Junta lamenta el "recurso de la vergüenza" contra la ley 'antidesahucio' y pedirá al TC que suspenda medidas cautelares

Actualizado 17/12/2013 22:41:39 CET

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha lamentado el "recurso de la vergüenza" anunciado por el Gobierno central contra la Ley de función social de la vivienda ante el Tribunal Constitucional, y ha anunciado que, una vez que el recurso sea presentado y admitido a trámite ante el TC, la Junta presentará una solicitud formal para pedir que se levante la suspensión cautelar de los artículos recurridos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y se introducen en ella los artículos 25 y 53.1.a), así como contra la disposición adicional primera de la mencionada Ley 4/2013.

En declaraciones a Europa Press, Cortés ha lamentado la "falta de lealtad" del Gobierno central hacia la Junta y considera que el anuncio del recurso "manifiesta el absoluto pánico, miedo y pavor que tiene el Gobierno y el PP a la democracia", toda vez que ha recordado que el Ejecutivo central "no ha sido capaz de sentarse en la comisión bilateral, un órgano absolutamente democrático que forma parte del Estatuto de Autonomía, para dialogar como podíamos abordar esta norma; tienen pánico al diálogo".

Asimismo, considera que este recurso "es el recurso de la vergüenza", puesto que "nadie del Gobierno ha puesto ni cara ni voz al recurso" y ha recordado que esta misma tarde la propia consejera ha estado en un acto en Puerto Real (Cádiz) con la ministra de Fomento, Ana Pastor, "y no ha tenido la lealtad de plantearme lo que había ocurrido y lo que se había aprobado en un Consejo de Ministros del que ella forma parte".

En ese sentido, ha precisado que posteriormente le ha llamado por teléfono "para hacerle saber la falta de lealtad y de cultura democrática".

La consejera ha indicado que ahora la Junta "está trabajando en la solicitud formal para plantear al TC, una vez que sea admitido a trámite, que levante la suspensión cautelar de los artículos recurridos". Ha recordado que, en función del artículo 161.2 de la Constitución, el TC puede paralizar de forma cautelar los artículos recurridos, frente a lo que la Junta pedirá que se levante la suspensión cautelar.

Para la consejera, "la paralización de los artículos que recurran supone un ataque a una ley que era efectiva para todos los desahuciados, todos aquellos trabajadores, pues son desahucios de clase y de género, ya que esta ley es disuasoria para todos los procesos de ejecución hipotecaria, daba poder a la gente y las familias llegaban a nuestras oficinas con la ley bajo el brazo, de forma que la entidad financiera sabía que si ejecutaba el desahucio, se podía exponer a la expropiación temporal de uso o si mantenía la vivienda deshabitada sabía que podía ser sancionada".

Por ello, considera este recurso anunciado por el Gobierno como "un ataque para la mayoría social y para las clases trabajadoras, e incide en el empobrecimiento masivo que están provocando las políticas del PP", al tiempo que el recurso supone "un regocijo para los especuladores y para la elite financiera".

Sobre los diversos expedientes, la consejera ha indicado que las dos expropiaciones que están culminadas ya lo están, mientras que las publicadas en BOJA y pendientes de Consejo de Gobierno se ha dado comunicación al juzgado que entiende esa ejecución hipotecaria, mientras que en los 115 expedientes iniciados se va a pedir que esas familias "no sean desahuciadas".

"No nos vamos a rendir y seguiremos defendiendo el derecho humano a la vivienda, demostrando que hay alternativas, por lo que pediremos al TC que levante la suspensión cautelar de la ley", ha aseverado la consejera, quien deja claro que "esas 115 familias y todas las familias en proceso de pérdida de su vivienda tienen el compromiso, la voluntad y la garantía de la Consejería de Fomento y Vivienda, que no va a parar a la hora de defender su derecho humano a la vivienda".

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