Montero dice que el sistema de inspección "descubre tarde o temprano" los fraudes de fármacos

Actualizado 30/10/2012 16:19:29 CET

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha apelado al "estrecho seguimiento" que llevan a cabo los servicios de Inspección de Farmacia de su departamento en presuntos casos de fraude en la prescripción y/o dispensación de fármacos que se cargan presuntamente a personas a las que luego no van dirigidas para venderse posteriormente en el mercado negro, unos controles de los que ha dicho que "tarde o temprano descubren este tipo de casos".

Montero se ha referido así a la imputación, por parte de la Guardia Civil, de 23 médicos y a la detención de tres farmacéuticos por, al parecer, cargar medicamentos a tarjetas de pensionistas sin su consentimiento, dentro de una operación desarrollada en las localidades malagueñas de Marbella, en San Pedro Alcántara, y de Almargen. La operación, denominada 'Apoteque', ha descubierto un fraude al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a Muface de más de 500.000 euros mediante la dispensación fraudulenta de fármacos de elevado coste.

En declaraciones a Europa Press, Montero ha subrayado al hilo de estos controles que, "ya en diciembre de 2011", la inspección de la Junta notificó a la policía que se despachaba un elevado número de fármacos psicoestimulantes y posteriormente anticancerígenos, que podrían ser usados en el mercado negro para el aumento del rendimiento en los deportistas.

"El servicio de Inspección de Málaga empezó a investigar cuando vimos que el rubifén, un fármaco al que se le tiene un especial celo porque hablamos de un psicoestimulante, por lo que su consumo tiene que estar muy controlado; tenía una variación muy significativa en una de las farmacias investigadas, en relación con la zona y el resto de farmacias andaluzas", ha ahondado Montero.

Por ello, ha aclarado que este caso se puso en conocimiento de la Fiscalía de Málaga y que, tras notificarlo a la policía, desde Salud "normalmente no hacemos públicos estos casos, porque la policía tiene que tener el tiempo y la cautela suficiente para poder hacer sus investigaciones sin levantar sospechas" de los posibles infractores,

"Lo que sí he traslado siempre es que la prescripción farmacéutica está muy controlada y sujeta a todo tipo de inspecciones, por lo que tarde o temprano este tipo de casos se descubren", ha reiterado la titular del ramo, quien ha dicho que los sistema de inspección "permiten seguir muy de cerca de cada una de las desviaciones que se puedan producir sobre gasto farmacéutico o sobre prescripciones a pacientes que no tienen la indicación autorizada".

CASO PUNTUAL

Al hilo de ello, ha aludido a lo "puntual" de este tipo de comportamientos, tras defender que "la inmensa mayoría de nuestros profesionales atienden escrupulosamente las normas de prescripción y tienen un compromiso inequívoco con el sistema público". Con todo, ha aclarado que Salud "siempre se persona como acusación particular en todas las causas que tienen un fraude económico para la administración".

Respecto a la posible implicación de más de una veintena de médicos del SAS, Montero ha puntualizado que si las investigaciones dicen que son cooperadores necesarios "me imagino que es porque la policía no habrá visto una relación directa en la trama, aunque no lo puedo asegurar".

"Desde Salud no se tiene la información del por qué se ha producido la imputación de esos facultativos, aunque nuestros inspectores sí que entrevistaron a los médicos que presuntamente estaban implicados en esta trama, pero no trasladaron ninguna cuestión en relación con si eran personas que necesariamente tuvieran que estar o no implicadas", ha proseguido.

Sea como fuere, ha sostenido a Europa Press que "lo que sí estaba claro es que se utilizaban las recetas e incluso sellos falsificados correspondientes a esos facultativos", si bien ha vuelto a incidir en el hecho de que aún es "prematuro" trasladar "el que exista o no una vinculación de estos médicos con la trama".

"Lo que sí se dice por parte de la policía es que eran colaboradores necesarios por no haber guardado los protocolos básicos establecidos como son la observación del paciente o al menos la revisión de su historial clínico", ha recordado.

Montero ha explicado los fármacos anticancerígeos son también hormonodependientes, de ahí que después puedan tener salida en el mercado negro. "No sabemos si la venta de estos productos hormonodependientes se está produciendo en los gimnasios, o si es el psicoestimulante que en su primer momento trasladamos, el rubifén, el que pueda ser objeto de ello", ha relatado la titular del ramo.

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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