Acaba de concluir la fase de exposición pública del texto, donde entidades y personas físicas han podido hacer sus aportaciones
SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado este miércoles en Comisión Parlamentaria que acaba de concluir la fase de exposición pública del texto de la futura Ley de Servicios, una ley que se ha diseñado "con el fin de constituir un instrumento para consolidar, fortalecer y modernizar nuestro sistema de Servicios Sociales, garantizando el acceso universal y haciéndolo más útil, ágil y eficiente". Por su parte, el PP-A critica su falta de concreción y que no se defina nada sobre su financiación.
Los organismos, entidades, colectivos y personas que han estado interesadas en formular aportaciones al anteproyecto de Ley han podido hacerlo durante un plazo de 45 días naturales.
Esta norma, ha insistido Sánchez Rubio, "universaliza el acceso al Sistema Público de Servicios Sociales y garantiza la atención prioritaria en casos de urgencia personal, familiar y social, al tiempo que blinda las prestaciones sociales básicas exigibles por la ciudadanía".
La futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, ha explicado la consejera, considera como personas beneficiarias del sistema a todas aquellas de nacionalidad española con residencia en la comunidad autónoma, las extranjeras empadronadas y residentes, los andaluces en el exterior y, en su caso, a todas aquellas que, encontrándose en Andalucía, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.
El anteproyecto establece como finalidad básica las de prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio, mejorar su bienestar y garantizar el derecho a una vida digna, protegiendo de manera especial y urgente a las que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.
Una de las principales novedades del texto es el reconocimiento del derecho de la persona usuaria a la libre elección del tipo y modalidad de servicio más adecuado de entre los disponibles, así como a renunciar al mismo si lo desea. Del mismo modo, se recoge la opción de que cada persona pueda expresar su voluntad anticipada de recibir un determinado recurso en previsión de situaciones futuras de incapacidad.
Igualmente, el anteproyecto recoge el derecho de la persona usuaria a tener asignado un profesional de referencia que dé continuidad e integralidad a su atención, también en su domicilio si fuera preciso. Este trabajador, que funcionará como primer nivel de interlocución para el grupo de población asignado, dotará a los usuarios de las herramientas y habilidades para que tomen sus propias decisiones y se encargará de valorar, planificar, coordinar y garantizar la adecuada atención a la ciudadanía. Junto con este derecho, también se incluye el derecho a disponer de información veraz, suficiente y fácilmente comprensible.
CATÁLOGO DE PRESTACIONES GARANTIZADAS
La segunda gran novedad del anteproyecto es el establecimiento de un catálogo de prestaciones garantizadas, que serán exigibles por parte de la ciudadanía y tendrán la consideración de derecho subjetivo. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los programas de atención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; o las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad.
Junto a este catálogo, el anteproyecto prevé la elaboración de otro con las denominadas prestaciones condicionadas, que se proporcionarán en función de las necesidades que se detecten y según la disponibilidad de recursos.
Por otra parte, la norma recoge la creación de la Historia Social Digital, denominada Resisor (Regional Single Social Record), que permitirá una mayor coordinación de los datos disponibles con el objetivo de facilitar una mejor atención integral y de calidad a la persona usuaria. Con este instrumento se avanzará en la coordinación con los servicios que presta el Sistema Sanitario Público de Salud. De igual modo, también se creará la tarjeta social electrónica para garantizar la igualdad en el acceso y la universalidad del sistema.
La nueva normativa desarrollará los derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y armonizará la aplicación en Andalucía de Ley de la Dependencia (la comunidad concentra actualmente el 24% de todas las prestaciones del conjunto de España y el 22% de las personas beneficiarias). Otra de sus previsiones es la elaboración del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, que favorecerá la coordinación entre los recursos del sistema social y del sanitario.
SE CREA POR PRIMERA VEZ UN COMITÉ DE ÉTICA
Asimismo, la futura ley introducirá por primera vez la perspectiva deontológica con la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la previsión de elaborar un código de ética profesional y otro para los proveedores del Sistema Público de Servicios Sociales.
Del mismo modo, otro aspecto novedoso de la futura norma será el impulso a la investigación en el ámbito de los servicios sociales a través de la creación de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales.
Por su parte, el PP-A reconoce que es la ley "más importante" que se va a hacer en esta legislatura y se muestra "de acuerdo" con los argumentos de la consejera sobre la necesidad de hacer esta ley que sustituye a la del 88, pero señala que "estos argumentos no están plasmados en la ley". Así, continúa, "cuando se pasa al articulado, te encuentras que se está hablando de generalidades y hay muchos asuntos muy confusos", por lo que "finalmente te encuentras un texto que en lugar de mejorar el del 88 supone un retroceso".
"Los pilares básicos de una ley así se terminan supeditando a desarrollos normativos posteriores, por lo que si entra en vigor será papel mojado", continúan los populares, que insisten en que es una Ley de Servicios Sociales que "no concreta nada, mientras que la del 88 sí lo hacía, por lo que no entendemos este paso atrás". Además, asegura que pese a ser una ley "fundamental, al leerla hemos vuelto a constatar que los servicios sociales son la cenicienta de los servicios públicos".
Además, preguntan a la consejera "por qué se ceden todas las competencias a las agencias", un extremo que Sánchez Rubio desmiente, y sobre el que afirma que "debe ser un error del texto y si hay lugar a dudas habrá que matizarlo", toda vez que los populares se muestras "muy preocupados" por el tema de la financiación, ya que "no se define nada", y "si no se garantiza la financiación, este texto no sirve para nada".
"Deberían darle otra vuelta a una ley que no asegura derechos ni financiación, concretar y definir todo lo expuesto", pero, sobre todo, "tienen que tener en cuenta las alegaciones de las que ha hablado, que son muchas, para que cuando el proyecto llegue a esta cámara sea una ley de servicios sociales como se merece Andalucía", concluyen los populares.
