SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves, con los votos en contra del PSOE-A, Podemos, Ciudadanos (C's) e IULV-CA, instar al Consejo de Gobierno andaluz a promover un acuerdo para revisar el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona forestal de Doñana que tenga como objetivo dotar de seguridad jurídica y continuidad las 9.340 hectáreas afectadas.
Así se recoge en una proposición no de Ley (PNL) del PP-A que ha sido aprobada de manera parcial en dos de los cinco puntos que contenía pues también se ha rechazado, por parte de los mismos partidos, iniciar dicha revisión y actualización del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan, cuya creación está prevista en el artículo 4 del Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente este plan y en el artículo 8 de las normas del mismo.
Sí ha sido aprobado por unanimidad que la Junta incluya como participantes de pleno derecho en esta comisión de seguimiento y ejecución del plan a los representantes del sector agrícola, plataformas ciudadanas, a la Plataforma para la Defensa de los Regadíos del Condado, y a los agentes sociales, ambientales y económicos interesados en participar.
De la misma manera, la Cámara ha rechazado, con los votos en contra del PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y la abstención de C's, habilitar a dicha comisión de seguimiento para delimitar el ámbito de actuación, conocer e informar de los contenidos de la actualización y revisión del Plan Especial, así como las alegaciones que actualmente se encuentran en fase de resolución o las que se produzcan como consecuencia de la información pública y audiencia de la revisión y actualización del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana.
Por último, y por una enmienda 'in voce' de Podemos que ha sido aceptada por el PP-A y aprobada por unanimidad de todos los grupos, se insta a la Junta a agilizar la resolución de las alegaciones presentadas por los agricultores para dotar de seguridad jurídica a las parcelas que cumplen los requisitos legales.
En defensa de la iniciativa, el parlamentario del PP Manuel Andrés González ha recordado que desde diciembre del 2014, está aprobado de manera definitiva el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, tras siete años de tramitación, y que ha provocado "malestar y descontento del sector por la más que posible desaparición del 30 por ciento de la superficie actual de cultivo, ya que deja fuera de ordenación más de 1.500 hectáreas que generan 40.000 empleos en la provincia de Huelva".
Esto supone, según González, que "una de cada tres explotaciones del Condado de Huelva actualmente no tienen asegurada su continuidad", por lo que pide que la Junta revise los casos de los regantes que "han quedado excluidos" del Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana.
A su juicio del parlamentario del PP-A, "el actual plan genera incertidumbres en un sector que es vital para el futuro de la economía de la provincia de Huelva y limita el desarrollo económico y social del entorno de Doñana".
Desde el PP-A defienden que "estamos en uno de esos momentos críticos que exige un proceso de reflexión y revisión para garantizar que el Plan Especial de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana contribuya a dotar de seguridad jurídica a las 9.340 hectáreas catalogadas como regadíos por la Junta de Andalucía, tal y como solicita la Plataforma para la Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, asegurando el futuro del sector en el entorno de Doñana y, por consiguiente, el desarrollo socioeconómico de la zona y la provincia".
PSOE-A: "EL PP-A PRETENDE ARAÑAR VOTOS"
Por el PSOE-A, Francisco Javier Fernández ha manifestado que el PP-A, con esta iniciativa, "pretende enfrentar a los agricultores con el resto de fuerzas políticas" y que su exposición "parece un mitin" con el que pretenden "arañar un puñado de votos". Además, le ha reprochado a los populares que "mil veces han prometido el trasvase pero no llega" y que pongan como excusa que el Gobierno está en funciones, "más que en funciones está en defunciones", ha agregado.
El Plan es, según ha indicado el socialista, "una herramienta que garantiza la seguridad jurídica a toda la producción agrícola en la que actúa, el 79 por ciento de las hectáreas las tienen garantizadas" y ahora "vamos a trabajar por el 30 por ciento restante", sobre las que asegura que ya se trabajan y siempre y cuando "cumplan y respeten la ley". "El verdadero problema es la falta de agua, que no llega a Doñana, y no este debate con el que el PP-A entretiene a los agricultores", ha apostillado.
De su lado, la diputada de Podemos Mercedes Barranco ha sostenido que el Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana "es una buena herramienta" que nació de "un amplio consenso" aunque a la hora de aplicarlo, a la Junta "le temblaron los pies" ante ciertas "presiones". Cree así que "revisar el plan y empezar de cero supondría que agricultores que tienen su parcela en el plan estarían en desigualdad frente a agricultores que no hicieron las cosas bien", por lo que ha rechazado "aministías" de ningún tipo.
Julio Díaz, parlamentario de Ciudadanos (C's) ha señalado que el PP-A, al rechazar las enmiendas de su grupo, demuestra que está "en clave electoralista", mientras ha defendido la necesidad de "rescatar de la confrontación estéril" esta cuestión que afecta a Huelva, concretamente a infraestructuras esenciales para su desarrollo. Entiende esta situación se debe "reconducir" con diálogo y responsabilidad, así como exigir a otras administraciones "que cumplan con lo prometido".
Por último, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro, que ha considerado que la propuesta del PP-A viene "cargada de demagogia", ha rechazado que deba "reabrirse" este plan, que logró un "delicado consenso", y que hay que abordarlo desde una perspectiva de "conjunto, integrada y territorial". En su opinión, "respondiendo a intereses que expresan los agricultores, esta proposición no de ley elimina esa perspectiva territorial, porque solo se sitúa en uno de los aspectos que contempla el plan", que, ha advertido, no está en marcha como debiera y que éste debería ser el debate.
