SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha demandado este jueves al Gobierno central que reconsidere su decisión de que se aplique una "regla de gasto" en el año 2016, puesto que ello supondría "pinchar el balón de oxígeno" que las comunidades tienen para ese ejercicio, así como "lastrar" el desarrollo de la economía.
Como se recordará, la regla de gasto incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria garantiza que no se podrá incrementar gasto pero sí aminorar déficit y amortizar deuda, y, en opinión del Gobierno central, esto implica poder sostener los servicios públicos y garantizar su viabilidad futura.
En rueda de prensa este jueves después de que ayer se celebrara en Madrid el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha explicado que la consolidación fiscal se había marcado hasta ahora por dos objetivos fundamentales, el objetivo de déficit y la deuda, y ahora el Ejecutivo nacional quiere aplicar como tercer criterio para las comunidades la regla de gasto.
Montero ha dicho que Andalucía está seriamente comprometida con la estabilidad de la comunidad y de España y ha recordado que esta región ha cumplido en los últimos años con el objetivo de déficit y que cuenta con unos niveles de deuda por debajo de la media de las comunidades.
Asimismo, ha puesto de manifiesto que Bruselas no da a la regla de gasto el "carácter disciplinario que le da a la deuda y al déficit" y considera que la misma tiene un "carácter preventivo y solo se aplicaría en una situación" de niveles altos de inflación y en los tipos de interés, algo que, según la consejera, "está muy alejado actual de la situación actual".
Para Montero, con cifras de un 30 por ciento de desempleo es impensable que este sea "el momento adecuado para aplicar la regla de gasto". Ha apuntado que la economía andaluza y la española necesita "oxígeno y, sobre todo, los ciudadanos". Por ello, la Junta considera que no es el momento "del ciclo para aplicar la regla de gasto que el Gobierno ha fijado en 1,8 por ciento para el año 2016".
Ha explicado que la aplicación de la regla de gasto supone para Andalucía, en la práctica, que la comunidad "no va a poder dedicar el incremento de la financiación a aumento de gasto para estimular actividad económica o combatir el desempleo". "El Gobierno central obligaría a la comunidad a amortizar anticipadamente la deuda y, por tanto, a que llegue el dinero a las entidades financieras y no a recuperar derechos en mejoras de servicios públicos o en combate contra el desempleo", ha dicho.
Para Montero, sin duda, es una cuestión de "elección": si se prefiere que en este momento, con estas cifras de desempleo y de desigualdad social, apliquemos de manera más estricta las reglas de estabilidad de lo que lo hace Bruselas o si entendemos que un cierto balón de oxígeno tiene que llegar a la economía para permitir un cierto crecimiento que, posteriormente, pueda dar lugar a la aplicación de esa regla de gasto".
Ha explicado de los 1.700 millones de euros de incremento en la financiación para Andalucía en 2016, solo se van a poder dedicar a gasto, si se aplica ahora la citada regla de gasto, 509 millones, mientras que el resto iría, por un lado, a amortizar el déficit (570 millones), algo que la Junta comparte, y, por otro lado, a adelantar el pago de la deuda a los bancos (632 millones), algo que no comparte.
Montero ha mostrado su preocupación por las manifestaciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, relativas a que siete de cada diez euros que reciben las comunidades serán para déficit y deuda y que no se permitiría que los mayores ingresos supongan incremento del gasto.
La consejera, que ha expresado la clara voluntad de la Junta de dialogar con el Gobierno, ha considerado que éste debería ser más claro y transparente y explicar por qué ha decidido que este es el momento adecuado para aplicar la regla de gasto y no recurrir a un lenguaje económico que nadie entiende. Ha insistido en que aplicar esa regla de gasto en este momento es un "error".
LOS 1.700 MILLONES NO SON UN "REGALO"
En relación con el incremento en la financiación para Andalucía en 1.700 millones en 2016, la consejera ha indicado que no son ningún "regalo" y que, como ya habían advertido, el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a "bombo y platillo" la pasada semana en Sevilla tenía "letra pequeña".
Así, ha señalado que de esos 1.700 millones, el volumen más importante no son las entregas a cuenta, sino la liquidación del sistema de financiación de 2014, concretamente, 959 millones. Esto quiere decir, según la consejera, que en 2014 no se entregó a esta comunidad 959 millones que ahora se entregan "con dos años de retraso".
"El Gobierno central, durante dos años, ha tenido casi 1.000 millones que hubiera necesitado Andalucía en los años de mayor dificultad económica y de menor recaudación para intentar que las políticas de ajuste no asfixiaran las políticas públicas", ha indicado.
Asimismo, ha apuntado que las entregas a cuenta para Andalucía no suben un 11 por ciento, como dijo Rajoy en Sevilla, sino que solo suben un tres por ciento, esto es 488 millones, mientras que el resto del dinero corresponde a la liquidación de 2014. Ha indicado que las entregas a cuenta suben solo un tres por ciento, a pesar de que los ingresos tributarios del Estado van a subir un cuatro por ciento.
Respecto al objetivo de déficit para las comunidades en 2016, la consejera ha insistido en expresar su preocupación por el hecho de que se tenga que pasar del 0,7 por ciento en este ejercicio a un 0,3 por ciento en el próximo, lo que supone para Andalucía plantear una reducción de 570 millones.
Para Montero, poner un ajuste más duro a las comunidades "implica nuevamente ajustar el gasto en educación, en sanidad o en políticas sociales".
Sobre el hecho de que Andalucía tenga que devolver al Gobierno 265 millones por la liquidación presupuestaria de 2013, la consejera ha señalado que sigue sin haber una respuesta o explicación del Gobierno y que ella, hasta el 31 de diciembre de este año, va a esperar a que Rajoy, si es que sigue siendo presidente en ese momento, cumpla con la "palabra" que dio a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre una revisión de esa liquidación y la posibilidad de un retraso en el paso.
Pese a estas circunstancias, la consejera ha garantizado que la Junta cumplirá con los compromisos que ha alcanzado con los sindicatos sobre la recuperación de derechos de empleados públicos.
