SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha archivado la causa contra el alcalde de Santiponce (Sevilla), José López González (IU), y otras tres personas --una ya fallecida--, al haber prescrito sus delitos toda vez que han transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se dirigió la causa contra los mismos.
El pasado mes de marzo, cabe recordarlo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla ya archivó por el mismo motivo de prescripción de delitos la causa abierta el día 6 de febrero de 2015 por Mercedes Alaya contra 12 imputados --uno ya fallecido-- por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
En cuatro autos distintos fechados el 28 de marzo y a los que ha tenido acceso Europa Press, la instructora archiva la causa contra estas cuatro personas al mismo tiempo que incoa diligencias previas para investigar las ayudas recibidas por el Ayuntamiento de Santiponce, Electrificaciones Roma S.L., Fundiciones Caetano S.A. y Azucareras Reunidas de Jaén S.A..
En relación con el Ayuntamiento de Santiponce, la magistrada incoa las diligencias previas después de que el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil haya presentado en el Juzgado un atestado relativo a la ayuda concedida al Consistorio por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para la II Feria de Muestras y Artesanías.
Tras señalar que los hechos investigados podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, la instructora alude al convenio de colaboración suscrito por la Dirección de Trabajo y el antiguo IFA, en las personas de Francisco Javier Guerrero y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en el que se acuerda conceder una ayuda al Ayuntamiento de 30.050,71 euros.
El pago de la ayuda se efectuó mediante una transferencia bancaria con fecha 18 de febrero de 2003 con cargo a la partida 31L "y se destinó en su totalidad al destino para el que se concedió".
La juez se refiere seguidamente al auto de 9 de marzo en el que la Audiencia Provincial de Sevilla declaró prescritos los delitos de malversación y prevaricación que Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a entidades de la Sierra Norte y dice que en este caso "no existe otra resolución previa que reúna la condición de 'actos de interposición o de dirección judicial contra persona determinada o determinable, de los que pudiera deducirse la voluntad judicial de no renunciar a la persecución y castigo del ilícito'".
La magistrada argumenta que, tratándose de una ayuda inferior a 450.000 euros, "en la cual podemos considerar no resulta de aplicación el subtipo agravado", estableciendo como límite la cuantía para la cual la normativa reguladora de IDEA exigía pasar por la ratificación/aprobación del Consejo Rector, y habiéndose realizado el pago el 18 de febrero de 2015, "hace más de diez años", procede declarar prescritos los delitos de prevaricación y malversación y archivar la causa respecto al alcalde de Santiponce, el interventor municipal Ignacio Herrera y Santiago Pozas Ashton, ya fallecido y que "sería quien tramitó y justificó la ayuda como secretario interventor".
CITA COMO TESTIGO AL ALCALDE
La juez cita a declarar como testigos el día 9 de junio tanto al alcalde como al interventor, llama como investigados a Guerrero y a Antonio Fernández el 7 de junio, y, de conformidad con el artículo 122 del Código Penal, acuerda traer al proceso como responsable civil directo en su condición de partícipe a título lucrativo al Ayuntamiento de Santiponce.
En un segundo auto, la magistrada incoa igualmente diligencias previas y forma una nueva pieza separada tras recibir un atestado de la Guardia Civil por la ayuda de 90.151,81 euros concedida por la Junta a Electrificaciones Roma S.L. mediante un convenio de colaboración suscrito por Guerrero y el ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía, fallecido el pasado mes de enero.
El pago de la ayuda se efectuó mediante transferencia bancaria con fecha 12 de mayo de 2003 con cargo a la partida 31L, dice la juez, que emplea los mismos argumentos que en el caso de la ayuda concedida al Ayuntamiento de Santiponce para declarar prescritos los delitos de prevaricación y malversación y archivar la causa respecto a Luis Arturo Romero Marzal, socio y administrador único de la entidad.
La juez, que también trae el proceso como responsable civil directo en su condición de partícipe a título lucrativo a Electrificaciones Roma, cita a declarar como testigo a Romero Marzal el día 14 de junio, mientras que cita como investigados el día 7 de junio a Guerrero y a los exdirectores de Finanzas del IFA Francisco José Oyonarte y Pablo Millán.
NUEVAS PIEZAS SEPARADAS
En un tercer auto, la magistrada incoa diligencias previas tras un atestado de la Guardia Civil sobre la ayuda sociolaboral concedida a Fundiciones Caetano S.A. a fin de investigar los ERE acometidos en esta empresa durante los años 2004 y 2006, el procedimiento seguido para la solicitud y autorización de los ERE y la contratación por parte de la empresa de dos pólizas de seguro de renta colectiva con las compañías de seguros Personal Life y Fortia Vida y la mediadora Vitalia.
La juez señala que la Guardia Civil ha concluido que Fundiciones Caetano, empresa siderometalúrgica asentada en Camas desde los años 40 del pasado siglo, tuvo que afrontar un traslado de la factoría por dos factores "fundamentales", como fueron la presión urbanística que "acorralaba" la antigua fábrica y el aumento de la demanda de producción motivada por la situación de bonanza económica que se dio a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que "demandaba cada vez más productos que elaboraban en la fábrica y que exigía mayores inversiones, iniciándose gestiones para el cambio de ubicación".
"Todo esto cambió de forma repentina" a mediados del año 2003-2004, cuando la demanda de chatarra, principal materia prima de la empresa, por parte de China, subió repentinamente el precio de la misma, llegando a duplicar su valor, lo que "unido al retraso en la construcción" de la nueva sede de la empresa, "con sobrecoste en su realización", llevó a la empresa a solicitar un ERE para 21 trabajadores en 2004, todo ello "para reducir el gasto salarial, pues los trabajadores que se propone prejubilar tienen un gran peso en el coste total por ese concepto con la intención de recuperar los números positivos".
"NÚMEROS ROJOS"
Esta solución, según indica la juez, "no dio el resultado que se esperaba, por lo que nuevamente en el año 2006, ya en concurso voluntario de acreedores, solicita a través de la administración concursal otro ERE, en este caso para un colectivo de 17 trabajadores, para intentar salir de los números rojos en los cuales estaba inmersa la empresa".
La juez, en relación a Fundiciones Caetano, cita como investigados los días 7 y 9 de junio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, y al extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Por último, la magistrada ha dictado un cuarto auto en el que incoa diligencias previas en relación a la ayuda sociolaboral concedida a Azucareras Reunidas de Jaén para investigar el ERE acometido en la empresa en el año 2006, el procedimiento seguido para la solicitud y autorización del ERE, y la contratación por parte de la sociedad de una póliza de seguros de renta colectiva con la compañía de seguros Banco Vitalicio y la mediadora Vitalia.
