Parlamento-PP exigirá hoy a Gutiérrez que retire la orden de VPO al ser una "chapuza normativa" y ofrece colaboración

Actualizado 01/02/2006 7:11:40 CET

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP exigirá hoy a la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, durante su comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras del Parlamento, que retire la orden publicada la semana pasada en la que se regula la compra-venta de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), al entender que es una "chapuza normativa" que "atenta" contra el patrimonio de muchas familias.

El portavoz de Infraestructuras del PP-A, Jorge Ramos Aznar, manifestó, en declaraciones a Europa Press, que dicha orden ha sido un "parche" más de los que suele hacer la Consejería de Obras Públicas y Transportes en relación con la situación de la vivienda en Andalucía, como ya se puso de manifiesto con la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística a través de la Ley de vivienda protegida y suelo.

En su opinión, es necesario que la Junta corrija la "chapuza normativa" que supone esa nueva orden y, ante todo, elimine el carácter retroactivo de la misma, mientras señaló que la administración tiene toda la colaboración del PP "para hacer un desarrollo normativo que permita luchar contra la especulación en el ámbito de la vivienda protegida y que no atente contra la situación patrimonial de las familias".

Añadió que la orden de la Junta, tal y como está planteada en este momento, "no es de recibo porque afecta a la situación económica de las familias el hecho de que tenga un carácter retroactivo".

Ramos Aznar consideró que da la impresión de que la Junta, antes que luchar contra el fraude en la vivienda protegida, tiene la intención de apropiarse de unas plusvalías que corresponden a las familias y no a la administración".

Indicó que la Junta parte de un "supuesto falso, consistente en que habla de que se han dado viviendas a una serie de personas, cuando realmente no es cierto, ya que han sido compradas y, tan sólo en algunas excepciones, han tenido algún tipo de ayuda económica para adquirirla, que no va más allá del 10 por ciento del precio de compra de la vivienda".

El portavoz popular recalcó que "intentar apropiarse del cien por cien del incremento del precio de la vivienda es injusto y es una forma de apropiación patrimonial de algo que corresponde a la familia".

Asimismo, manifestó que dicha orden pone en "cuestión asuntos que requieren de una clarificación concreta, como es la imposibilidad de negarle el progreso a las familias, en el sentido de que puedan optar a una mejor vivienda porque haya mejorado su situación económica o tengan necesidad de acceder a una vivienda más grande al haber aumentado sus integrantes".

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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