Los padres de un encarcelado por el desalojo de la Macarena temen que le mantengan en prisión "hasta el juicio"

Protesta por el conflicto judicial de la Macarena
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Publicado 06/04/2018 18:46:52CET

Muestran su "indignación" ante la decisión del juez de no acceder a poner en libertar a estas personas en prisión desde febrero

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los padres de una de las seis personas que permanecen en prisión provisional desde el 16 de febrero por los altercados acontecidos durante el desalojo policial de un episodio de ocupación promovido en las viviendas de nueva planta construidas en la calle Macarena, en el casco histórico de la capital andaluza, han mostrado este viernes su "indignación" ante el tiempo transcurrido sin que las autoridades judiciales liberen a su hijo. A su entender, el juez instructor del caso parece tener "la voluntad de que estén en prisión hasta que se celebre el juicio", cuando la prisión provisional es una "medida excepcional".

Los padres de este joven estudiante de 20 años de edad han visitado este viernes la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, para recabar el apoyo de esta institución ante la "desproporcionada" medida que a su juicio pesa sobre su hijo y los restantes encarcelados por los citados incidentes.

Las viviendas ocupadas, todas ellas de renta libre, han sido construidas en la parcela de la calle Macarena que otrora acogiese el centro ocupa Casas Viejas, icono del movimiento ocupa de Sevilla y desalojado allá por 2007. El episodio de ocupación habría comenzando a mediados de febrero con una primera pernocta protagonizada por unas 25 personas, que se instalaron en estas viviendas con "colchones y mantas".

Pero la mañana posterior a la ocupación, la Policía Nacional desplegó un dispositivo para el desalojo que, según informaban a Europa Press fuentes policiales, fue plenamente consumado y se saldó con la detención de seis personas relacionadas con este episodio de ocupación.

Y es que el desalojo habría incluido incidentes entre los agentes y los protagonistas de la ocupación, dado que mientras desde el colectivo de defensa del derecho a la vivienda Corrala Dignidad señalaban que los agentes habían "cargado con fuerza" y "dado porrazos" a los activistas, la Policía Nacional confirmaba que fruto de la intervención, resultaron "lesionados" varios miembros del colectivo ocupa y efectivos policiales.

MEDIDA "DESPROPORCIONADA"

Después de que el Juzgado de Instrucción número cuatro ordenase el ingreso en prisión provisional de los seis detenidos, hasta el momento no ha prosperado ninguna de las acciones legales de la defensa de los mismos, en demanda de su puesta en libertad. La defensa de estas personas, en ese sentido, insiste en que la privación de libertad supone una medida "desproporcionada" no sólo respecto a los hechos atribuidos a los detenidos, sino además con relación a las penas estipuladas para este tipo de delitos.

El caso es que en el marco de su visita a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, los padres de uno de estas seis personas, concretamente un estudiante de 20 años de edad, han mostrado su "indignación" ante la decisión del juez de "mantenerles en prisión provisional", cuando ya han transcurrido casi dos meses desde el ingreso de estas personas.

"La prisión provisional es una medida excepcional ante un delito grave", han manifestado los padres de este joven de 20 años, insistiendo en que resulta "desproporcionado" que estas personas continúen en prisión provisional. Máxime cuando en el caso de su hijo, por ejemplo, "no hay riesgo de fuga porque tiene arraigo y su historial académico, no hay pruebas que destruir ni puede haber reincidencia en el delito".

A su entender, parece que el juez instructor tiene "la voluntad de que estén en prisión hasta que se celebre el juicio", un "aviso a navegantes y una medida represiva para coartar a los movimientos sociales" que reclaman el derecho a una vivienda digna, según estas declaraciones recogidas por Europa Press.

En cualquier caso, la defensa de estos activistas a los que se atribuyen presuntos delitos de "coacciones, daños, lesiones, atentados, usurpación y desórdenes públicos", prepara ya un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, en demanda de la libertad de estas personas. "No hay entidad ni motivo suficiente para mantenerles en prisión provisional", enfatizan.