SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha asegurado que la participación del Gobierno del Estado es necesaria para reanudar, junto a los Colegios de Abogados, el servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria, suspendido desde el mes de abril de 2012 debido a la negativa del Ministerio del Interior de firmar el convenio que permite a la Junta prestar esta asistencia letrada complementaria a la población reclusa de Andalucía.
Con ello, la Junta responde en una nota a la aseveración de APDH-A de que la administración autonómica puede reflotar este servicio si se decide a establecer la aportación económica por la fórmula que estime más oportuna.
Frente a ello, la Consejería considera "indispensable" este convenio tripartito con el Consejo Andaluz de Abogados y el Ministerio, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con el objetivo de dar cobertura legal a la prestación de este servicio en el interior de las prisiones.
El convenio pendiente de firma es "necesario" porque regula una serie de trámites "indispensables" que son competencia de Instituciones Penitenciarias, como son la participación de los centros penitenciarios en la certificación de las asistencias, el acceso al expediente disciplinario de los internos o el control de los horarios y días de prestación del servicio, así como el listado de los letrados que accedían al centro para ofrecer este servicio, entre otras obligaciones imprescindibles para la prestación, según ha especificado el departamento encabezado por Emilio de Llera.
En este sentido, la Junta subraya que el convenio con Interior es "fundamental" para dar cobertura legal al servicio, ya que "sólo con la autorización del Gobierno del Estado se puede acceder a la información y expedientes de los reclusos para prestar la asistencia de manera adecuada y con todas las garantías legales".
Justicia e Interior asegura no entender la negativa del Ministerio a renovar un convenio "que no tiene ningún coste económico para el Estado y que tan sólo le compromete a autorizar la realización de una serie de tareas por parte de los letrados en el interior de las presiones para el desarrollo efectivo de este servicio".
Por otra parte, la Consejería asevera que el servicio jurídico penitenciario que pretende seguir prestando la Junta es un recurso complementario que venía a ampliar la atención que en materia de asistencia jurídica se viene ofreciendo por parte de los centros penitenciarios, cuyos servicios garantizan actualmente los derechos de los reclusos y dan cobertura a sus necesidades. Igualmente, ha subrayado que la población reclusa no está desasistida a pesar de la suspensión de este servicio, ya que "el Estado de Derecho pone a disposición de los presos a los juristas de los equipos técnicos y los servicios sociales de cada una de las prisiones".
