Multa de 308.769 euros a una empresa de Morón por balsas sin licencia en suelos no urbanizables

 

Multa de 308.769 euros a una empresa de Morón por balsas sin licencia en suelos no urbanizables

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Publicado 27/06/2017 13:29:33CET

La resolución de la sanción superaba los 1,2 millones de euros pero se reduce un 75% porque "los hechos pueden ser legalizados"

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), gobernado por Juan Manuel Rodríguez (PSOE), ha resuelto imponer una sanción de 308.769 euros a una empresa, por la construcción entre 2007 y 2015 de varias balsas evaporativas y acumulativas en suelo clasificado como "no urbanizable", sin contar con licencia de obras ni proyecto de actuación aprobado.

En la resolución del expediente sancionador, avanzada por Diario de Morón y recogida por Europa Press, se detalla que el procedimiento parte de las denuncias promovidas en 2015 por Ecologistas en Acción y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, por supuestas infracciones urbanísticas achacadas a la empresa Ángel Camacho Alimentación S.L.

Las infracciones consistirían en "la ejecución de una serie de balsas evaporativas y acumulativas de grandes dimensiones en suelo no urbanizable, incluidas las correspondientes obras de acondicionamiento del terreno o los movimientos de tierra".

La resolución, que da cuenta que el asunto fue elevado a la Fiscalía, pero la misma archivó sus diligencias de investigación, detalla del mismo modo que además del procedimiento sancionador, el Ayuntamiento abrió en 2016 un procedimiento de "protección de la legalidad urbanística", proceso "suspendido al haberse iniciado la legalización de los actos".

La propuesta de resolución del expediente sancionador fue formalizada allá por el pasado mes de enero, suscitando las alegaciones de la empresa afectada por el procedimiento y de Ecologistas en Acción, entidad esta última que había promovido una de las dos denuncias iniciales.

SIN LICENCIA DE OBRAS

La resolución final del procedimiento sancionador, fechada el pasado 24 de mayo y recogida por Europa Press, zanja como "hechos probados" que entre 2007 y 2015, fueron construidas diferentes balsas (serían siete) afectando a "suelo clasificado como no urbanizable", tratándose de instalaciones acometidas "sin la obtención de licencia de obras" y sin contar con "proyecto de actuación" aprobado antes de ejecutar los trabajos. En todos los casos, las actuaciones han sido objeto de "proyectos" de legalización o regularización de los trabajos, extremo aún "en trámite" a día de hoy.

Así, la resolución detecta "una infracción continuada" de las normativas urbanísticas, según la cual la empresa Ángel Camacho Alimentación "ha intervenido en el proceso edificatorio sin licencia ni proyecto de actuación" de las citadas balsas, "resultando responsable de las infracciones, como propietaria y promotora de las obras".

No obstante, la misma resolución expone que dado que la empresa "ha mostrado en todo momento su disposición para la legalización de los actos, así como el elevado importe de la inversión realizada, que redunda directamente en beneficio del municipio, al generar un importante número de empleos, concurren circunstancias atenuantes, por lo que procede aplicar la sanción en la cuantía mínima de la mitad inferior en los actos realizados antes de 2012 y en la cuantía mínima de la mitad superior para los realizados con posterioridad, resultando así un importe proporcionado a la realidad de los hechos ejecutados".

ADMISIÓN DE LAS ALEGACIONES

En ese sentido, el Ayuntamiento ha admitido buena parte de las alegaciones de la empresa sancionada y ha desestimado todas las alegaciones de Ecologistas en Acción, fijando un importe de 1.235.074 euros para el importe de la multa, con relación al valor de las obras ejecutadas.

No obstante, la sanción se reduce finalmente a 308.769 euros, es decir se rebaja un 75 por ciento, merced al contenido de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), porque de la documentación que obra en el expediente "se deduce que los hechos pueden ser legalizados al no resultar disconformes con la ordenación urbanística". La sanción, eso sí, "en ningún caso supone la legalización de las actuaciones".

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