Granada Santos defiende que prevalecen las "necesidades sociales" que señalen los técnicos municipales en cada una de las evaluaciones
SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos (IU-CA), ha manifestado este lunes que a la hora de actualizar la situación socioeconómica de las personas desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, "no hay baremo que valga", en referencia al baremo propio del Ayuntamiento hispalense. Lo esencial para justificar o no su realojo provisional en viviendas protegidas de titularidad autonómica, según dice, es la situación de "necesidad social" que reflejen los informes.
En declaraciones a los medios de comunicación, Granada Santos ha acusado al Ayuntamiento, y más concretamente a su concejal de Familia y Asuntos Sociales, Lola De Pablo-Blanco, de obstaculizar el acceso a los citados informes al registrarlos en la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y no en la de Fomento y Vivienda. Explicando que aún no conocía "el detalle" de cada uno de los informes, Granada Santos ha avisado de que el Ayuntamiento "trata de marear la perdiz y crear confusión" al esgrimir que sólo dos de las familias se atienen a su baremo social, porque es necesario distinguir entre los procedimientos "para la adjudicación de una vivienda protegida" y para "los realojos temporales y transitorios".
"NO HAY BAREMO QUE VALGA"
"No hay baremo que valga. Sólo necesitamos los informes de los servicios sociales que nos digan sus necesidades sociales", ha enfatizado acusando al Gobierno local del PP de "poner piedras en el camino" y "dilatar los procedimientos" adrede. Granada Santos ha insistido en que aún no había leído el contenido de los informes en cuestión, pero ha hablado claro: "No soy trabajadora social, pero viendo y conociendo el perfil de las familias, tienen necesidades sociales", extremo que a su juicio justificaría la entrega de las citadas viviendas protegidas a modo de realojo provisional.
Finalmente, ha defendido la política de vivienda protegida de la Junta de Andalucía y ha reprochado al Gobierno local del PP de mantener "vacías" unas 528 viviendas públicas de su titularidad pese a la necesidad de vivienda de la sociedad.
El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a nueve familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes ocho personas o familias del colectivo. Estos ocho realojos, no obstante, fueron paralizados a cuenta del conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución al asunto.
LAS NOTAS INFORMATIVAS
Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debe determinar su derecho o no a estos realojos provisionales. Cabe recordar, al respecto, que los servicios sociales del Ayuntamiento, merced a la oferta de 'Ibercaja' para reconducir a su programa social de vivienda a las familias que acreditasen un verdadero estado de necesidad de vivienda, ya elaboraron en su momento "notas informativas de necesidad de vivienda" en el caso de 25 familias de este colectivo, aunque siempre a los efectos de que 'Ibercaja', como entidad privada, les diese acceso o no a su programa de ayudas.
Fruto de aquellas notas informativas, según el Ayuntamiento, en el baremo social del Consistorio sólo figuraban dos de las familias que forman parte del colectivo, concretamente en los puestos cien y 122 de un total de 388 familias. Ahora, tras concluir las nuevas evaluaciones sociales, el Ayuntamiento hispalense ha remitido las mismas a la Administración andaluza con una carta dando cuenta de esta labor sobre "15 de las 17 familias solicitadas, con independencia de que hayan sido desalojadas o no", porque en uno de los casos se trata de una persona empadronada en otro municipio y en el restante la persona en cuestión no habría acudido a "las citas concertadas" ni habría "colaborado" en la aportación de documentos.
En esta carta, recogida por Europa Press, el Consistorio explica que en cada uno de los 15 informes, los trabajadores sociales encargados de estas evaluaciones concluyen si cada una de las unidades familiares se encuentra en una situación adecuada, de vulnerabilidad o riesgo o, finalmente, en una situación "deficitaria o de exclusión social", agregando que del conjunto de 17 familias, "sólo dos de ellas figuran en la lista de familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales, en los puestos números cien y 122 de las listas para viviendas con tres y dos dormitorios, respectivamente", toda vez que el resto de familias no habría mostrado "deseo" de figurar en el "proceso de intervención social" asociado al baremo en cuestión, aprobado por la junta de gobierno del Ayuntamiento en febrero de 2013.
