SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
Manos Limpias ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla en el que expresa su "oposición" a la personación de la Junta de Andalucía en la causa que investiga posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas por considerar que la administración autonómica es "cooperadora necesaria" del sindicato.
En el escrito, consultado por Europa Press, Manos Limpias solicita al magistrado la "expulsión" del Gobierno andaluz del procedimiento por entender que "resulta más que evidente la participación dolosa de la Junta, y a través de sus más altos representantes, en los hechos criminales que se investigan".
Es más, en su opinión, la Junta de Andalucía "debería ser cuando menos imputada como cooperadora necesaria en la comisión de los graves hechos que se investigan", ya que considera que "resulta responsable al menos de una culpa 'in vigilando' y desde luego responsable civil subsidiario ante terceros perjudicados", entre los que cita a las "personas afectadas por los cursos" y al Fondo Social Europeo de la UE "al que se le han defraudado fondos, sin el más mínimo escrúpulo, con el consentimiento de la Junta de Andalucía".
"CON EL ÚNICO FIN DE LAVAR DE SU IMAGEN"
Por último, Manos Limpias alerta al Juzgado sobre la "vinculación genética entre el sindicato UGT y el partido gobernante en la Junta de Andalucía, el PSOE" y rechaza que el Gobierno andaluz pretenda "figurar de forma falsaria" como acusación popular en la causa "con el único fin de lavar su imagen".
El Gobierno andaluz anunció el pasado lunes a través de un comunicado que solicitaría su personación horas como parte perjudicada en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla por un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A, así como en aquellas otras en las que fuera posible.
"De la información disponible se desprende un posible menoscabo de la hacienda pública autonómica", apuntó entonces el Ejecutivo andaluz, que detalló que su personación en la causa persigue ejercer las acciones que procedan para la recuperación del dinero presuntamente defraudado.
