SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha justificado el nuevo proyecto de orden por el que se modifica la normativa que desarrolla la organización y el funcionamiento de la Inspección en la comunidad --rechazado tanto por la asociación profesional representativa del sector (Adide) como por los sindicatos-- en una mayor "seguridad jurídica" para la acción inspectora.
En respuesta a una pregunta elevada en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento andaluz por la diputada del PP María Francisca Carazo sobre los motivos de esta actuación, Alonso ha señalado que dicha acción contribuirá, asimismo, al "éxito educativo del alumnado", incidiendo especialmente en aspectos como la homologación.
El consejero del ramo ha recordado que la modificación de la orden aún no se ha aprobado, sino que se está tramitando, estando abierto hasta el próximo 9 de diciembre el plazo para que los representantes sindicales eleven sus alegaciones. "Ni improvisamos ni trabajamos solos", ha remarcado.
De su lado, Carazo ha lamentado que la Junta, con esta intervención, abra "un frente con la Inspección que no podemos entender", habida cuenta de que Adide, "que no ha participado en absolutamente nada", dice que "ni es necesario ni lo entienden".
"Resuelva los problemas que ya estaban, y hágalo de acuerdo con la Inspección Educativa", ha apelado la parlamentaria popular, para la cual la modificación propuesta por la Junta es "de calado", en tanto que afecta "directamente" a este colectivo profesional y, por tanto, habría que hacerlo "desde el consenso".
Y es que, a su juicio, el proyecto de la Junta supondrá "más intervención, menos autonomía y más control político". La Inspección, ha agregado, debe ser un cuerpo "independiente y no sujeto al control político y de su gobierno", y, al respecto, "no queremos un paso atrás y sí transparencia".
