La sesión se celebrará el 2 de abril a petición de Sí Se Puede, el PA y el edil no adscrito, con el apoyo del Grupo socialista
SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) han promovido la convocatoria de un pleno extraordinario fijado para el 2 de abril, para debatir "las acciones a llevar a cabo como consecuencia de las resoluciones dictadas" en la investigación judicial relativa a las adjudicaciones a la sociedad Guerra 21 y otras empresas ligadas a ella, una causa en la que ha prestado declaración como investigado el alcalde del municipio y senador popular, José Luis Sanz.
En concreto, y según la documentación recogida por Europa Press, esta convocatoria de pleno extraordinario está promovida por los concejales de Sí Se Puede Tomares y del PA junto con el concejal no adscrito escindido de Ciudadanos, toda vez que también firman la petición de sesión plenaria dos concejalas del Grupo socialista.
El orden del día de este pleno extraordinario promovido por Sí Se Puede, el PA y el concejal no adscrito con el apoyo del PSOE tiene como punto único una "dación de cuentas de las acciones a llevar a cabo como consecuencia de las resoluciones dictadas en relación al caso Tomares". Merced a dicha petición, de hecho, el Ayuntamiento ha convocado ya la sesión para las 10,00 horas del 2 de abril, según un documento oficial recogido por Europa Press.
Dicha sesión plenaria se celebrará así después de que el alcalde y senador popular haya comparecido este pasado lunes como investigado ante el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, por las adjudicaciones del Ayuntamiento a la sociedad Guerra 21 y otras empresas ligadas a ella.
Tras prestar declaración, José Luis Sanz recordaba el carácter voluntario de su comparecencia, pues como senador sólo puede ser investigado por el Tribunal Supremo, asegurando que se daba "un paso más para el archivo definitivo del caso". Y frente al escrito emitido el pasado verano por la Fiscalía, según la cual las citadas adjudicaciones fueron "objetivamente contrarias a derecho" y eludieron "groseramente todo procedimiento legal", el primer edil manifestaba que cuenta con "informes jurídicos" que avalan que las adjudicaciones fueron formalizadas "conforme a la Ley".
LOS CONTRATOS DE GUERRA 21
Estas diligencias judiciales se encuadran en el testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción número ocho, respecto a la investigación inicial de las retribuciones del Ayuntamiento de Tomares al popular Juan Campos, por unos breves informes cuando aún no formaba parte del Gobierno municipal.
Aquella investigación inicial, que incluyó a varios miembros del Gobierno municipal del PP, fue archivada por la juez instructora a comienzos de agosto de 2017, toda vez que en 2015, el Tribunal Supremo había archivado ya las actuaciones respecto a José Luis Sanz al no apreciar delito alguno por parte del alcalde tomareño en los hechos indagados.
Pero durante la instrucción de dichas diligencias, la juez había deducido testimonio e incoado una nueva causa, con relación a las contrataciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la empresa Guerra 21, al atisbar un posible delito.
Estas nuevas diligencias, separadas de la causa inicial, se centran en la presunta creación de "un entramado empresarial desde 2007 hasta 2014", para que ciertas empresas supuestamente ligadas a Américo García, José Candón y María del Carmen Guerra fuesen las "únicas adjudicatarias" de "determinados contratos de servicios del Ayuntamiento, contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Consistorio, a sabiendas todos ellos de que en las adjudicaciones se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legal o a desvirtuarlo en algún caso, fingiendo una concurrencia puramente virtual".
EL ESCRITO DE LA FISCALÍA
Tal es la tesis expuesta por la Fiscalía en su escrito del pasado 14 de julio de 2017, según el cual "las resoluciones o contratos, cuando los hubo, eran objetivamente contrarias a derecho, sobre todo por eludir groseramente todo procedimiento legal, realizando adjudicaciones directas donde la Ley no lo permite, aunque también por fraccionar contratos por importes inferiores, pretendiendo evitar el procedimiento adecuado en función de la cuantía originaria, vulnerando la Ley de Contratos del Estado o incluso fingiendo una concurrencia que no es tal".
El Ministerio Público, en ese sentido, apreciaba en los hechos un posible delito continuado de prevaricación administrativa, toda vez que en las diligencias estarían investigados, principalmente, los administradores de la sociedad Guerra 21; el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; el otrora edil responsable de Hacienda y actual delegado municipal de Juventud, Deportes y Comercio, José María Soriano; el actual concejal de Hacienda, Miguel García de la Rosa; la entonces concejal del PP Mercedes Fuentes; el concejal andalucista Alberto Mercado, quien cogobernó con el PP en el mandato 2007/2011; y la exalcaldesa socialista de Tomares Antonia Hierro.
En cualquier caso, en su escrito la Fiscalía pormenorizaba quiénes firmaron cada uno de los contratos o resoluciones indagadas, atribuyendo al propio alcalde de Tomares la adjudicación de diversos contratos o prórrogas de los mismos sin expediente previo ni "antecedentes administrativos", señalando los "indicios" que pesan en su contra y recordando su aforamiento por su condición de senador.
Sanz, no obstante, defiende que las adjudicaciones contaron "siempre con el visto bueno de los más de diez funcionarios públicos que a lo largo de estos años han participado" en los procedimientos administrativos que sostienen cada una de las adjudicaciones, defendiendo además que cuenta con "informes jurídicos" que avalan estas contrataciones. Por eso, confía en que estas diligencias sean también archivadas.
