SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha iniciado un expediente de queja de oficio dirigida a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para conocer el procedimiento para la atención de las personas en situación de riesgo social en las urgencias hospitalarias.
En el texto del expediente, consultado por Europa Press, el Defensor explica que con ocasión de la queja de oficio 13/5628 que la institución inició al conocer por los medios de comunicación la muerte de un joven de nacionalidad polaca en las dependencias del albergue municipal de Sevilla, tras haber sido dado de alta en el servicio de urgencias del hospital Virgen del Rocío la noche anterior, y tras la valoración del caso que en su momento se realizó, se llegó a la conclusión de la "conveniencia" de elaborar instrumentos generales que resultaran de aplicación en la atención de urgencias a las personas sin hogar.
Así, y a raíz de este episodio, recuerda que la administración sanitaria acordó la actualización del procedimiento hasta entonces existente para la atención en las urgencias de las personas en situación de riesgo social, estableciendo criterios mínimos que habrían de ser recogidos en los protocolos específicos de cada centro hospitalario.
Desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, la Defensoría fue informada del procedimiento aludido a fin de que desde la institución se realizaran las alegaciones que se considerasen convenientes, las cuales se realizaron en el marco de la queja aludida y, precisa el Defensor, "se remitieron a la unidad referida sin que nos conste que en el texto definitivo se haya tenido en cuenta alguna de nuestras apreciaciones".
En este sentido, la Oficina del Defensor recuerda que demandó para estos casos una consideración de la asistencia sanitaria propiamente dicha, aparte de los mecanismos previstos para garantizar la continuidad asistencial tras el alta.
Además, señala que se reivindicó la mención específica de las personas afectadas por enfermedad mental entre los denominados "criterios de riesgo social para una actuación preferente"; y se discutió la existencia de recursos apropiados para la atención de personas sin hogar que requirieran cuidados intensivos tras el alta, "valorando la opción residual de mantenimiento de los mismos en el entorno hospitalario, y proponiendo a este fin la derivación a hospitales para la atención de pacientes crónicos o en estado terminal, cuando la duración prevista de la situación lo hiciera aconsejable".
Con posterioridad, el Defensor apunta que en el expediente de queja de oficio 15/161 sobre saturación de la atención hospitalaria de urgencias, trasladó a la administración sanitaria las recomendaciones realizadas en el estudio conjunto del Defensor del Pueblo del Estado con los defensores autonómicos, sobre 'Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud'.
Entre ellas, añade, se incluyó "elaborar protocolos de atención en los servicios de urgencia de personas en situación de riesgo social que hagan hincapié en la atención de sus problemas de salud y aseguren la continuidad asistencial hasta la recuperación o mejora de sus patologías".
En la respuesta emitida a la resolución del Defensor en este expediente, y por lo que hace a este punto concreto, indica que la administración apunta que "en marzo de 2014 envió un procedimiento para la atención en los servicios de urgencia de este colectivo de pacientes, que ya se ha adaptado en cada hospital, y que apuesta por el reconocimiento de los mismos desde su llegada al servicio y la garantía de su seguimiento clínico y social antes de proceder a su alta".
"Al mismo tiempo --continúa-- nos comunicó que transcurrido un año desde entonces, se está llevando a cabo la evaluación y revisión del mismo con el objeto de incluir las mejoras que se hagan necesarias".
Ante esta situación, y "dado que nuestra preocupación sobre este asunto se mantiene, y desconocemos cómo se ha desarrollado la implantación del procedimiento y los eventuales resultados de la evaluación realizada", la Defensoría apunta que ha decidido investigar esta cuestión a través de un nuevo expediente de queja de oficio, y solicitar el informe previsto en el artículo 18.1 de aquella a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS.
