justa", ha aseverado el diputado de Podemos.

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