Junta pide a Montoro dotación económica para aplicar la Ley de Unidad de Mercado

El consejero José Sánchez Maldonado
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 27 enero 2015 18:00

Andalucía ha recurrido la norma al TC y rechaza que se use para centralizar competencias

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha pedido este martes al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dote de presupuesto la Ley de Unidad de Mercado para facilitar su aplicación a las administraciones autonómicas y locales, que hasta el momento no han recibido apoyo económico para la adaptación a esta norma.

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir en Madrid a la sesión constitutiva y primera reunión del Consejo para la Unidad de Mercado, un organismo convocado por el Ministerio de Hacienda que tiene como objetivo seguir la aplicación de la ley, Sánchez Maldonado ha dicho que no hay una estimación cerrada sobre los costes pero sí habrá gastos financieros y de capital humano que "habrá que detraer de otras actividades".

En la reunión de este martes se ha aprobado el reglamento de funcionamiento del Consejo de Unidad de Mercado, pero se ha pospuesto para finales de febrero la aprobación del acuerdo que desarrolla el sistema de cooperación administrativa, una vez que la comisión técnica lo perfeccione y lo vuelva a elevar al Consejo.

Sánchez Maldonado ha subrayado que la Junta ha acudido a la reunión de hoy con "importantes" avances ya que Andalucía ha sido "pionera" en adaptar su normativa a las exigencias de esta Ley, al iniciar por decisión del Gobierno andaluz, antes de la aprobación de la norma, "un análisis de los trámites existentes en la Administración relacionados con la actividad económica, con el fin de mejorar la regulación y eliminar barreras administrativas al desarrollo de la actividad productiva".

"A VELOCIDAD DE CRUCERO"

"Andalucía va a una velocidad de crucero superior a la media", ha dicho el consejero para quien el Gobierno andaluz está "extremadamente preocupado" con este asunto porque es un medio para "generar empleo y riqueza" y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es una "defensora absoluta de reducir todas las trabas administrativas".

Según ha recordado la Junta, esta labor se materializó en el Decreto-ley aprobado el 22 de abril del pasado año, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, que ha permitido simplificar en Andalucía 64 trámites que afectan a la actividad económica y facilitar la constitución de empresas de forma rápida y gratuita.

"LEALTAD INSTITUCIONAL"

El consejero ha valorado la participación de la Junta en este Consejo "como un signo inequívoco del Gobierno andaluz de impulsar todos los instrumentos que permitan mejorar las relaciones de los operadores económicos y de la ciudadanía con las Administraciones públicas", pero ha puntualizado que, a pesar de esta lealtad institucional, la Junta está en desacuerdo con muchos aspectos de la ley, que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y cuyo recurso ha sido admitido a trámite.

"Se necesita cooperación de todos los niveles de la administración" porque hay regulaciones que dependen de ayuntamientos, de comunidades, del Estado o incluso de la UE y "cada uno haciendo la guerra por su lado no sería posible llegar a un buen resultado".

No obstante, ha recordado que Andalucía no está de acuerdo con el planteamiento de algunas cosas ya que vulneran la Constitución y el Estatuto de Autonomía y de ahí el recurso competencial ante el Constitucional, tal y como aconsejaron los servicios jurídicos.

Y es que, a su juicio, "la unidad de mercado se puede garantizar desde el consenso de todas las administraciones sobre los requisitos que deben cumplir los operadores para el acceso a las actividades económicas, impulsando una normativa homogénea en todo el territorio nacional".

Sin embargo, la Administración del Estado "pretende conseguir una uniformidad normativa, obviando las competencias que la Constitución tiene atribuidas a las comunidades; y utiliza esta Ley como un instrumento para hacer retroceder el Estado de la Autonomías, con una nueva centralización de competencias", ha reprochado.

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